¡Chau Otranto!: la Cámara lo separó de la causa Maldonado por prejuzgar y designó a un juez con dedicación exclusiva

EL JUEZ FEDERAL DE ESQUEL, GUIDO OTRANTO, FUE APARTADO DE LA CAUSA EN LA QUE SE INVESTIGA LA DESAPARICIÓN FORZADA DE SANTIAGO MALDONADO. LA CÁMARA FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA ADMITIÓ LOS PLANTEOS DE LA DEFENSA Y DEL CELS SOBRE LA MANIFIESTA PARCIALIDAD DEL MAGISTRADO Y DISPUSO LA INTERVENCIÓN DEL TITULAR DEL JUZGADO FEDERAL N° 2 DE RAWSON, GUSTAVO LLERAL.

Del fallo de la Cámara se desprende que fue el propio juez quien selló su suerte, luego de la entrevista que brindó al pasquín ultraoficialista La Nazión, en la que dejó en claro que su investigación no estaba centrada en el accionar de la Gendarmería durante el 1º de agosto en la Pu Lof en Resistencia, cuando fue visto por última vez Santiago Maldonado.

El tribunal -integrado por los jueces Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman- señaló que la “evaluación del contenido de dichas notas y las manifestaciones del magistrado (…) evidencian que el mismo no se ha limitado a brindar datos relativos al curso de la investigación para dar con el paradero de Santiago Maldonado”. 

Para los camaristas, Otranto “ha ido más allá, efectuando juicios de valor que descartarían prima facie la hipótesis investigada en la causa en la que se peticiona su apartamiento, es decir la desaparición forzada de Santiago Maldonado”. En la mencionada entrevista, el juez de Esquel sostuvo que la principal hipótesis era que el joven se había ahogado en el río Chubut. 

El tribunal confirmó, tal como lo denunciaron las querellas, que hubo “un adelantamiento de opinión”, lo cual generó en la familia del joven desaparecido "el comprensible temor de que el juez tiene ya una opinión formada sobre el caso”. Los jueces consideraron también que las expresiones públicas de Otranto “permiten a las partes dudar de su imparcialidad”.

Junto con el apartamiento de Otranto, la Cámara dispuso la "inmediata intervención" del titular del juzgado federal número 2 de Rawson, Gustavo Lleral, según la resolución publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ).

"Esperamos ahora encontrar a los responsables materiales e intelectuales de su desaparición", dijo la familia de Santiago

ASÍ SE EXPRESÓ LA FAMILIA DEL ARTESANO DESAPARECIDO A TRAVÉS DE UN COMUNICADO. DIJERON ESTAR SATISFECHOS POR EL APARTAMIENTO DEL JUEZ GUIDO OTRANTO PERO CRITICARON A LA CÁMARA EN OTROS ASPECTOS.

La familia de Santiago Maldonado celebró el apartamiento del juez federal de Esquel, Guido Otranto, en la causa que investiga la desaparición forzada del joven; decisión que fue dada a conocer ayer por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia (ver nota aparte en esta misma edición). 

Sin embargo, la familia cuestionó otros aspectos de la resolución. "Para la Cámara no hubo parcialidad subjetiva contra la comunidad mapuche como así tampoco consideró nuestras denuncias de maltrato. Si bien celebramos la resolución, nos preocupan los argumentos desechados", señalaron.

La Cámara de Comodoro Rivadavia apartó ayer al juez Otranto, al admitir los planteos de recusación que habían presentado la familia del joven y el Cels, y dispuso la "inmediata intervención" del titular del juzgado federal número 2 de Rawson, Gustavo Lleral, con "dedicación exclusiva".

Según la resolución publicada estaen horas de la tarde por el Centro de Información Judicial (CIJ), la decisión adoptada por el tribunal -integrado por los jueces Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman- fue adoptada ante "el temor de parcialidad evidenciado por la familia de Santiago Maldonado".

"Esperamos ahora saber la verdad, encontrar a Santiago y a los responsables materiales e intelectuales de su desaparición", concluyó el parte de prensa difundido por la familia de Santiago.

En declaraciones radiales, Sergio Maldonado, aseveró que "no fue esta la manera en que nos hubiera gustado", en referencia a la desafectación de Otranto.

"Como familia, hicimos una exposición y presentamos el maltrato hacia nosotros y las irregularidades en la investigación, pero se lo recusa solamente por sus dichos inapropiados en el diario La Nazión", dijo y agregó que "seguramente" el lunes irá a entrevistarse con el nuevo magistrado para poder "determinar cómo seguirá la investigación, cuándo se trasladará a Esquel y qué equipo va a conformar".

Ante la ONU, la Asociación Americana de Juristas acusó al régimen macrifascista de estar "generando un clima de violencia en la Argentina

LA DESAPARICIÓN DEL JOVEN ARTESANO SANTIAGO MALDONADO, EL 1º DE AGOSTO EN CHUBUT, FUE DEBATIDA EN LA ÚLTIMA SESIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, QUE RECONOCIÓ EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS A "RECUPERAR SU TERRITORIO ANCESTRAL".

El colombiano David Ricardo López, integrante de la Asociación Americana de Juristas, fue el encargado de repasar los antecedentes del caso ante sus compañeros de comisión el 19 de septiembre pasado. 

"En el 2015, la comunidad Pu Lof de Cushamen recuperó una porción de su territorio ancestral en el noroeste de la provincia de Chubut disputado por la compañía Tierras del Sur de Luciano Benetton. La recuperación mapuche se produjo en el marco de la Constitución nacional que ordena su restitución y la ley 26.160", señaló López.

El abogado agregó que en enero de 2017, "argumentando el despeje de las vías de un tren turístico que pasa por la Pu Lof, la policía realizó un operativo dejando heridos graves". Luego, recordó "la detención ilegal del lonko Facundo Jones y de otros seis mapuches basada en un pedido de extradición de Chile, cuyo juicio fue anulado por inteligencia ilegal y pruebas conseguidas bajo tortura".

López detalló que el 1º de agosto, cuando la Gendarmería ingresó a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen "había ocho hombres, dos mujeres y dos niños. Entre aquellos, Santiago Maldonado fue detenido y desaparecido, trasladado en un móvil de Gendarmería rumbo a Esquel. Su desaparición forzada fue denunciada por la APDH, instruyéndose la causa con pruebas documentales y testimoniales". 

"El Estado (argentino) niega su detención, descalificando a los indígenas con medidas discriminatorias y una campaña mediática política de grupos económicos que intentan instalar la idea de que el indígena que lucha por sus derechos es un violento enemigo de la patria para seguir militarizando Chubut, una región disputada por intereses transnacionales, por sus recursos naturales. Finalmente, la ley 26.160 que protege a los territorios indígenas, impide desalojos hasta noviembre de 2017. Mientras el Poder Ejecutivo se niega a continuar con el relevamiento de los territorios y obstaculiza el tratamiento de la prórroga de la norma en el Senado, generando un clima de violencia en la Argentina", concluyó el jurista.

El peritaje de los teléfonos de gendarmes revela audios que muestran que ocultaron información Impactante audio: un efectivo reconoce que tenían a Maldonado en una camioneta

LOS AUDIOS QUE COMPROMETEN A LA GENDARMERÍA SURGEN DEL PERITAJE HECHO SOBRE LOS MÁS DE 70 TELÉFONOS CELULARES SECUESTRADOS A LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPARON DEL OPERATIVO DEL 1° DE AGOSTO PASADO EN LA PU LOF EN RESISTENCIA, DE CUSHAMEN.

Dos mensajes de voz tomados de los teléfonos de los celulares de gendarmes que participaron del operativo en la Pu Lof en Resistencia, de Cushamen, suman indicios de que Gendarmería tenía información que no había entregado en sus documentos oficiales. En uno de los audios que fueron incluidos en la causa que a partir de ahora llevará el juez federal de Rawson Gustavo LLeral se menciona a una persona “flotando en el río” Chubut, mientras que otro mensaje indica que el joven desaparecido estaba en una de las camionetas utilizadas en la represión.

Según el pasquín envuelve huevos Clarín, en la causa consta un mensaje de voz en el que un agente con alto rango en Gendarmería dice que "está claro que nadie se llevó a nadie, había gente a su cargo que le habría pegado piedrazos a alguno que quedó flotando en el río y los compañeros lo sacaron".

Si bien no fue precisado el autor del envío, se supo que el destinatario fue el gendarme Daniel Gómez, ya que el dato fue recibido en su celular, aparentemente el 9 de agosto último. Gómez respondió que "vi a tres personas nadando, pero a nadie flotando". Es decir que no confirmó lo que le dijo su interlocutor.

El otro audio tomado por expertos de la Policía Federal abona la hipótesis de la participación de Gendarmería en la desaparición. “Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana”, fue el mensaje de un gendarme a otro, por WhatSapp.

