El jefe del bloque de senadores del oficialismo calificó ayer como "de gravedad institucional" el fallo judicial que declaró la inconstitucional del memorándum de entendimiento con Irán y advirtió que el país "está entrando en el gobierno de los jueces".
En un comunicado, Miguel Ángel Pichetto consideró que "este grave precedente afecta el principio incorporado a las prácticas del Poder Ejecutivo en todos los estados del mundo".
Explicó que "en los sistemas jurídicos siempre se respeta el principio de deferencia, es decir, que la iniciativa y la resolución de política exterior no puede ser revisada, mucho menos, cuando ha recibido, como en este caso, la aprobación del Congreso Nacional".
Pichetto recordó también que, tal como lo establece el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución, "corresponde al Congreso Nacional aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones, que es lo que nosotros hicimos".
Asimismo, detalló que "esto tiene correlato con el inciso 11 del artículo 99 que establece que el Presidente de la Nación tiene la atribución de concluir y firmar tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las naciones extranjeras".
El senador remarcó que "en ningún caso sería admisible el planteo de estas cuestiones en el ámbito del Poder Judicial, sencillamente porque no tiene competencia para resolverlas".
"El control de constitucionalidad ha sido desbordado nuevamente con grave perjuicio para los intereses del país", alertó, al tiempo que recordó que "las atribuciones del Poder Ejecutivo para suscribir el memorándum surgen de la propia Constitución Nacional, y las negociaciones que lleva adelante se encuadran claramente dentro de los límites establecidos en el artículo 27".
Este artículo "establece que el Gobierno federal debe afianzar las relaciones con los otros países por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público", explicó.
De hecho, recordó que "en esos términos lo planteó el juez Rodolfo Canicoba Corral al declarar improcedente el amparo contra el memorándum de entendimiento".
"En esa oportunidad -precisó- el magistrado sostuvo que no se aprecia la existencia de una manifiesta ilegalidad en la acción desarrollada por el Poder Ejecutivo sino que la negociación tendiente a coadyuvar en el avance de un proceso a través de la cooperación judicial internacional se encuentra dentro de los límites impuestos por la manda constitucional del artículo 27".
El senador insistió en que "este fallo es otra clara intromisión del Poder Judicial en cuestiones reservadas exclusivamente al Poder Ejecutivo Nacional" y agregó que esta semana ocurrió algo similar cuando otra Cámara reabrió la investigación sobre el decreto que hizo posible la alianza entre YPF y Chevron.
"Este otro fallo -señaló- tiene repercusiones internacionales que pueden comportar un daño muy grande a la Argentina, y atenta indudablemente a las posibilidades de nuestro país de seguir consiguiendo inversiones para la principal área petrolera y gasífera que tenemos que es Vaca Muerta".
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