Además de pasar a la órbita porteña el servicio, la Ley aprobada anoche establece herramientas de financiamiento, condiciones para la realización de medidas de fuerza por parte de los trabajadores y señala que las tarifas deberán ser "justas y razonables", entre otros puntos.
El traspaso de los subtes a la administración de la Ciudad de Buenos Aires, además de dar por terminado un conflicto que estaba por cumplir un año, traerá aparejadas algunas modificaciones en el servicio.
La ley votada anoche, que entrará en vigencia a partir del 1° de enero, es bastante diferente al proyecto enviado por el macrismo a la Legislatura. La presión ejercida por los legisladores opositores y por los metrodelegados en comisiones y reuniones produjeron algunos cambios.
Entre otros, lograron frenar puntos cuestionados de la iniciativa del PRO, como la cláusula que proponía la declaración de “servicio público esencial” al subte. Esta propuesta, uno de los motivos por los cuales los metrodelegados calificaron a la ley como "antiobrera", restringía la posibilidad de los trabajadores a cumplir una huelga y penalizaba la interferencia de la circulación de las formaciones.
También fue eliminado el artículo que obligaba a los trabajadores del subte a brindar en un 60 por ciento el servicio cuando esté en curso un conflicto colectivo de trabajo que derive en huelga del personal, aunque se mantuvo el que indica que los empleados deberán comunicar con dos días de anticipación las medidas de fuerza que tienen pensado llevar adelante.
La oposición logró, además, que se reduzca de cinco a dos años el tiempo establecido por el PRO para declarar al subte en situación de emergencia, que permite al jefe de Gobierno realizar acciones, como llamado a licitaciones o arreglos en la red de transporte, sin necesidad de contar con la aprobación de la Legislatura.
Auditoría: La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá realizar, en un plazo máximo de 120 días corridos a partir de la entrada en vigencia de la Ley y prorrogables por 60 días corridos, una auditoria integral sobre el estado de cumplimiento del contrato de concesión de los últimos tres ejercicios. En ese sentido, deberá elaborar un Proyecto de recursos humanos y patrimoniales, un Proyecto de auditoria legal, contable y financiera de los últimos tres ejercicios, un Proyecto de obras e infraestructura y un Proyecto de gestión de calidad del servicio.
Financiamiento: Otro de los apartados que el macrismo tuvo que retirar para poder contar con un mayor consenso (ya que era uno de los motivos principales por los que estaba trabada la votación) fue la aplicación de un impuesto a las naftas como una de las fuentes de financiamiento del nuevo servicio, una propuesta similar a la que aplica el gobernador de Córdoba, José Manuel De la Chota, que es muy cuestionada por el Gobierno Nacional.
En cambio, esa diferencia quedará cubierta con un aumento en la alícuota en general del impuesto al sello del 0,8 al 1 por ciento; en tanto que la tasa de las operaciones financieras iría de 1 al 1,2 por ciento y de las transacciones inmobiliarias del 2,5 al 3,6 por ciento. Para los autos usados, será de 1,5% a 3%, mientras que para los 0 km queda igual que como fue creada la semana pasada mediante la ley tarifaria: 1%. El gobierno porteño espera recaudar, con estas tasas, unos 600 millones de pesos.
Lo que sí acordaron los legisladores fue la creación de un "Fondo Subte" para financiar la red, que se conformará con la suba de un 10 por ciento en los valores de los peajes de las autopistas porteñas y de hasta un 5 por ciento en el pago de patentes a dueños de autos de alta gama.
Además, fue incluida una reformulación de la cláusula de endeudamiento por parte del Estado porteño, que habilita a la emisión de un bono por 300 millones de dólares que serán destinados al financiamiento de inversiones, gastos operativos y gastos no operativos del sistema de subterráneos de la Ciudad.
También se dispuso la creación del Fideicomiso de Recuperación, Mantenimiento y Expansión del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo de la CABA (Fideicomiso SBASE), que tendrá por objeto exclusivo solventar los gastos corrientes de mantenimiento y explotación y las obras de desarrollo, mejora y expansión del SUBTE y durará 30 años.
Tarifas: Según el texto de la ley, el subte será prestado a tarifas justas y razonables y resaltas la diferencia entre la "tarifa técnica", que refleja los costos de la explotación del subte y será establecida por SBASE (autoridad de aplicación) y la "tarifa al usuario", que será la que efectivamente pague por el subte, excluido el usuario de tarifa de interés social.
La norma establece que la Autoridad de Aplicación podrá subsidiar la tarifa a las personas que tengan limitaciones físicas que impliquen una barrera de acceso al servicio o un uso más oneroso del mismo, como así también a jubilados y/o pensionados, sin perjuicio de las disposiciones aplicables en la materia y que en ese caso el subsidio se financiaría con recursos del Fondo Subte.
Las tarifas, indica el texto, deberán ser revisadas anualmente y para poder ser incrementadas habrá que realizar previamente una audiencia pública, a la que deberán concurrir los prestadores del subte, las asociaciones de usuarios y consumidores y las asociaciones gremiales.
Básicamente, lo que cambia con el traspaso, es que ahora, el subte, estará en manos de una runfla de vagos inoperantes.
Luego de los hechos vandálicos que se registraron en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires y en Rosario (donde el saldo fue de dos muertos), las pistas de los saqueos que sacudieron a la sociedad argentina en las últimas horas conducen a grupos sindicales y algunos dirigentes políticos.