El audio revelado por el pasquín de derecha y ultraoficialista La Nazión que habla de “la sargento” se refería, en rigor, al sargento Sergio Sartirana, chofer de una de las camionetas que estuvo en el operativo represivo después del cual Maldonado no volvió a ser visto.

Según fuentes citadas por el matutino mitrista, Sartirana integró la patrulla en la que estaba Emmanuel Echazú, el gendarme que dijo haber sido herido por un piedrazo arrojado por los manifestantes.

Los chistes de Gendarmería: ahora dicen que el tenebroso audio "fue una broma"

EL SARGENTO DE LA GENDARMERÍA SERGIO SARTIRANA ENVIÓ UNA CARTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA FUERZA PARA EXPLICAR QUE EL AUDIO PERITADO DE SU TELÉFONO EN EL QUE SE AFIRMABA "TENÍA A MALDONADO" EN SU CAMIONETA FUE "EN TONO JOCOSO".

"Ahí está hablando todavía. Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana", señalan las palabras fueron dichas por un gendarme y enviadas en un audio de Whatsapp a un compañero, en un mensaje que se encuentra entre los más de 70 teléfonos celulares secuestrados a los efectivos que participaron del operativo del 1° de agosto pasado en Esquel.

Fuentes con acceso al expediente explicaron que cuando el emisor nombra a "la sargento", en realidad se refería a Sergio Sartirana, sargento y chofer de una camioneta Ford Ranger que participó del desalojo en la ruta 40 que terminó con un operativo dentro del predio ocupado por la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia en la estancia Leleque, en el departamento de Cushamen.

Tras la publicación del audio en los medios, ahora el sargento salió a desligarse del mismo y a afirmar que se trató de una broma. Sartirana afirmó que el mensaje salió del teléfono del sargento Pablo Grillo y que se dio en el contexto de la exposición de la ministra de Seguridad Patricia Bullrichen el Senado, aunque dice no recordar la fecha de la misma. 

"El contexto de los mensajes de voz fueron, en un principio de preocupación por parte de mi camarada, por la situación que se estaba viviendo", sostiene. 

"Para luego en un término jocoso preguntarme si escuché lo que dijo la ministra cuando me nombró, a lo que respondí que solo escuché parte de lo dicho, pero que no escuché que me nombrara a lo que él me responde con el mensaje de audio, que me dice: 'Ahí está hablando todavía. Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana'", agregó.

Sartirana integraba la patrulla con Emmanuel Echazú, que terminó herido a pedradas; el cabo Darío Zoilán, y su compañero Juan Carlos Pelozo.

El audio de Whatsapp entre los gendarmes surgió en el peritaje realizado sobre los más de 70 teléfonos celulares secuestrados a los gendarmes que participaron del operativo del 1° de agosto pasado (ver nota aparte en esta misma edición).

Los resultados del peritaje, realizado por expertos de la Policía Federal Argentina (PFA), le fueron entregados a la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, el jueves de la semana pasada.

Amenazas por la Marcha por la Soberanía al Lago Escondido: "¿Quieren otro Santiago Maldonado?"

VECINOS DEL PARAJE RURAL EL FOYEL, UBICADO A 40 KILÓMETROS DE EL BOLSÓN, REPUDIARON LA MARCHA POR LA SOBERANÍA NACIONAL QUE COMIENZA HOY Y REIVINDICARON EL USO PRIVADO DEL SENDERO TACUIFI POR DONDE PASARÁN LOS MANIFESTANTES. UN VECINO FUE AMENAZADO SI DEJABA PASAR A LA CARAVANA. "¿QUIEREN OTRO SANTIAGO MALDONADO?", LE ADVIRTIERON.

Hoy se inicia la marcha por la soberanía del Lago Escondido, organizada por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, que preside Julio Urien. El objetivo es unir la ruta Nacional 40 con el lago, propiedad del magnate Joe Lewis amigo de Mugrizio Macri, para reclamar el libre acceso al espejo de agua. 

Unos treinta vecinos del paraje rural El Foyel, ubicado a 40 kilómetros de El Bolsón, le enviaron una carta al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en repudio a la marcha y reivindicando el uso privado del sendero Tacuifi por donde pasarán los manifestantes. Hoy un vecino fue amenazado si dejaba pasar a la caravana. "¿Quieren otro Santiago Maldonado?", le advirtieron. En la carta, recuerdan que el camino atraviesa nueve propiedades privadas, y defienden su derecho de no dejar pasar la marcha. 

El repudio tuvo ayer una manifestación violenta contra Carlos "Yuyo" Jurich que vive junto a la tranquera de acceso al sendero Tacuifi que si bien coincide con los objetivos de la marcha no participa de la organización. El referente del PRO en el lugar, Jorge Melchor Greco, intimidó a la esposa de Yuyo y le preguntó, a modo de advertencia y amenaza, "si están buscando otro Santiago Maldonado". 

Entre los ochenta participantes de la marcha están el cura en Opción por los Pobres, Francisco Paco Olveira y el representante del colectivo Pueblos Originarios Jorge Piquiman. Los sacerdotes de la Opción por los Pobres llevarán una imagen de la Virgen de Luján.

El sorete de Pichetto pidió que las Fuerzas Armadas tengan "presencia disuasoria en la Patagonia"

EL JEFE DEL BLOQUE DE SENADORES DEL PJ TAMBIÉN HABLÓ DE "RECONCILIACIÓN" CON EL EJÉRCITO. LO HIZO AL REFERIRSE A LA DESAPARICIÓN DE SANTIAGO MALDONADO Y EN ESE MARCO SE ENROLÓ, ADEMÁS, EN LA ESTIGMATIZACIÓN A LOS MAPUCHES. DIJO QUE EN EL SUR DE LA CORDILLERA HAY “MUCHO PROMONTONERISMO” Y GRUPOS “PREINSURRECCIONALES” CON “TUFILLO A SENDERO" LUMINOSO.

El titular del bloque de senadores del PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto, se anticipó al cumpleaños de sus declaraciones xenófobas, con las que había calificado de “resaca” a los ciudadanos peruanos que “toman” las villas, y lo festejó con una arenga a favor de la estigmatización de las comunidades mapuches y de la “reconciliación” con el Ejército. Con una elocuente jerga castrense, recomendó que las Fuerzas Armadas deben “tener una presencia disuasoria en la Patagonia” porque, advirtió, en esa zona hay “mucho promontonerismo” y grupos “preinsurreccionales” con “tufillo a Sendero" Luminoso.

Los calificativos fueron dirigidos a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el grupo al que el régimen fascista de Mugrizio Macri le endilga tareas vinculadas al “terrorismo” y sobre el cual echó un manto de sospechas por la desaparición de Santiago Maldonado.

De hecho, el estallido marcial de Pichetto fue precisamente cuando se refirió al joven cuyo paradero se desconoce desde el 1º de agosto. El senador pidió “que se sepa la verdad” sobre ese hecho porque la defensa de los derechos humanos en el país "es un estándar de la sociedad". Pero, no obstante, recomendó que “una vez esclarecido” este hecho, “hay que dar el debate sobre lo que significa la RAM: un grupo violento y preinsurreccional".

"En la cordillera hay tufillo a Sendero (Luminoso). Hay mucha voluntad de luchar por las nobles causas, pero hay mucho protomontonerismo en la frontera", lanzó. Luego de este exordio dio su conclusión: “recuperar las Fuerzas Armadas para tener una presencia disuasoria en la Patagonia". Para ello, recomendó promover la “reconciliación” y el “perdón” del Ejército con la sociedad; dos argumentos largamente rechazados por los organismos de derechos humanos.

Las declaraciones castrenses de Pichetto fueron hechas durante su participación en un encuentro denominado "Proyecto Nacional de Desarrollo: la Argentina que Viene", que tuvo lugar en el Hotel Castelar y que fue organizado por el titular de la Asociación del Personal de Organismo de Control (APOC) y director de la revista Movimiento 21, Hugo Quintana. Allí se amontonaron dirigentes peronistas, algunos retirados y otros en acción pero todos críticos al kirchnerismo, para conversar sobre la interna del justicialismo.

En ese marco, Pichetto les recomendó “leer a Perón de nuevo, al del ’74, cuando volvió” y tuvo a su lado al influyente ministro de Bienestar Social, José López Rega, creador de la organización criminal Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).

No es la primera vez que el senador peronista se expresa de esta manera. En noviembre del año pasado lo había hecho con otra minoría cuando llamó a “controlar la inmigración” en el país. Perú, dijo por entonces, “transfirió a todo el esquema narcotraficante” a “las principales villas de la Argentina, que están tomadas por peruanos. La Argentina incorpora toda esta resaca”.

