El interbloque de concejales de “Honestidad y Trabajo”, encabezado por Daniel Ivoskus, presentó una denuncia judicial contra el intendente Gabriel Katopodis por supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Según establece el artículo 248 del Código Penal, de resultar culpable, el mandatario comunal podría ser castigado con hasta dos años de prisión e inhabilitación de cuatro años para ejercer cargos públicos.
La presentación judicial, radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 de los Tribunales de San Martín, se sustenta en la suspensión preventiva del Concejo Deliberante decretada por el mandatario comunal el pasado 2 de agosto.
Es que, ante el cambio de autoridades del recinto, el intendente decidió interrumpir en cada Secretaria el tratamiento de expedientes emanados del cuerpo legislativo a la espera de la resolución de la Corte Suprema bonaerense, que terminó avalando el 14 de agosto la presidencia de Alejandro Phatouros.
Por lo tanto, Ivoskus consideró que “desde la vuelta a la democracia hasta la fecha no hemos encontrado un acto tan antidemocrático como la firma de ese decreto” y que “esto tiene una gravedad que excede a la política”.
El principal argumento para la denuncia a Katopodis gira en torno a que la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó la presentación del ejecutivo y sentenció que “no existe una grave situación de conflicto que justifique la intervención del tribunal” y que “por lo tanto, rechaza la presentación efectuada”.
A pesar de las resoluciones judiciales el Concejo Deliberante continúa paralizado lo que, según el concejal Ivoskus, imposibilita la concreción de distintas obras necesarias para el partido de San Martín. “No hablamos de discusión entre políticos sino de solucionar los problemas de la gente”, enfatizó.
En la denuncia, los ediles destacan que la disposición de Katopodis es "un acto arbitrario, injusto e ilegal, con un claro avance sobre las facultades del Concejo Deliberante, impidiendo el normal desarrollo de sus actividades hasta el día de la fecha".
La medida configura "un proceder preventivo jurisdiccional improcedente, una mueca imposible de medida cautelar; tal inobservancia y elucubración argumentativa justificante cayó de bruces ante la efectiva sentencia de la Corte Bonaerense recaída días después".
El documento de denuncia además sostiene que en muchos considerandos del decreto del intendente "se vislumbra el falaz, temerario y malicioso argumento de las medidas a adoptar, como considerar favorable el planteo sobre la posibilidad de un golpe institucional, tan audaz como doloso".
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