El titular del gremio camionero y de la CGT disidente está siendo investigado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), por el presunto delito de vaciamiento del Sindicato y de la Obra Social de Camioneros, por un monto superior a los 500 millones de pesos, hecho que alcanza además a varios miembros de su familia.
Moyano, al igual que su hijo Pablo y su actual mujer Liliana Zalut, entre otros familiares, están involucrados en un informe que el Área de Delitos contra la Administración Pública de la Procelac recibió de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El informe señala que "del material analizado por la UIF se observa la existencia de una ingeniería empresarial en la que parte de los fondos que salen de la Obra Social de Camioneros y del Sindicato de Choferes de Camiones retornarían al Grupo Familiar de Moyano a través de las compañías que se encuentran dirigidas por personas de su entorno".
La investigación de la oficina antilavado se puso en marcha una vez que un banco muy importante le advirtió a la UIF que existía una triangulación de dinero que ingresaba proveniente de la obra social y el sindicato de camioneros y volvían al entorno familiar a través de una serie de empresas, controladas por la propia familia Moyano.
Los investigadores volcaron su análisis en un trabajo de casi 30 carillas en el que describieron los procedimientos y la conformación de las sociedades empresariales que operaron distintas cuentas bancarias por un monto aproximado a los 570 millones de pesos.
Entre las personas involucradas, además de Hugo y Pablo Moyano, destacaron la participación de Valeria Salerno, hija de la esposa de Hugo Moyano, y Christian Asorey, hijo de Vicente Asorey, quien también está en la mira de la investigación junto con Omar Andrés Perez, el secretario General de la Asociación de Camioneros Profesionales y Conductores de Vehículos de Cargas.
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