También le dedicó una frase discriminatoria a Bolivia. “El problema es que siempre funcionamos como ajuste social de ese país”, dijo en alusión a los inmigrantes. Un tiempo más atrás tildó de “mafia senegalesa” a esa comunidad africana en la Argentina, a la vez que criticó la “cultura igualitaria” vigente en el país desde 1853.

Pichetto, que durante el último año y medio permitió que el régimen macrifascista tuviera más aliados de la oposición que legisladores propios en la Cámara alta, aprovechó el encuentro y habló de estrategia política. Dijo que la administración de la alianza de derecha Cambiemos “ha tenido la necesidad y va a seguir teniéndola, de seguir dialogando y abriendo caminos de concertación para avanzar en reformas".

También consideró que los gremios son “garantes de la gobernabilidad” y recomendó a la Casa Rosada a “mirar con más respeto y atención el rol de la CGT”. Sobre el rol del PJ, indicó que "el peor error que puede cometer el peronismo es subestimar al Gobierno" y aconsejó “trabajar con mucha inteligencia”.

El pecado de elegir a Cambiemos: los Curas en Opción por los Pobres llaman a votar contra el régimen fascista

EN UN DOCUMENTO, EL GRUPO DE CURAS CATÓLICOS SE PRONUNCIÓ RESPECTO DE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES LEGISLATIVAS. SOSTUVIERON QUE UN CRISTIANO NO PUEDE VOTAR A UN RÉGIMEN QUE FACILITA LAS GANANCIAS A LOS RICOS Y CONDENA A LOS POBRES.

A través de documento difundido bajo el título “Ante las próximas elecciones legislativas”, el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres (COPP) hizo un llamado a votar en contra del régimen fascista y neoliberal que encabeza Mugrizio Macri. Los sacerdotes católicos que trabajan en medios pobres sostienen que ante la coyuntura electoral que se avecina “como cristianos, sabemos que el resultado de estas elecciones puede confirmar o revocar el rumbo elegido por el gobierno, influyendo a su favor o en su contra en la relación de fuerzas, fortaleciendo o debilitando su poder político” y, de manera directa, afirman que “sin ningún temor o prejuicio sostenemos firmemente que un cristiano no puede darle el voto a un gobierno como éste, que multiplica las ayudas fraudulentas a sus amigos, facilita las ganancias de los ricos y condena a los pobres a la marginalidad y lo hace a la luz del día con mentiras y desparpajo”.

Señalan los curas que “un gobierno que maltrata así a su población, y vive construyendo falsedades, es un gobierno que le da la espalda a los preferidos de Dios”. Dado que “matar de hambre, desamparo o indiferencia al pobre es un pecado”, también es “pecado”, dicen, “votar un gobierno que asfixia a los pobres”. Por ese motivo “como cristianos y como curas, caminando a la par del pueblo, invitamos a votar contra este gobierno, contra la agresión a los pobres y vulnerables, contra el secuestro del futuro”.

Como parte de su fundamentación los curas traen a colación el ejemplo del cura cordobés José Gabriel Brochero, elevado a la santidad el año pasado por el papa Francisco. Recuerdan que en 1912 el ahora santo, “enfermo de lepra, casi ciego”, se pronunció antes de las primeras elecciones legislativas en las que se aplicó el voto secreto y obligatorio. Brochero, por entonces militante del Partido Radical, alternativa popular frente al Partido Conservador, escribió en aquella oportunidad que Ramón Cárcano, el candidato conservador, es “el hombre más funesto y contrario al bienestar y felicidad de los habitantes del Oeste” y, por lo tanto, “los que votan por Cárcano van contra la felicidad y facilidades de los habitantes del Oeste” (carta 448, 26/9/1912). El cura santo decía, en cambio, que “votando por los candidatos que dará el Partido Radical buscan su felicidad, su engrandecimiento, el de la Provincia, y aún el de la Nación entera”.

Según los curas, ahora “están en juego dos modelos antagónicos de país”. Por una parte, “un país injusto y dependiente, que concentra la riqueza en una minoría” y, por otro, “un país con la gente adentro, distributivo, soberano e inclusivo”. Si bien argumentan que “la política no es una varita mágica ni una práctica purista”, afirman que la misma “sigue siendo una herramienta imprescindible para forjar el destino de la sociedad y organizar la vida en torno a la dignidad, la libertad, los derechos humanos y la convivencia pacífica y solidaria”.

El grupo de curas que trabajan en medios pobres ha venido denunciando de manera frecuente al gobierno de Cambiemos y ahora entiende que las elecciones legislativas se dan “en el contexto de una situación muy delicada para el país”. Al hacer memoria de sus propias declaraciones sobre la situación del país, los curas recuerdan sus advertencias sobre las “características del gobierno de Cambiemos, de las consecuencias ya visibles de sus políticas de corte neoliberal conservador” y de “su perfil autoritario que ha debilitado notablemente el estado de derecho”.

Agregan al señalamiento anterior una lista de acciones que los sacerdotes consideran “reprobables” en los últimos dos años: “represión violenta a la protesta social y abusos de autoridad de las fuerzas de seguridad, protección a los capitales más que a los ciudadanos, promesas incumplidas, mentiras y falsedades permanentes, presos políticos, un desaparecido, persecución a quienes piensan distinto, aumento de la pobreza, desempleo, un insostenible endeudamiento que hipoteca el futuro, la especulación financiera, la desindustrialización, la entrega de nuestra soberanía”.

En su análisis del momento, los COPP apuntan “la lista interminable” de perjuicios, que “solo sirve de muestra”, se completa con “la quita de miles de pensiones por discapacidad, la reducción de medicamentos gratuitos de primera necesidad entregados por el PAMI a los jubilados, el recorte de un programa histórico que brindaba asistencia técnica a pequeños y medianos productores y que excluye del beneficio a más de diez mil familias que viven en situación de vulnerabilidad, el desguace de las políticas de salud y la falta de medicamentos, los aumentos injustificados y delirantes de las tarifas de los servicios, el aumento de la mortalidad infantil”. Asimismo, advierten que “a esto debemos agregarle el gran ajuste y la extrema precarización laboral anunciadas para después de las elecciones”.

En la caracterización que hacen del régimen fascista de la alianza de derecha Cambiemos los curas subrayan que “nos preocupa e indigna especialmente un rasgo cada vez más visible de este gobierno: no asume la función social del Estado y su necesario rol cohesionador”. Por todo lo anterior subrayan, recordando palabras del obispo emérito Miguel Hesayne, que “no se puede ser cristiano y neoliberal” y exhortan “a votar en consecuencia” porque “los pobres no pueden esperar”. Al finalizar su documento los sacerdotes reiteran la pregunta que nos hacemos todos los argentinos bien nacidos: “¿dónde está Santiago Maldonado?”.

Fuente: nota de Washington Uranga para Página/12

El kirchnerismo y Massa se unen para pedir la expropiación de Pepsico

SUS DIPUTADOS APOYAN UN PROYECTO DE LEY, RECLAMADO POR LOS EX TRABAJADORES. CONMOCIÓN EN LA ALIANZA DE DERECHA CAMBIEMOS.

Rivales en la elección legislativa de octubre, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa encontraron un motivo para juntarse: el reclamo de los 500 ex trabajadores de Pepsico Snacks, despedidos el 21 de junio.

Para sorpresa de la alianza de derecha Cambiemos, diputados del Frente Para la Victoria-PJ y el Frente Rejuntador firmaron un proyecto de la izquierda para expropiar la planta de la multinacional estadounidense en Vicente López y cedérsela sus ex empleados.

"Pedimos declarar de utilidad pública el predio y su maquinaria y otorgárselo en sucesión a los trabajadores", explicó la diputada del Frente de Izquierda Nathalia González Seligra, autora del proyecto.

Lo había presentado los días siguientes al conflicto, pero lo retiró y lo volvió a escribir con recomendaciones de abogados laboralistas, como el diputado kirchnerista Héctor Recalde.

La comisión interna, liderada por Camilo Montes, visitó a los líderes opositores y sumó las firmas de Graciela Camaño, jefa del Frente Renovador; y su par Cecilia Moreau. También del kirchnerista Luis Basterra, Lucila del Ponti del Movimiento Evita y Alcira Argumedo.

"Los trabajadores hablaron con Cristina Kirchner en el Instituto Patria y luego se reunieron con Camaño, que firmó el proyecto", confirmó González Seligra. Lo presentó el miércoles, con una marcha de los trabajadores al Congreso. 

Los líderes de la comisión interna también se habrían reunido con Florencio Randazzo, pero los diputados del Bloque Justicialista, identificados con el ex ministro, no aparecen en la carátula del proyecto. Si apoyan, la oposición ya tendría mayoría cómoda para aprobar la expropiación y trasladar el conflicto al Senado.

