Por Cecilia Toledo, para InfoNews
La denuncia de un ex alumno del Colegio Marianista de Caballito, que aseguró haber sido abusado por un religioso durante un viaje a Córdoba, encendió la alarma. En los últimos 50 años hubo 9 mil denuncias y se estima que los casos deben ser “cinco o seis veces más”. Ocultamiento, silencio y protección de los abusadores es la actitud que ha tomado la institución.
Un ex docente del Colegio Marianista de Caballito comenzará a ser juzgado por dos presuntos casos de abuso sexual en esa institución católica, sucedidos en 1989. Los denunciantes, Sebastián Cuattromo, junto a otro compañero que reserva su identidad, tienen hoy 36 años. Pero eran menores de 13 cuando fueron sometidos a los abusos cometidos por Fernando Enrique Picciochi, durante un viaje de verano.
El caso Cuattromo no es el primero de abuso sexual cometido por un integrante del clero; pero deja entrever los procedimientos eclesiales para mantener silenciadas a las víctimas y proteger a los victimarios.
“En el 2000 presenté una demanda civil contra la institución escolar, que asumió en un documento su responsabilidad. Los afectados recibimos una reparación económica y a cambio intentaron incluir una cláusula de confidencialidad para que no hablemos”, relató Cuattromo. Con el tiempo, el afectado logró impugnar esa disposición y sacó a la luz su caso; momento en el que fue amenazado por la escuela con el inicio de un juicio por daños y perjuicios.
Otro elemento que le permite a Sebastián presumir complicidad y ocultamiento por parte de las autoridades eclesiales, son algunos de los errores cometidos durante el desarrollo de la causa.
“Después de estar cuatro años prófugo, la búsqueda de Picciochi en los EEUU -destino en el que se alojó gracias a algunos contactos- no había comenzado porque el juzgado se demoraba en completar un formulario”. En este marco de trabas y dificultades, fue el propio Sebastián el que se puso la causa al hombro y peleó para que su denuncia continuara el curso legal correspondiente.
Los casos de abuso a menores cometidos por representantes del clero a nivel mundial y en los últimos 50 años ascienden a 9.000, sin tener en cuenta todos aquellos episodios en los que las víctimas no se animaron a denunciar, que se estima deben ser “cinco o seis veces más”. En Argentina, la cantidad de denuncias por abusos sexuales por parte de religiosos de la Iglesia Católica llegan "al menos a 32”, según Jorge Llistosella, autor del libro "Abusos Sexuales en la Iglesia Católica".
Frente a estos episodios, “la Iglesia ha tenido la actitud sistemática de ocultarlos”, manifestó el escritor a este medio. Y la estrategia de silenciamiento se genera a través de dos dispositivos: evitar las denuncias y encubrir al abusador. En el primer caso, y a los fines de no posibilitar el conocimiento público de los casos, la Iglesia apela a su autoridad para persuadir a los afectados y convencerlos de que no es conveniente radicar ninguna acusación.
En cuanto a los abusadores, la actitud eclesial ha consistido en
“enviarlos a otras parroquias donde se encuentran con un nuevo grupo de fieles. De este modo se repite en el próximo destino, lo que el religioso había hecho antes”, describió Llistosella.
El periodista, que se encargó de investigar el tema en profundidad, se refirió además a la gravedad de que el delito sexual sea cometido por un religioso católico, ya que para sus fieles esa figura “representa la palabra de Dios”. En este punto recordó el relato hecho en un programa de televisión norteamericano, por Leslie Lothstein, un psicólogo que trabaja con religiosos pederastas de diversos credos.
“Contaba Lothstein que la diferencia entre un abuso cometido por un sacerdote católico y un rabino, o un ministro protestante o indú, es que la Iglesia Católica presenta al sacerdote como el portador de la palabra de Dios, entonces las víctimas de abusos aseguran haber perdido el alma, se sienten abusadas por el propio Dios; sensación que no se genera cuando el victimario pertenece a otra religión”, comentó el autor del libro Abusos Sexuales en la Iglesia Católica.
Como era de preveer, y al ser consultado por este medio, el Padre Eduardo Lorenzo, a cargo de la Inmaculada Madre de Dios en La Plata consideró que “la Iglesia, en estos casos de abuso, tiene la postura de seguirlos hasta las últimas consecuencias e inclusive, colabora con la Justicia penal”.
En sintonía con lo antes dicho, Lorenzo sostuvo que la institución a la que pertenece "no tiene por objetivo ocultar nada” al considerar que quien cometió una aberración de ese tipo “debe ir preso, porque se trata de un delito”.
