EL JUEZ PABLO PULLEN LLERMANOS DISPUSO QUE LA DIRIGENTE SOCIAL CUMPLA ARRESTO DOMICILIARIO, PERO NO EN SU CASA. ADEMÁS, ORDENÓ QUE SEA CUSTODIADA POR POLICÍAS Y GENDARMES E IMPUSO RESTRICCIONES EN SUS VISITAS. LA DECISIÓN INCUMPLE LA DISPOSICIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS QUE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DIJO QUE DEBE SER ACATADA.
"Estoy muy consternada porque han violado una vez más la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Suprema, que decía que me tenían que dar la domiciliaria en mi lugar de residencia", lamentó la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, que desde el 16 de enero de 2016 está privada de su libertad, y calificó el traslado del Penal de Alto Comedero al inmueble de la localidad de El Carmen como el paso "de una cárcel a otra cárcel".
"Me volvieron a traer a la cárcel que armó (el juez Pablo) Pullen Llermanos", denunció Milagro y describió que tiene "más restricciones que en la propia cárcel", debido al operativo de seguridad y las restricciones de visitas dispuestas por el magistrado jujeño, como ya lo había hecho a fines de agosto. En ese tono, criticó a la presidenta del Superior Tribunal de Jujuy, Clara de Langhe de Falcone, al sostener que "parece que (el gobernador fascista de Jujuy) Gerardo Morales o Pullen Llermanos son los presidentes del tribunal".
"Es una vergüenza lo que está haciendo la Justicia de Jujuy", insistió la líder social, en declaraciones a La García, y expresó su preocupación por la continuidad en el Penal de Alto Comedero de sus compañeras de la Tupac Amaru. "Las compañeras se quedaron allá. Shakira está internada, Graciela no está nada bien de salud y Gladys Díaz también está bastante enferma", describió.
La Justicia jujeña dispuso ayer a la mañana el traslado de la líder de la Tupac Amaru a la vivienda de la localidad de El Carmen, adonde había cumplido prisión domiciliaria durante un mes. La defensa de la dirigente denunció que la medida, que incluye el monitoreo electrónico y las restricciones de visitas, “desobedece” las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la Corte Suprema argentina, que ordenaron que sea trasladada a su vivienda habitual ubicada en la localidad de Cuyaya.
La decisión fue tomada por Pullen Llermanos, 23 días después de que la Corte Interamericana le ordenara a la Justicia provincial sacar a la dirigente del penal de Alto Comedero porque allí corría “riesgo de vida”. Esta resolución, que fue respaldada el 6 de diciembre pasado por el máximo tribunal argentino, indicaba que "el Estado debe sustituir la prisión preventiva” por “la medida alternativa de arresto domiciliario, que deberá llevarse a cabo en su residencia o lugar donde habitualmente vive".
Sin embargo, la medida dictada esta mañana por Pullén Llermanos dispuso que Sala sea llevada a la vivienda de El Carmen, cerca del dique La Ciénaga, en una casa que no es su domicilio particular y con una custodia y restricciones similares a las carcelarias. Este es el motivo por el cual la defensa sostiene que “el Estado nacional continúa incumpliendo la medida provisional de la CIDH y la Corte Suprema”.
“La resolución de Pullen Llermanos muestra a un juez que no entiende cuál es su competencia y que tampoco comprende cuál es la estructura del derecho" porque él "no debe interpretar lo que le fue ordenado" sino que "tiene que limitarse a aplicar las disposiciones de los tribunales superiores", explicó Marcos Aldazabal, del equipo de defensa de la diputada del Parlasur. "Es un error muy burdo por parte de un juez y esto no tiene precedentes en el estado de derecho”, agregó.
Sala estuvo en La Ciénaga desde el 31 de agosto hasta el 26 de septiembre, cuando la Cámara de Apelaciones jujeña le revocó el beneficio. La casa había sido vandalizada y entonces debió ser acondicionada en pocos días debido a las malas condiciones en que se encontraba. En ese momento se montó allí un desmedido operativo de seguridad en las afueras de la casa, integrado por agentes de Gendarmería nacional y de la policía local en sendos puestos de vigilancia que sobrepasaban la altura de los muros que resguardan la privacidad de la vivienda.
En tanto, Luis Paz, uno de los abogados de Sala, remarcó también que no solamente el Estado argentino está yendo a contramano de lo dispuesto por los organismos internacionales, sino que también “la Justicia de Jujuy está muy cuestionada”. Por esta razón, no descartó que se le pueda iniciar un juicio político a Pullen Llermanos por el “incumplimento” a las disposiciones internacionales y locales.
En el mismo sentido agregó que “la ampliación del Superior Tribunal de Justicia con diputados radicales produce un disciplinamiento de ese poder del Estado, lo cual hace que cualquiera de los jueces pueda ser sujeto a juicio político como lo prevé la Constitución”. No obstante, reconoció que ello “seguramente no” sería posible en esa provincia.
A través de un comunicado, la organización Tupac Amaru afirmó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había comunicado a la Corte que “los jueces de primera instancia (jujeños) decretaron la detención domiciliaria, ordenaron una serie de condiciones especiales y excepcionales que incumplieron las medidas cautelares, tales como un régimen de vigilancia extremo, permanente e intrusivo, que fue instalado en la vivienda de la señora Sala y que incluye las 'reglas de conducta' que le fueron impuestas, que lejos de cumplir con el propósito de las medidas cautelares profundizó y agravó el riesgo para su salud mental”.
Además, la organización barrial denunció que "lo que estamos viendo que sucede en Jujuy es de una gravedad institucional sin límites” y advirtieron que la nueva decisión de Pullen Llermanos, tomada "al filo del vencimiento dispuesto por la Corte IDH que ordenó al estado nacional que informe el 15 de diciembre las medidas implementadas para dar cumplimiento a su resolución, no hacen más que mostrar el ensañamiento que tienen en contra de Milagro Sala”.