En el oficialismo reinaba la sorpresa por la unidad Cristina-Massa en este tema y se preparan para resistir. "Si quieren una sesión por este tema los vamos a enfrentar. No estamos de acuerdo con la expropiación", sostuvo uno de los referentes macrifascistas, aún confiado en que sólo se trate de un mal entendido.

La próxima sesión sería el miércoles 4 de septiembre con varios temas pendientes como, la ley de cupo femenino. "Buscaremos que se trate ese día", anticipó la diputada de izquierda.

Cuando se conocieron los despidos, el ministro Jorge Triaca no intervino, según explicó, porque la empresa pagó las indemnizaciones y hasta ofreció trasladar a 150 trabajadores a su sede de Mar del Plata. Incluso, algunos cobraron las indemnizaciones pero igual reclaman la reincorporación y, si no es posible, la expropiación de la planta. Cristina y Massa los apoyan.

A Stanley y al régimen macrifascista se le terminaron las excusas: la Justicia ordenó restituir pensiones por discapacidad

LA CÁMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ORDENÓ AYER AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL RESTITUIR LAS PENSIONES POR INVALIDEZ QUE FUERON DADAS DE BAJA A NIVEL NACIONAL EN EL ÚLTIMO AÑO Y MEDIO. LOS MÁS DE 120 MIL ALCANZADOS POR EL RECORTE DEBERÁN SOLICITAR LA REPOSICIÓN DE LA PENSIÓN.

La Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó ayer al Ministerio de Desarrollo Social restituir las pensiones no contributivas por invalidez que fueron dadas de baja a nivel nacional por esa cartera en el último año y medio. 

La decisión de este tribunal se basa en el amparo colectivo que presentó la Asociación REDI (Red por Personas con Discapacidad) y que había sido otorgado por el Juzgado Federal de la Seguridad Social Número 8. En esa primera sentencia se intimaba a la cartera que conduce Carolina Stanley a que devuelva las pensiones de manera “inmediata”. 

El régimen macrifascista apeló esa decisión y buscó dejar sin efecto la medida aduciendo que se trata de una cuestión “abstracta”, porque había devuelto 9728 pensiones, aunque el universo de bajas que estima REDI alcanza a más de 170 mil, y cuestionaba la representatividad de la Asociación. 

La decisión de la Cámara, que firman los camaristas Nora Carmen Dorado y Luis René Herrero, revierte el efecto suspensivo que había logrado Stanley mediante la apelación y vuelve a quedar vigente la obligación de reponer ese derecho a los beneficiarios por discapacidad hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, como la representatividad de REDI. Los alcanzados por el recorte deberán solicitar la reposición de la pensión.

La cautelar presentada por la Asociación REDI había sido otorgada por la jueza Adriana Camaratta, quien una semana después también dio lugar a la apelación del Ministerio de Desarrollo Social con efecto suspensivo sobre su propia orden de que se reestablezcan las pensiones. 

Este efecto suspensivo implicó dejar sin protección durante el debido proceso judicial a los beneficiarios de las pensiones por invalidez, ya que quedaba abierto el plazo hasta que se expida la Cámara sobre la cuestión de fondo. Ante la posibilidad de que haya habido presiones sobre Camaratta, la Asociación REDI aceleró el proceso en segunda instancia, pero previamente Desarrollo hizo una presentación para evitar que ese tribunal tome el caso, con el fin de ganar tiempo hasta octubre.

“El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la resolución que hizo lugar a la medida cautelar fue concedido con efecto suspensivo. Es decir que su cumplimiento efectivo quedaría supeditado al dictado de la resolución del último tribunal con posibilidad de conocer en los recursos articulados por las partes (esto es, la Corte Suprema de Justicia de la Nación). Tal eventualidad entrañaría el más absoluto desamparo de los derechos alimentarios e irrenunciables que la medida cautelar despachada en autos procura salvaguardar”, señala el fallo que firman dos de los tres camaristas, ya que “Emilio Fernández no firma por hallarse en uso de licencia”.

En la presentación de REDI se hace hincapié en la “vileza de que se tome el tema en clave electoral”. Sin embargo, mientras que Stanley había prometido que se repondrían las pensiones, utilizó todos los mecanismos necesarios para dilatar ese compromiso. 

Tras la apelación, el abogado en representación del Ministerio de Desarrollo Social, Patricio Martínez, le envió a la Cámara un escrito en el que intenta convencer al tribunal de segunda instancia de que la causa se ha devenido abstracta porque ya se habían rehabilitados las pensiones previo al fallo original. 

Para argumentar que hubo restitución de ese derecho, se adosaron dos listados que enumeran 9728 pensiones rehabilitadas, un 7,7 por ciento del total que se había dado de baja, que REDI estima en 170 mil, de los cuales el 72 por ciento son por incapacidad. A esa situación se sumó que el Gobierno se niega a dar las cifras de bajas.

Fuente: nota de Cristian Carrillo para Página/12

El primer paso para frenar la política antimigratoria: un fiscal advirtió que el decreto de Macri es inconstitucional

MIGUEL ÁNGEL GILLIGAN CONSIDERÓ QUE LOS ARTÍCULOS DEL DECRETO QUE ACORTAN A TRES DÍAS HÁBILES EL TIEMPO DE DEFENSA DE LOS MIGRANTES VULNERAN SUS DERECHOS Y PIDIÓ QUE SEAN DECLARADOS INCONSTITUCIONALES. LO HIZO EN RESPUESTA AL AMPARO QUE PRESENTARON EL CELS, LA COMISIÓN ARGENTINA PARA REFUGIADOS Y MIGRANTES (CAREF) Y EL COLECTIVO POR LA DIVERSIDAD (COPADI).

A nueve meses de la sanción del decreto que restringió los derechos de las personas migrantes y luego de que la norma haya sido judicializada por considerar que imponía nuevos mecanismos de expulsión, el fiscal en lo contencioso administrativo Miguel Ángel Gilligan pidió que se declare inconstitucional parte de la normativa por considerar que viola el derecho a la Justicia de la comunidad migrante. También solicitó que se haga lugar al amparo interpuesto por organizaciones de derechos humanos y sociales que denunciaron que el DNU amplió los motivos de expulsión y recortó los tiempos de defensa de las personas migrantes.

El amparo fue interpuesto por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Colectivo por la Diversidad (COPADI), al mes de conocerse el decreto de necesidad y urgencia, en enero pasado. Las organizaciones advirtieron que la nueva normativa, que modificó la Ley de Migraciones, avanzó “contra el debido proceso, la protección judicial efectiva y acceso a la justicia, el derecho a igual protección de la ley y a la no discriminación y el derecho a la libertad ambulatoria”. Para las organizaciones el decreto sancionado por Mugrizio Macri marcó un cambio en la política migratoria del Estado “que pasó de ser de asistencia al migrante a persecutoria”.

El fiscal Gilligan pidió que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 14, 16 y 24 del DNU, dado que -tal como cuestiona el amparo- estos artículos acortaron el plazo de hasta 30 días que tenían las personas migrantes para interponer su defensa y fijaron un tiempo máximo de tres días para cualquier tipo de acción. "La exigüidad de los plazos que introduce el mencionado decreto para la interposición del recurso jerárquico y judicial (3 días hábiles), se erige como un obstáculo para que el migrante haga valer su defensa en forma efectiva y, sobre todo, en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables", aseguró el fiscal. La decisión la tiene ahora el juez de primera instancia Ernesto Marinelli.

“El dictamen es un primer paso muy importante porque nos reconoció uno de los planteos que hacemos en el amparo sobre la reducción enorme de los plazos para apelar una expulsión y los obstáculos que establece el DNU para acceder a una asistencia jurídica. El fiscal dice que estos artículos modifican las garantías del debido proceso y son contrarias a la constitución”, dijo Diego Morales, director del Área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales.

El abogado del CELS aclaró que “el DNU redujo las garantías del migrante frente a una orden de expulsión. Le da tres días nada más para armar su defensa, quejarse y recurrir a un abogado. También eliminaron la posibilidad de contar con un defensor que provee el Estado. Esto quiere decir que si la persona no consigue abogado, sigue el trámite de expulsión”.

Para Morales, el dictamen es “muy importante” para la recomposición de los derechos de las personas migrantes que fueron afectados por el decreto, que popularmente se conoció como "anti migratorio". 

Asimismo, Morales celebró que el fiscal autorizara la acción de las organizaciones como “representantes legítimas” de las personas migrantes y que permitiera la causa colectiva.

El director del Área de Defensa de CELS aclaró, sin embargo, que el dictamen del fiscal no hizo lugar a otros dos de los tres planteos que hicieron en el amparo: los relativos a la cuestión de fondo del decreto y a la manera en que la autoridad migratoria instrumenta su accionar. En el primer caso, las organizaciones denunciaron que el cambio de normativa autoriza la expulsión de un inmigrante “por el sólo hecho de haber ingresado en el sistema penal”. Esto es, tener una denuncia o cualquier requerimiento judicial aunque no tuviera condena, algo que modificaba el principio de inocencia.

