La letrada que representó al Estado en su audiencia ante la Corte Suprema de Justicia dijo que el fallo del martes debe cumplirse "sin perjuicio del reclamo que pueda hacer ante organismos internacionales, que no tiene efecto suspensivo".
En declaraciones radiales, agregó que el holding "debe pasar por una adecuación de oficio”, ya que no la hizo en los plazos que determinaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y aclaró que el proceso que se inicia a partir de la declaración de su constitucionalidad plena "no significa una invasión bárbara ni un desembarco en Normandía, como algunos dicen".
"El proceso que se inicia a partir del fallo es más reglado y más estricto. Es un proceso aislado donde interviene la autoridad de aplicación (AFSCA) con mayor injerencia y mayores potestades, al haber concluido las instancias de la adecuación voluntaria", consignó Peñafort, que fue parte del equipo que representó al Estado en la audiencia pública que la Corte convocó el 29 de agosto pasado para escuchar las posiciones de ambas partes respecto a la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161 de la norma, que el grupo mediático cuestionaba.
La abogada explicó también que en la justicia argentina "la Corte tiene la última palabra", por lo tanto, destacó, "la ley es constitucional".
En este marco, señaló que el máximo tribunal "demostró que es independiente de los poderes políticos, pero también de los económicos" y le respondió a quienes la cuestionan: "cuando la Corte va en contra de una medida que toma el gobierno, es independiente; ahora, cuando se toca un sector de interés, son los cuatro jinetes del Apocalipsis".
Asimismo, dejó claro que la norma sancionada hace cuatro años "cumple con los estándares de libertad de expresión establecidos en el sistema interamericano" y agregó que "mucha de la doctrina del sistema interamericano forma parte de la ley".
Incluso, recordó que "los organismos internacionales han tenido expresiones elogiosas respecto a esta ley" y asumió que si el Grupo Clarín elige ese camino para reclamar por la ley de medios ante esos organismos, "la vía será de difícil recorrido" para el holding.
De todos modos, dejó claro que "si Clarín se siente afectado, es un saludable ejercicio democrático que acuda a las vías disponibles".
En cuanto a la pauta publicitaria oficial, Peñafort sostuvo que "el tema merece un tratamiento autónomo, desprovisto del objetivo de entorpecer" y explicó que "la pauta oficial es una herramienta del Estado para comunicar cosas que necesitan conocer los ciudadanos y que además tiene que hacerlo por deber republicano de dar publicidad a los actos de gobierno".
En cuanto a los criterios de distribución de la pauta oficial, dijo que a su juicio "el criterio del rating no es necesario (para medios audiovisuales)", así como tampoco el de "la circulación" (prensa gráfica).
"Estos criterios me parecen insuficientes para garantizar la publicidad de los actos de gobierno", dijo y agregó que uno de los criterios que a su juicio pueden funcionar es en el que "el eje de la distribución sea a quien se quiere llegar con determinados mensajes".
Para graficar, citó el ejemplo de una licitación internacional y una campaña de vacunación contra enfermedades endémicas en el litoral, noticias que requieren diferentes medios.
Peñafort dejó claro que "la autoridad de aplicación de la ley de medios forma parte de la estructura del Estado", pero que "sus decisiones son independientes y están basadas en parámetros técnicos y legales".
Finalmente, destacó que la ley de medios "presenta una mejora en cuanto a calidad institucional e independencia", al dejar atrás una ley de la dictadura que tuvo vigencia durante los últimos 30 años.
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