Lo que sucede, a la vista del propio cura, es que como el hecho ocurrió al interior de la iglesia
“tiene mayor resonancia y se utiliza para pegarle” a la institución religiosa. Aunque aclaró:
“Es como mandar a un zorro a cuidar un gallinero”, en referencia a que los episodios de abuso fueron cometidos por un religioso que trabajaba con chicos.
Una de las características más importantes en todo episodio de abuso es la asimetría de poder que existe entre el abusador y la víctima. Esa condición posibilita que el victimario presione al menor para que no hable sobre lo que está sucediendo.
“En los casos religiosos, el victimario es una persona que ejerce poder desde lo espiritual: se supone que cuida, guía y protege al menor; no que el niño se debe proteger de él”, explicó Nancy Bustamante, psicóloga de La Casa del Encuentro, que trabaja con personas víctimas de violencia.
En referencia al caso Cuattromo, Nancy dejó en claro que esa asimetría estaba marcada, y el representante Marianista se aprovechó de ella. “Picciochi estaba haciendo ejercicio de su poder, chantajeaba a las víctimas. Los amenazaba con armar un informe sobre la conducta de los alumnos, cuando la expulsión parecía inminente. Abusó de su figura de autoridad” para mantenerlos en silencio, explicó Bustamante.
Y Sebastián también se refirió a ello: “Estábamos bajo amenaza de expulsión, y a esa edad nos parecía que quedar fuera de la escuela era lo peor que nos podía pasar en la vida, y él se aprovechaba de eso, decía que si nos portábamos bien iba a hacer un informe de conducta bueno. Es un chantaje explícito”.
En este contexto, la licenciada Bustamante se refirió a la verticalidad eclesial: “Cuanto más cerradas son las instituciones, más impenetrable es su estructura de poder; y el niño queda con la sensación de que nadie la va a creer porque la verdad” corresponde al mundo de los religiosos, de los adultos.
De este modo sea hace necesario “romper la cadena de silencio” y sacar esos episodios a la luz. Pero todo se hace cuesta arriba cuando las instituciones tienen el poder de proteger a los agresores y es “la víctima quien debe demostrar el delito, y no el victimario quien deba comprobar que no cometió ningún abuso”; tal como sucedió en el caso Cuattromo, donde Sebastián debió mover cielo y tierra para que su causa llegue a juicio.
“Sebastián tardó diez años en encontrar a su abusador y la causa lleva otros diez años de trámites”, precisó Cintia Amedei, una de las abogadas que asiste desde la Comisión de Derecho Penal Juvenil de la UBA, al propio Sebastián.
Amedei, que está en contacto permanente con personas víctimas de abuso, recordó que los delitos sexuales suceden tanto al interior de la Iglesia como en la sociedad civil, pero la gravedad de los episodios desatados en el clero es que la institución
“trata de taparlos”. Entonces,
“da qué pensar. Si tantos casos han ido saliendo a la luz, ¿Cuántos más habrán sucedido que no se denuncian?”
Más allá de que los actos perversos suceden en diversas instituciones, lo que agrava estos casos son “las respuestas institucionales corporativas” que ha brindado la Iglesia ante estos episodios, advirtió Xavier Oñativia, especialista en psicología forense y director de los seminarios de victimología en la Universidad de La Plata.
Con las reacciones corporativas, lo que se hace es “ocultar los episodios de abuso y revictimizar a las víctimas. Que el episodio de pederasta haya ocurrido es un gran problema, pero peor es que es situación no tramite su curso legal correspondiente”, analizó Oñativia.
Históricamente, la institución eclesial ha priorizado “su propia imagen por encima del estado de las personas afectadas. Con las respuestas corporativas se cuida a la institución y no a las víctimas”, precisó el psicólogo. En este marco, cobra gran importancia la difusión de los hechos, porque con “el reconocimiento llega la reparación”. Y es esa misma ecuación la que lo impulsa a Sebastián Cuattromo en su reclamo de Justicia. “Yo quiero que mi caso sirva al colectivo, a la sociedad, que estás situaciones se conozcan, salgan a la luz”.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner retomó sus actividades con un acto de homenaje a Antonio "El Gaucho" Rivero, un peón de campo rioplatense que lideró en 1833 un alzamiento contra la ocupación británica de las Islas Malvinas y tras arriar la bandera británica enarboló una improvisada enseña argentina.