También cuestionaron que el nuevo decreto presume que es responsabilidad del migrante la notificación de cualquier decisión que lo afecte. “Esto quiere decir que si la persona vive en una villa donde el correo no llega o se mudó y no actualizó su dirección, es problema del migrante no enterarse de un pedido en su contra, por ejemplo”, explicó.

Aún cuando esos dos planteos no fueron tenidos en cuenta, para Morales, el dictamen del fiscal Gilligan es “una oportunidad para que la Justicia repare” el recorte de derechos que el DNU impuso para las personas migrantes. “Hoy el DNU está en vigencia plena y los efectos se ven en el día a día. Los migrantes hoy tienen sólo tres días para defenderse y no pueden acudir a la Justicia”, volvió a criticar el abogado, que se mostró optimista con el camino que aún debe recorrer el amparo.

Fuente: nota de Alejandra Hayon para Página/12

Miles de estudiantes secundarios marcharon contra la reforma educativa de Rodríguez Larrata

INSATISFECHOS CON LAS RESPUESTAS DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN, SOLEDAD ACUÑA, LOS ESTUDIANTES RATIFICARON SU RECLAMO PARA QUE SE SUSPENDA LA APLICACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA Y SE LOS ESCUCHE. SE MOVILIZARON OTRA VEZ POR EL CENTRO DE LA CIUDAD. SALIERON DEL PALACIO SARMIENTO Y DESDE ALLÍ LLEGARON AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PORTEÑO. LA DEFENSORÍA RECIBIÓ A RECTORES Y DOCENTES.

Miles de estudiantes porteños se movilizaron esta tarde por el centro de la ciudad en protesta por la reforma educativa. "No al Secundario del Futuro y Aparición con Vida de Santiago Maldonado" fue la consigna que encabezó la marcha.Las distintas columnas confluyeron frente al ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires, en Paseo Colón al 200.

La marcha reunió a decenas de centros de estudiantes, que salieron del ministerio de Educación de la Nación, llegaron hasta el Obelisco, con la avenida Corrientes cortada, y desde allí caminaron hasta el Bajo. El conflicto, que llevó a la toma de 29 escuelas, se produjo por la decisión aplicar una reforma inconsulta y de incluir prácticas laborales obligatorias en el último año de la cursada.

Docentes y familiares se sumaron a la movilización hacia la cartera que conduce Soledad Acuña, quien se mostró inflexible en la negociación, igual que el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

En la previa, hubo una conferencia de prensa, en la que los estudiantes afirmaron que "estamos dispuestos a abrir el diálogo, pero necesitamos una respuesta seria y, hasta que no la tengamos, vamos a seguir con la misma postura de la toma de colegios". Así se expresó Antonela Giuso, de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. 

"Hay muestras de cansancio, pero seguimos firmes con el apoyo a nuestros compañeros. Vamos a apoyarlos hasta que ellos decidan frenar", dijo por su parte Iñaki García Ribas, del Colegio Nacional Buenos Aires.

También se mostraron críticos de la postura oficial. Sobre la reunión del miércoles con Acuña, Santiago Legaro, del Colegio Nicolás Avellaneda, consideró que “fue un acto político para la foto. La mayoría no pudo hablar”. 

Agregó que “cuando planteamos el pedido de prórroga”, la ministra “no supo qué contestarnos” y fue categórico al afirmar que "decir que el diálogo está abierto es falso. Si no hay prórroga, no hay diálogo".

Un rato antes de la marcha, el Defensor de la Ciudad, Alejandro Amor, se reunió con rectores y docentes, quienes le manifestaron su preocupación por denuncias por amedrentamiento a los alumnos que tomaron escuelas. Justamente, un protocolo del ministerio de Acuña estableció que en casos de tomas se debe hacer la denuncia policial. 

La Justicia ordenó a la ministra a dejar sin efecto ese protocolo que ella insistió que no fue una orden suya a pesar de que se distribuyó desde el mail de su cartera. 

También le expresaron a Amor sus críticas a la idea del gobierno porteño de hacer ocho reuniones regionales para debatir el proyecto “Secundario del Futuro” con alumnos y docentes, dado lo heterogéneo del reclamo en casa escuela.

El Defensor se comprometió a recorrer los colegios para hablar con los alumnos sobre sus necesidades y hacer un relevamiento integral de la infraestructura de los edificios. También reiteró la propuesta de conformar un Consejo Permanente de Diálogo Educativo para agilizar la resolución de conflictos en escuelas de la ciudad. La semana que viene habrá una convocatoria ampliada.

El régimen fascista porteño no da marcha atrás: Rodríguez Larrata ratificó la reforma educativa

PESE A LAS TOMAS DE CASI TREINTA ESCUELAS SECUNDARIAS Y LAS CRÍTICAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SOSTUVO QUE "LA MAYORÍA" ESTÁ DE ACUERDO CON LA REFORMA Y RATIFICÓ EL ORGANIGRAMA ORIGINAL DE APLICACIÓN GRADUAL DEL NUEVO RÉGIMEN.

Lejos de intentar resolver el conflicto con los estudiantes secundarios, que mantienen la toma de 29 escuelas en rechazo a la reforma educativa, los funcionarios porteños insisten en no dar marcha atrás ni suspender la aplicación de la nueva norma prevista para el año. El alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larrata, sostuvo ayer que “la mayoría” está de acuerdo con la nueva Secundaria del Futuro y ratificó la continuidad de la reforma.

"Estamos convencidos, como la gran mayoría de la gente, que hay que cambiar y hacer una reforma del sistema educativo", sentenció en declaraciones radiales "el Guasón", quien remarcó que "la gran mayoría está de acuerdo" con la iniciativa y que el jueves de la semana pasada "dos o tres colegios levantaron las tomas".

Tal como lo hizo la ministra de Educación Soledad Acuña, el titular del Ejecutivo porteño volvió a insistir con que detrás de la protesta "hay sectores del kirchnerismo".

El responsable político de la muerte del Dr. Favaloro sostuvo también que muchos de los cambios que introduce la reforma, como las prácticas laborales, "vienen de una ley nacional que impulsó" el gobierno anterior.

El miércoles, Acuña se reunió con los delegados de los centros de estudiantes y les pidió que levantaran las tomas a cambio de convocarlos a futuras mesas de diálogo donde los estudiantes podrían “acercar propuestas”. Sin embargo, los alumnos desacreditaron esta opción ya que al no postergar la aplicación de la reforma sus opiniones no serían tenidas en cuenta.

El jueves, los alumnos de las escuelas tomadas resolvieron continuar con la medida hasta que las autoridades posterguen la reforma. "Rechazamos la Secundaria del Futuro por su carácter inconsulto y por eso pedimos una prórroga en su aplicación”, sostuvieron ayer los representantes de los centros de estudiantes de las escuelas tomadas, quienes brindaron una conferencia de prensa en el Nicolás Avellanada.

Ayer por la tarde, los centros de estudiantes marcharon desde el Palacio Sarmiento (en Pizzurno 935), sede del Ministerio de Educación nacional, hasta la sede de la cartera porteña, en la avenida Paseo Colón 255.

En el mismo lugar, 40 años después: reunión de Madres de Plaza de Mayo en el Parque Pereyra Iraola

LA ASOCIACIÓN ENCABEZADA POR HEBE DE BONAFINI REALIZARÁ MAÑANA UN ENCUENTRO DONDE LAS MADRES TUVIERON SU REUNIÓN FUNDACIONAL HACE CUATRO DÉCADAS. A LAS 11 LA TITULAR DE LA ENTIDAD DARÁ ALLÍ UNA CLASE MAGISTRAL.

“Hace 40 años que dentro de nuestra ‘locura’ hicimos la primera asamblea de las Madres” de Plaza de Mayo, recordó Hebe de Bonafini para convocar a la celebración de ese acontecimiento que tendrá lugar este domingo en el Parque Pereyra Iraola, escenario original de aquella reunión masiva hecha en plena dictadura militar.

El 24 de septiembre de 1977 y por iniciativa de Azucena Villaflor de Vicenti, alrededor de 60 madres que reclamaban por la aparición de sus hijos secuestrados en operativos clandestinos se reunieron en la parada “El palenque”, ubicada en el kilómetro 38 del Camino General Belgrano que costea esa reserva ecológica del sur de la provincia de Buenos Aires. Fue la primera asamblea de lo que luego sería una de las organizaciones de derechos más emblemáticas a nivel internacional.

