ADEMÁS, PROPONEN BONIFICAR EL 20% DE LA TARIFA DE LUZ A LAS INDUSTRIAS, PERO LOS GOBERNADORES NO ESTÁN SATISFECHOS.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibió ayer, junto con los CEOs de Energía y Transporte, Juan José Aranguren y Guillermo Dietrich, a los representantes de las provincias del Centro y el Norte del País. En la reunión en la Casa Rosada, analizaron una propuesta alternativa para acotar el impacto de los aumentos de gas y de luz.
En el encuentro las autoridades nacionales transmitieron la decisión de Macri de rever los cuadros tarifarios anunciados y establecer nuevos topes al aumento de gas del 400% para usuarios residenciales y del 500% para comercios y pymes. Además trascendió que acordaron retrotraer el cuadro tarifario para los que usuarios que califican a la tarifa social.
"En los clubes de barrio, la Secretaría de Deportes implementará un subsidio para aquellas instituciones que cuenten con hasta 2.000 socios, hasta tanto se reglamente la Ley 27.098 de 'Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo'. El Gobierno nacional está trabajando en la reglamentación de la Ley 27.218 de 'Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público'. Mientras tanto, a estos segmentos de usuarios también se le aplicará el tope de 500% de aumento en el servicio de gas en todo el país", explica un comunicado oficial.
Para las industrias, el Ejecutivo Nacional propuso una bonificación del 20% del aumento de la tarifa de luz a las 400 industrias electro intensivas, pero no hubo modificaciones para los usuarios residenciales y pymes como reclamaron ayer los diputados provinciales al jefe de Gabinete, Marcos Peña, de aquellos distritos electro-dependientes como el norte de Santa Fe, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.
Para estas provincias, y solo "para los que cumplen los requisitos para recibir las Tarifa Social Federal", se duplica "su umbral de consumo gratuito de 150 KwH/mes a 300 KwH/mes a partir del 1 de junio de 2016", aclararon desde el Ministerio del Interior.
Al respecto las repuestas fueron disímiles. Por ejemplo, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, saludó la decisión del régimen de dar marcha atrás con los aumentos en el de gas para usuarios residenciales comprendidos dentro de la tarifa social y la fijación de nuevos topes para las pymes y comercios.
El novio de Isbal Macedo precisó que en este nuevo contexto “más del 30 % de los salteños no pagará aumento de gas porque accedieron a la tarifa social” y detalló que en la provincia se hizo una fuerte campaña informativa para que los consumidores pudieran acceder al beneficio.
"Los aumentos siguen siendo altos y deberían haberse implementado de forma progresiva a efecto de dar previsibilidad, pero se estableció una mesa de diálogo para evitar que se pierdan fuentes de trabajo por el aumento", indicó el mandatario salteño.
Mientras tanto, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, se mostró poco satisfecho y señaló que la propuesta "es mejor que nada". Además aclaró que "el nuevo cuadro tarifario de electricidad para los residenciales no tuvo ninguna modificación".
Puntualmente el Fiscal de Estado puntano, Eduardo Allende, que asistió en representación del gobierno de Alberto Rodríguez Saa, rechazó la nueva propuesta y anunció que insistirá con el recurso de amparo que otorgó el juez federal de San Luis, Juan Maqueda, que establece que en los casos que se emitieron las facturas, "hay que dejarlas sin efecto y también los cortes (que se hubieran dispuesto a raíz de la falta de pago) y se refacture el servicio al precio anterior a este aumento" y podrán incrementar el precio del servicio "hasta un 70% como máximo de lo que fue la última factura".
Sin embargo, la propuesta de los ministros no dejó contentos ni a los empresarios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ni al Gobierno de San Luis, que ya adelantó que optará por proseguir por la vía judicial.
Según especificó Allende, Frigerio admitió que "el presidente Mugrizio Macri está dispuesto a pagar el costo político de dar marcha atrás" con el aumento tarifario, pero la nueva propuesta "sigue siendo irracional para San Luis porque tenemos innumerables reclamos de usuarios particulares, comercios, industrias y pymes, que no pueden pagar esos montos de un plumazo".
"San Luis reconoce que existe un atraso tarifario, pero le reclamamos al Gobierno que el aumento sea gradual, porque no hay familia ni industrias ni pymes que puedan soportar tal nivel de aumento", señaló Allende en declaraciones a la prensa al término del primer encuentro.
"Le propusimos al gobierno que el ajuste sea gradual, 70 % en la primera factura y así sucesivamente para que todos los usuarios puedan afrontar el aumento", indicó Allende, quien dijo que ante la negativa del Gobierno a esa propuesta "la provincia insistirá con el recurso de amparo".
En lo que a los sectores productivos se refiere, el Secretario de Industria Martín Etchegoyen, destacó que “estamos satisfechos por haber logrado acuerdo sobre gas y energía eléctrica, dos insumos vitales para la industria. En el Ministerio de Producción sostenemos un diálogo permanente con las empresas, escuchando las necesidades de las industrias y buscando soluciones para mejorar su productividad y competitividad durante el proceso de normalización de la economía. Cuidar el empleo es actualmente una prioridad para todo el gobierno y en ese sentido trabajamos en equipo con todo el gabinete”.
No obstante, la CAME discrepó con Etchegoyen e insistió en que la propuesta del régimen macrifascista es insuficiente y que el único camino es la gradualidad. Al respecto, explicaron que "el problema es sencillo: el comercio, la industria, los servicios, el agro, atraviesan una coyuntura muy delicada donde las ventas están cayendo a niveles insostenibles, con muchos empresarios analizando la posibilidad real de cierre o achicamiento".
El impacto sobre los empresarios pymes en sus costos de producción de las subas "aun implementando un tope de 500%" es tal que "muchas empresas quedarían fuera de mercado y competencia y se verían obligadas a replantear su negocio", remarcó la institución que pidió que la suba sea gradual teniendo en cuenta tres categorías de firmas en función de la incidencia de la luz y el gas en sus costos: baja, media y alta incidencia.
De la reunión, participaron además los gobernadores del Chaco, Domingo Peppo; Corrientes, Ricardo Colombi; Misiones, Hugo Passalacqua; Formosa, Gildo Insfrán; San Juan, Sergio Uñac; La Rioja, Sergio Casas; Tucumán, Juan Manzur; Jujuy, Gerardo Morales; Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala; y Catamarca, Lucía Corpacci.
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