Macri benefició a dos empresas de Clarín investigadas por lavado

Son PRIMA y CMD, incluidas en el listado que la justicia envió a Suiza para corroborar maniobras delictivas. Una recibió un negocio de U$S 274 millones para proveer netbooks a colegios; la otra percibe los mismos beneficios fiscales que una pyme por instalarse en el "Distrito Tecnológico.

Mugrizio Macri y José Aranda -vicepresidente del Grupo Clarín-

En el marco de la "megacausa" que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión tributaria, la justicia argentina envío recientemente a organismos de Suiza y Estados Unidos una extensa nómina de individuos y empresas con el objetivo de constatar si tienen cuentas del Banco JP Morgan en paraísos fiscales. 

Entre las compañías del Grupo Clarín incluidas en el listado sobresalen –además de las radicadas en Panamá– dos que fueron recientemente beneficiadas con suculentos negocios por el procesado jefe de gobierno porteño, Mugrizio Macri. Se trata de PRIMA SA, firma que se hizo con una millonaria licitación, donde, curiosamente, fue la única preseleccionada, y de Compañía de Medios Digitales (CMD), que se vio beneficiada con importantes exenciones fiscales y diferentes tipos de créditos para radicarse en el denominado "Distrito Tecnológico" ubicado en Parque Patricios.

"Primera Red Interactiva de Medios Argentinos (PRIMA)" ocupa el lugar número 370 dentro de la lista de 469 de personas físicas y jurídicas que el juez Sergio Torres, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Nº 12, remitió a organismos de control internacionales. 

Según detalla en su propia página web, se trata de una compañía creada en 1989 para dar respuestas a las "necesidades integrales de comunicación de un mercado cada vez más competitivo". En 1998 fue adquirida por el Grupo Clarín para dedicarse a brindar servicios de Internet, y controla, entre otras firmas, a Flash, encargada del servicio de banda ancha del holding. 

En marzo de 2011, el alcalde porteño benefició a PRIMA con un contrato de U$S 274.320.480 para un lapso de cinco años, un negocio millonario que permite conjeturar que en el blindaje mediático al jefe del PRO por parte de Clarín hay algo más que afinidad política. 

La licitación, convocada para el 19 de octubre, tenía por objetivo la provisión de netbooks a alumnos y docentes de las escuelas públicas de Capital, e incluía el servicio de conectividad inalámbrica para 217 colegios y con cable para 504 como parte de la iniciativa "Proyecto Quinquela", que incluye software de base, capacitación y mantenimiento. Lo curioso es que, aun tratándose de un negocio sumamente interesante, PRIMA fue el único oferente, en un proceso que levantó sospechas y cuestionamientos de principio a fin por parte de legisladores de la oposición y especialistas en telecomunicaciones. Según consta en la resolución firmada por el ministro de Educación Esteban Bullrich y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires del 18 de marzo de 2011, la Comisión de Evaluación de Ofertas se reunió el 4 de marzo de ese año para evaluar las ofertas presentadas y en tiempo récord determinó la admisibilidad "de la única oferta presentada por PRIMA, empresa que hasta ese momento no presentaba demasiada actividad en el mercado.

Las principales críticas desde la oposición tenían como eje el excesivo costo que significaba para el erario público el programa preadjudicado al Grupo Clarín, hecho que incluso motivó una presentación en la justicia por parte del ingeniero Claudio Ariel Garbarz, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), quien acusó a Macri por malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

A partir de la comparación entre los precios consignados en la licitación y los vigentes en el mercado, el especialista concluyó en su presentación judicial que "en las peores condiciones económicas para el erario público de la Ciudad de Buenos Aires esta contratación se servicios y equipamientos informáticos integrales no puede superar los U$S 82.050.000. Sin embargo fue preadjudicada en U$S 274.420.480 dólares, más de 3,3 veces el precio más caro de plaza. Semejante sobreprecio comparativamente resulta récord en la historia de las contrataciones informáticas del Estado".

Garbarz no es un improvisado en este tipo de menesteres. En sus más de tres décadas de investigador y docente –es profesor de la Universidad de Buenos, fue autor del primer informe presentado ante la justicia acerca de los sobreprecios en el contrato IBM-Banco Nación a pedido del entonces juez federal Adolfo Bagnasco en 1995, en lo que fue tal vez uno de los mayores escándalos de corrupción de la década menemista. 

Legisladores como Gabriela Cerruti descubrieron en su momento estos sobreprecios en el pliego licitatorio, pero hay otros datos oscuros: Macri benefició a una empresa sospechada de lavado, que no fabrica las netbooks y que hizo otra licitación interna para cubrir, con los impuestos de los porteños, el costo de compra de los equipos. Si bien no se sabe con exactitud cuál será el plazo que se tomarán las autoridades de Suiza y Estados Unidos para responder la medida de prueba solicitada por el juez Torres, de constatarse fehacientemente la existencia de cuentas y movimientos de dinero no declarado por parte de PRIMA podría –eventualmente– interrumpir la concesión del servicio, según anticiparon fuentes cercanas a la causa.

Pero esto no es todo. Además de pertenecer al Grupo Clarín y estar incluidas en la lista de empresas sospechadas de lavado, PRIMA y CMD trasladaron en 2010 sus instalaciones al denominado "Distrito Tecnológico" de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en los barrios de Parque Patricios y Nueva Pompeya. 

Inspirada en los ejemplos de Barcelona y Shangai, el objetivo principal del Distrito es "posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como la capital latinoamericana de la tecnología", para lo cual otorga un importante conjunto de beneficios impositivos. Entre estos se cuentan la exención del pago de ingresos brutos por dos años y ABL por diez años, así como el pago de los impuestos de sellos, la posibilidad de diferir  por impuestos para ser invertidos en obras, más incentivos fiscales en materia de derechos de alineación y construcciones por un plazo de diez años. Incluso los empleados que decidan mudarse al interior del distrito están exentos de pagar ABL durante una década, a la vez que tienen disponibles líneas de créditos a tasas preferenciales. 

En pocas palabras, a una supuesta empresa investigada por lavado de activos y fuga de capitales se le otorgó un esquema a medida de una pyme, que además le facilita créditos hipotecarios del Banco Ciudad a una tasa más que conveniente.

El principal grupo de medios del país desembarcó en el Distrito Tecnológico el 15 de noviembre de 2010, cuando mudó las oficinas de Compañía de Medios Digitales (CMD), el segmento dedicado a los negocios digitales del holding y que incluye a MasOportunidades.com, ClubCupón, TN.com, VíaRestó y Ubbi, entre otras firmas. Fue un espaldarazo político a la iniciativa promovida por el jefe del PRO, quien participó en persona del corte de cintas inaugural del edificio de tres pisos ubicado en Colonia 170 de Parque Patricios. 

Las obras de construcción para la mudanza de CMD SA –firma que ocupa el lugar 113 en el listado de empresas enviado a Suiza– demandó una inversión total $ 16 millones, según informa el propio matutino en su edición del día siguiente, y fue en parte financiada por el Banco Ciudad que preside el economista Federico Sturzenegger.  Si finalmente la justicia corrobora la existencia de maniobras fraudulentas, CMD habrá tenido el privilegio de participar en los dos extremos del negocio financiero: beneficiarse con quitas fiscales y evadir impuestos que sí le correspondían tributar. Lo que se dice un combo completo.