El motivo por el cual en 1977 se eligió ese parque fue porque “las madres iban una o dos veces a la Plaza de Mayo, y no volvían”, recordó Bonafini, titular de la organización encargada del evento. Entonces, Villaflor se preocupó y dijo que “no vuelven, tenemos que hacer grupos para contenerlas”, contó Hebe. Buscaron un lugar y encontraron esa parada en ese parque, agregó.

El domingo se cumplen cuatro décadas de esa reunión fundacional. Por eso, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo volverá allí, y desde las 11 dará una clase magistral en la que Bonafini leerá el documento hecho por entonces y que ellas tienen guardado.

En medio de la reunión habrá un almuerzo a la canasta luego del cual el periodista y abogado Pablo Llonto brindará una charla sobre la lucha de esa organización de derechos humanos. El cierre será con la colocación de un pañuelo y una plaqueta que señale la historia de ese lugar.

Escándalo: conceden prisión domiciliaria en un country a Luis Patti, condenado dos veces a cadena perpetua

EL REPRESOR GENOCIDA LUIS ABELARDO PATTI, CONDENADO EN DOS OPORTUNIDADES A CADENA PERPETUA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD, FUE BENEFICIADO CON LA PRISIÓN DOMICILIARIA.

En un comunicado difundido por Abuelas de Plaza de Mayo, la organización defensora de los Derechos Humanos, repudió la decisión del juez del Tribunal Oral Federal de Rosario N° 2, Omar Paulucci, quien dispuso que el genocida Luis Abelardo Patti cumpla prisión domiciliaria dentro de una casa ubicada en el barrio privado “Septiembre Country Club” de la localidad de Escobar.

Sostuvieron además que "el cuadro de salud que presenta Patti puede tratarse adecuadamente en el Hospital Penitenciario de Ezeiza y a través de la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal", como lo venía haciendo. Agregaron que "llamativamente, el juez Paulucci fundamentó su decisión en los trastornos que provocaría a Patti su traslado para ser atendido en establecimientos médicos fuera de la cárcel", traslados que deberá continuar realizando desde su nuevo domicilio de privilegio.

"Además, resulta preocupante que no se tuviera en cuenta la circunstancia, debidamente acreditada, de que en el desarrollo de los juicios en su contra Patti fingiera afecciones de salud para evitar ser juzgado", sostuvieron.

"Si bien en la decisión judicial se dispuso incorporar a Patti al programa de 'vigilancia electrónica', no se ha ponderado el hecho de que el domicilio se encuentre en un barrio cerrado, lo que dificulta la realización de mayores medidas de control así como una respuesta rápida ante el quebrantamiento de los límites de la prisión domiciliaria", denunciaron desde Abuelas.

"Además de rechazar el privilegio concedido a Luis Abelardo Patti, exigimos la protección de los testigos que han contribuido a que los responsables de delitos de lesa humanidad sean condenados. En este sentido reclamamos que se adopten medidas para garantizar que las prisiones domiciliarias no se transformen en una libertad encubierta", concluye el comunicado.

Cannabis medicinal: “La reglamentación no respeta el espíritu de la ley”

FUERA DE LA REGLAMENTACIÓN NO SÓLO QUEDÓ EL AUTOCULTIVO, SINO TAMBIÉN LA PROMOCIÓN DE LA LEY EN EL RESTO DE LAS PROVINCIAS Y LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, Y EL IMPULSO A LA PRODUCCIÓN PÚBLICA DEL ACEITE DE CANNABIS. CRÍTICAS DE LOS DIPUTADOS QUE IMPULSARON EL PROYECTO DE LEY.

La demorada reglamentación de la ley que regula la investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis fue recibida con críticas por los impulsores de la normativa, que consideraron que el Poder Ejecutivo no respetó “el espíritu” del texto aprobado en el Congreso de la Nación en marzo de este año.

“No es lo que se votó. El Gobierno fue en contra de un principio constitucional que dice que no se puede alterar el espíritu de la ley con la reglamentación”, dijo la diputada nacional del Frente para la Victoria, Carolina Gaillard, una de las promotoras del proyecto para legalizar el cannabis medicinal. “Transformaron una ley en un protocolo de investigación”, apuntó.

En concreto, el Ejecutivo dejó afuera la posibilidad de sumar a los autocultivadores, que seguirán estando en una suerte de clandestinidad. “Lo que nos motivó a ir en busca de la ley, no se modificó. Seguimos estando en la ilegalidad”, sostuvo Valeria Salech, integrante de Mamá Cultiva. 

Salech se refiere al artículo 8, que originalmente buscaba crear un registro de usuarios y familiares para "eximirlos" de la aplicación del artículo 5 de la Ley 23.737 (de Estupefacientes), que entre otras cosas, condena el cultivo.

Desde Mamá Cultiva advirtieron que no se prevé una autorización del autocultivo, ni mucho menos un mecanismo de cobertura ante eventuales allanamientos de las fuerzas policiales. 

En cambio, el régimen macrifascista optó por apostar a una reglamentación más restrictiva, que acota la utilización del cannabis medicinal para pacientes que padecen epilepsia refractaria -cuyo tratamiento está autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)- y crea el “Programa nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales”. 

Gaillard advirtió que se están dejando “afuera a miles de pacientes que hacen uso del tratamiento y que padecen otras patologías, como mal de Parkinson, fibromialgias, pacientes oncológicos, que hacen uso del cannabis con fines terapéuticos”.

“Arrojan a la ilegalidad a miles de usuarios que no van a dejar de hacer uso. Los dejan en la clandestinidad. Por eso, con la ley queríamos que los médicos pudieran prescribirlo para las patologías que lo consideran”, señaló la diputada. 

Los usuarios inscriptos en el Programa recibirán el aceite de cannabis en forma gratuita (será importado), mientras quienes decidan no formar parte, deberán pagarlo. También se autoriza al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a que cultiven cannabis "con fines de investigación médica o científica para la elaboración de la sustancia que como medicamento sirva para proveer a quienes estuvieren incorporados al Programa".

Por último, se especifica que el Ministerio de Seguridad será quien establecerá "las condiciones de habilitación", lo que no estaba presente en la ley. Hay un prejuicio con el cannabis. Ha primado una mirada de seguridad en lugar de la mirada del ministerio de Salud. 

“Le ley no hablaba de que teníamos que inscribir a nuestros hijos en un programa para ser sometido a investigación, ¿lo quieren tomar como conejillo de la India?", se quejó Salech y agregó que “no está bien lo que hizo el Gobierno. Tardaron más de seis meses en reglamentarla, pensamos que iban a salir con algo superador, pero esto no tiene nada de moderno”.

Afuera de la reglamentación no sólo quedó el autocultivo, sino también la promoción de la ley en el resto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y el impulso a la producción pública del aceite de cannabis. Este punto era considerado esencial por las organizaciones que impulsaban la ley, ya que la importación no alcanza para cubrir la demanda del producto.

Fuente: nota de Franco Spinetta para Página/12

Otra de Aguer, ahora contra el matrimonio igualitario: "Los homosexuales están llamados a la castidad"

EL REACCIONARIO ARZOBISPO DE LA PLATA PROHIBIÓ POR DECRETO LA ENSEÑANZA DE LA TEORÍA DE GÉNERO EN COLEGIOS CATÓLICOS DE SU JURISDICCIÓN , EN ABIERTA OPOSICIÓN A LAS LEYES SANCIONADAS POR EL CONGRESO NACIONAL. DURA CRÍTICA DE LA CHA. RANDAZZO ANTICIPÓ UNA MEDIDA JUDICIAL.

A través del decreto 096/2017 Héctor Aguer prohibió a los colegios católicos de su diócesis que en su ámbito se trate el matrimonio igualitario.

Para el arzobispo, no se puede aludir "a la teoría de género que pretende negar las diferencias biológicas entre el varón y la mujer, de modo que los alumnos puedan discernir rectamente y no sean arrastrados por este error".

El decreto de Aguer establece que “los textos y las explicaciones de los profesores y catequistas deben ajustarse siempre a aquellos instrumentos para mostrar a los alumnos, sin ambages, la verdad católica, con los métodos y actividades que correspondan a la edad de los educandos". 

“Prohíbo expresamente que en esta área tan delicada y bella se recurra como fuente de inspiración a la 'teoría de género' y a los textos que la sostienen”, indica Aguer en el decreto, en el que señala como bibliografía “puntualmente lo que he establecido en El orden del espíritu en la sexualidad. Aportes preliminares al ordenamiento de la educación sexual en la escuela”, un texto de su autoría.

La orden de Aguer, conocido por sus posturas reaccionarias, mereció el repudio de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), que consideró que el prelado “pretende convertirse en un legislador sobre los colegios católicos negando leyes nacionales de un estado democrático como la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género”.

La CHA también denunció que “su postura es una violenta discriminación que cada vez se intensifica más hacia nuestra comunidad LGBTTI. Públicamente sostuvo que 'la homosexualidad es una abominación', que sólo ordenaría sacerdotes heterosexuales y que 'las personas homosexuales están llamadas a la castidad'.

Aguer, quien alguna vez adjudicó los divorcios a los femicidios y a la pedofilia, y definió como “mágica” la cifra de los 30 mil desaparecidos, ha sido siempre la voz de los sectores más retrogrados de la Iglesia y se ha opuesto a la entrega de preservativos por parte del Estado.

“A la homofobia de Aguer le respondemos con nuestro orgullo y con las leyes conquistadas para seguir reforzando la diversidad que enriquece a toda la sociedad. Promovemos Estados laicos, impulsamos políticas públicas concretas, proponemos legislaciones inclusivas, luchamos por la libertad y la democracia sin ningún tipo de discriminación, contra todo fundamentalismo religioso y político, como el de monseñor Aguer”, respondió la CHA.

Quien también salió al cruce de la decisión de Aguer fue el candidato del Partido Justicialista a senador bonaerense Florencio Randazzo. “Nos oponemos a que se prohíba hablar en los colegios sobre derechos adquiridos como el Matrimonio Igualitario que es ley en nuestro país”, afirmó por Twitter el ex ministro de Interior y Transporte. Además, adelantó que "vamos a presentar una acción judicial para frenar esta prohibición, a favor de la libertad y la educación de miles de pibes platenses".

La Fiscalía Nacional denunció a Cataluña de sedición

LA DENUNCIA, PRESENTADA POR LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE ESPAÑA -MÁXIMA INSTANCIA PENAL-, APUNTA A LOS RESPONSABLES DE LA ANC Y ÒMNIUM, QUIENES PROMUEVEN Y APOYAN LAS MOVILIZACIONES EN RESPALDO DEL REFERÉNDUM UNILATERAL DE SECESIÓN, QUE FUE PROHIBIDO POR LA JUSTICIA. DESDE CHILE, SERRAT CRITICÓ EL REFERÉNDUM.

Tras la puesta en libertad de las últimas personas detenidas en relación con el operativo policial desplegado el miércoles contra el referéndum de secesión de Cataluña, la Fiscalía denunció ayer por "sedición" a los organizadores de las protestas callejeras en defensa de la votación, en una nueva ofensiva que pretende sofocar a los independentistas.

"Quieren que tengamos miedo, pero somos imparables", clamó Jordi Sánchez, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) al intervenir esta tarde ante cientos de manifestantes concentrados frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a los que pidió seguir adelante, ya no con las protestas en la calle, sino promoviendo la campaña del referéndum.

"En algo la Fiscalía tiene razón: incitamos a la movilización permanente, pero pacífica, porque no tenemos miedo", dijo por su parte Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural, la otra gran organización civil detrás del movimiento independentista.

“Que nadie lo dude, este fin de semana y hasta el 1 de octubre el pueblo de Catalunya saldremos a pegar tantos carteles, pancartas y banderas como nos dé la gana. Nadie nos tiene que decir lo que tenemos que hacer", añadió.

La denuncia, presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España -máxima instancia penal-, apunta a los responsables de la ANC y Òmnium, quienes promueven y apoyan las movilizaciones en respaldo del referéndum unilateral de secesión, que fue prohibido por la Justicia.

El artículo 544 del Código Penal español contempla penas de hasta 15 años de cárcel a quienes "se alcen pública y tumultuariamente" para "impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes", o para "impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

En su escrito, el Ministerio Público repasa los "incidentes" que se produjeron el pasado miércoles 20 de septiembre, cuando miles de independentistas se concentraron frente a la sede del Departamento de Economía catalán, donde la Guardia Civil española realizaba un allanamiento en el marco de un operativo contra los responsables de las logística del referéndum del 1º de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional por ilegal.

Según el Ministerio Público, durante la concentración, "individuos que no pudieron ser identificados", pincharon las ruedas de coches de la Guardia Civil, mientras "voluntarios de la ANC" impidieron que los agentes abandonaran el edificio con las personas detenidas.

La querella detalla cómo tanto el presidente de la ANC como el de Òmnium instaron a los manifestantes a una "movilización permanente, a favor del referéndum y contra las actuaciones para impedirlo".

La denuncia de la Fiscalía, que debe ser analizada por el juez Ismael Moreno, fue presentada unas horas después de que fueran libertadas las últimas seis personas que permanecían arrestadas en relación con el operativo del miércoles, que se saldó con 14 detenidos y que disparó la concentración multitudinaria de independentistas.

Todos los altos cargos catalanes quedaron en libertad, pero imputados de delitos de malversación, desobediencia y prevaricato, informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

A su salida del Palacio de Justicia de Barcelona, los dirigentes fueron vitoreados por cientos de manifestantes que se habían concentrado desde la mañana en el lugar para brindarles apoyo, entre gritos de "¡Votaremos!", "Fuera, fuera, fuera, la justicia española", "No están solos" y "Detenidos libertad".

"Amigos y compañeros que han sido liberados después de una detención injusta y abusiva: vuestra dignidad es su vergüenza", escribió el presidente catalán, Carles Puigdemont, en su cuenta oficial de Twitter.

Entre los liberados se encuentra el número dos del Departamento de Economía catalán, Josep Maria Jové, quien ayer fue destituido de su cargo en un acto de solidaridad del gobierno, para evitar que tuviera que pagar una multa de 12.000 euros diarios dictada por el Tribunal Constitucional español, debido a que desobedeció sus dictámenes al constituir la administración electoral.

Por el mismo motivo, también renunciaron los integrantes de la Sindicatura Electoral que crearon los independentistas para velar por el referéndum, quienes también debían asumir el pago de multas.

Puigdemont pidió el jueves a los catalanes que sigan defendiendo el referéndum, al tiempo que intentó despejar cualquier duda acerca de si su gobierno podrá llevarlo a cabo tras el golpe policial a la logística de la votación afirmando que tiene previstos "planes de contingencia para garantizarlo".

Pero mientras el gobierno catalán intenta sortear los obstáculos y la coerción del Ejecutivo de Madrid para evitar que el referéndum del 1º de octubre se lleve a cabo, en las calles se reproducen las protestas. Unos 3000 estudiantes universitarios tomaron ayer el emblemático edificio de la Universidad de Barcelona en defensa de las "libertades".

"A la vista de las movilizaciones tumultuarias, el gobierno decidió desplazar a Cataluña a diferentes refuerzos. La deriva de la situación en Cataluña deja claro que este referéndum se ha convertido en el de la CUP: antisistema, anticapitalista y antipatriarcal, como ellos dicen", dijo el vocero del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo.

El ministerio del Interior español había comunicado ya al departamento de interior catalán la decisión de desplazar a Cataluña "unidades de refuerzo" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En plena escalada de la tensión por el conflicto secesionista, cerca de 6000 agentes de las fuerzas de seguridad españolas fueron desplazados a Cataluña. La policía catalana, por su parte, cuenta con cerca de 17.000 efectivos.

Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó desactivar la página web desde la cual se podía consultar el padrón electoral para la votación soberanista, quien se sumó a la polémica fue Joan Manuel Serrat, de gira en Chile, junto con Ana Belén, Miguel Ríos y Víctor Manuel, para celebrar las dos décadas de la gira El gusto es nuestro. Consultado sobre la consulta, dijo que el referéndum “no es transparente”, dado que la convocatoria se realizó "a espaldas" de los miembros del Parlament que se oponían a ella.

Serrat criticó no sólo al gobierno autonómico, sino también al de Mariano Rajoy, “responsable de todo lo que está ocurriendo”. En su opinión, “a ambas partes les convenía mantener esta circunstancia para tapar unos años de recortes económicos y unos años de corrupción política muy grande, todo esto ha desaparecido del informativo”. El cantautor catalán advirtió, además, que se ha generado “una situación de una gran fractura social que, a mi modo de ver, va a costar muchísimo tiempo recuperar”.

Cristina con Víctor Hugo en AM 750: "El Gobierno apunta a la fractura social para poder imponer un ajuste"

DURANTE LA ENTREVISTA EN EL PROGRAMA DE VÍCTOR HUGO MORALES, LA EX PRESIDENTA Y CANDIDATA A SENADORA POR UNIDAD CIUDADANA AFIRMÓ QUE LA ADMINISTRACIÓN MACRIFASCISTA "QUIERE CONSTRUIR UN ENEMIGO INTERNO" Y HABLÓ DE LA DESAPARICIÓN DE SANTIAGO MALDONADO. TAMBIÉN SE REFIRIÓ AL CASO DE ROBERTO NAVARRO Y ADVIRTIÓ SOBRE EL "BLINDAJE MEDIÁTICO" QUE TIENE MACRI Y LOS INTENTOS DE SILENCIAR LAS VOCES OPOSITORAS.

La ex presidenta y candidata a senadora por Unidad Ciudadana (UC), Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó al régimen macrifascista por “querer construir, como en los viejos tiempos de la doctrina de seguridad nacional, la figura del enemigo interno” tanto con la comunidad mapuche como con los sectores que se oponen a sus políticas, “ya sea peronista o kirchnerista”. 

“Uno se levanta todos los días con algo brutal”, expresó la CFK durante una entrevista en los estudios de AM 750 con el programa “La Mañana”, conducido por Víctor Hugo Morales, al referirse a la quema de viviendas de la comunidad Vuelta al Río, ocurrida anteanoche en Chubut.

“Cuando vi las fotos de las casas incendiadas pensé que todo tiene que ver con todo”, reflexionó la ex mandataria y vinculó este hecho a otros similares en que las fuerzas de seguridad actuaron contra manifestantes. Citó como ejemplo “la cacería de mujeres” durante la última marcha por Ni Una Menos, las detenciones arbitrarias tras el reclamos por la aparición de Santiago Maldonado en Plaza de Mayo y los “incidentes” ocurridos luego del pedido de aparición de Julio López, en la ciudad de Buenos Aires.

También citó “el caso del pibe que escribió por Twitter (una amenaza contra Mugrizio Macri) y estuvo preso”, al igual que la mujer con problemas psiquiátricos que también “fue detenida en una clínica” por un hecho similar. 

“Me preocupa que la sociedad comience a naturalizar estas cosas”, reflexionó la candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones de octubre.

En este sentido, analizó que la estrategia del régimen “para poner en marcha su modelo económico” neoliberal tiene tres ejes: “la fractura social, el mensa permanente de la mentira política y la división de la oposición política".

Ante este contexto, convocó a la sociedad “a abrir los ojos y parar la oreja” para interpretar las señales que dan las políticas aplicadas durante la administración de la alianza de derecha Cambiemos. “Si la gente no advierte esto, van a pasar cosas peores”, dijo en referencia a las detenciones ocurridas durante las movilizaciones o por expresiones de rechazo al gobierno nacional. “¿No tienen miedo de pasar por una manifestación y que te lleven preso?”, preguntó al recordar las detenciones a transeúntes durante la marcha por Maldonado.

“¿No tienen miedo de subir algo al Facebook y que te metan preso?”, agregó sobre la detención del matrimonio acusado de haber enviado un sobre bomba a Indra y en cuyas redes sociales había posteos con elogios al Indio Solari y Néstor Kirchner. “Que pasen estas cosas en democracia es muy grave”, advirtió y añadió que “la gente tiene que pensar que lo que le pasó a otros le puede pasar a ellos también. Pensá que cuando más gente pierda el trabajo, más riesgos hay de que pierdas tu trabajo”.

Respecto de la desaparición de Santiago Maldonado lanzó una crítica por elevación al viceministro de Seguridad, Pablo Noceti, quien está señalado por haber direccionado el operativo de represión de la Gendarmería, luego del cual desapareció el joven de 28 años. “Si un funcionario dice que, hagas lo que hagas, te va a meter preso y te va a judicializar, ese hombre, en privado con las fuerzas de seguridad, ¿qué órdenes habrá dado?”, se preguntó y, además, criticó a Macri por no haberse pronunciado sobre la desaparición: "el Presidente no ha dicho nada".

Además, diferenció la actual política sobre los pueblos originarios de la que puso en marcha durante su gobierno. “A nosotros jamás se nos ocurrió vincular a los qom con la guerrilla kurda”, dijo en alusión a los reclamos permanentes que esa comunidad hizo sobre derechos territoriales y hostigamiento en la provincia de Formosa. “Podíamos no estar de acuerdo con ellos, pero jamás la persecución", agregó.

“Estamos ante un gobierno que, como en los viejos tiempos de la doctrina de seguridad nacional, quiere construir la figura del enemigo interno”, remarcó y puntualizó que el objetivo que se persigue con esto es “la necesidad de que haya una fractura social para poder imponer su plan” económico.

Para Cristina, en la actualidad “tenemos un presidente más de spots publicitarios” que de “trabajo diario” por los problemas de los sectores más vulnerables. “El que más trabaja es (el ministro de finanzas Nicolás) Caputo: todo el día emitiendo bonos de deuda”, ironizó. En medio de este “endeudamiento permanente”, el régimen “pivotea sobre la fractura social, le mentira permanente de la propaganda política y la fracción de la oposición”, insistió la ex jefa de Estado.

También advirtió sobre el "blindaje mediático" que tiene el macrifacismo y señaló que la salida de Roberto Navarro de C5N y Radio 10 "no puede entenderse como un hecho aislado. Hay que verlo como parte del ahogo financiero y judicial sobre los medios que tienen una voz diferente, que son alternativos". En ese punto se refirió Página/12 y atribuyó las presiones de parte de la administración macrifascista a las numerosas denuncias que el diario presentó desde sus tapas sobre los familiares, amigos y asociados del presidente que ocuparon lugares destacados en la lista de personas que se acogieron al blanqueo de bienes no declarados.

Respecto a las últimas elecciones primarias a senadores en la provincia de Buenos Aires en las que derrotó al candidato de la alianza de derecha Cambiemos, Esteban Bullrich, resaltó que los resultados de los comicios “revelan que hay un voto de confianza de la mayoría contra el ajuste" porque de cada tres bonaerenses, dos no están de acuerdo la política económica actual. También destacó que, en ese marco, Unidad Ciudadana es el espacio que “más confianza” le genera al elector de que ejercerá la oposición.

Sobre de su postulación a senadora nacional, definió que “lo que a mí me importa es pasar por la vida dejando algo, ideas, testimonio de que se puede hacer cosas diferentes”. En este sentido, se expresó a favor de debatir con sus principales oponente, Florencio Randazzo (Frente Justicialista), Sergio Massa (1País) y Bullrich. No obstante, dejó claro que “no hay que hacerlo a través de empresas privadas sino en universidades” públicas. “Ese es el ámbito y hay que discutir de las cosas que le interesan a la sociedad”, planteó.

A la hora de analizar su rol como cabeza del Poder Ejecutivo durante ocho años, Cristina dijo que “nunca sentí que tenía el poder” y explicó que, en su opinión, un presidente de la Nación “podría tener el 20 ó 25 por ciento” de la cuota total del poder de un país. “El otro 75 lo tienen las corporaciones económica nacionales e internacionales, que con un movimiento de capitales te vacían el país de un momento a otro”, fundamentó y agregó que “si yo hubiera sido un dispositivo del poder, no hubiese tenido ningún problema”.

En el mismo tono, al analizar la situación de los partidos políticos desde el advenimiento del macrifascismo, La ex mandataria interpretó que en la actualidad “hay una representación política vacante” que no tiene que ver con la variedad de movimientos políticos sino con una tendencia “de la sociedad a personalizar (su postura política) en dirigentes”.

Un párrafo aparte le dedicó a las causa judiciales abiertas en el marco de la persecución política en su contra y se refirió al caso de Víctor Manzanares, “el contador de nuestra familia que no tiene nada que ver con política” y que, sin embargo, está detenido en el marco de la causa Los Sauces.

Durante la entrevista con Víctor Hugo Morales, se refirió a su relación con el Papa Francisco, que fue fluida en comparación con la que el pontífice tiene con Macri. Con Jorge Bergoglio, dijo, “tuvimos charlas comunes de nuestro barrio, que es la Argentina”. Con él “hay gestos y conversaciones, más cosas de las que charlar” por el hecho de que ambos “somos el mismo país” y “tenemos una mirada similar sobre los problemas” que generan “el neoliberalismo y la teoría del descarte”, por ejemplo.

Por otra parte, también habló sobre el debate por la legalización del aborto para todos los casos. Reiteró que su posición sobre el tema “ya es conocida” y contraria despenalización, aunque reconoció que seguramente “el Congreso va a receptar el tema cuando la sociedad lo discuta, independientemente de la postura que tengamos” los dirigentes. “Creo que la sociedad aún no lo ha procesado y siento que el proceso (de debate parlamentario) sería violento y de enfrentamiento”, dijo y reconoció que “por ahí estoy equivocada”.

Al referirse al tema recordó su experiencia personal de haber perdido un embarazo producto de “un aborto espontáneo en el sexto mes”. Calificó a esa experiencia como “traumatizante” y reconoció que esa experiencia la “marcó en lo personal”.

No obstante, agregó, “me gusta convencer y me dejo convencer de las buenas ideas” y en este sentido elogió que ese tema esté incluido en las demandas del Ni una Menos. “Veo que (ese movimiento) se fue transformando también porque las mujeres entendieron que su sujeción al patriarcado tienen que ver con un modelo político y económico”, remarcó.