LA DESTITUIDA MANDATARIA ASEGURA QUE LA ACUSACIÓN ESTUVO FUNDADA EN LA ILEGALIDAD Y SU DEFENSA PRESENTÓ AYER UNA APELACIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO EN LA QUE DEMANDA LA ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN DEL SENADO.
Después de la votación del miércoles, en la que 61 senadores se expresaron a favor de la destitución de Dilma Rousseff, la ahora ex mandataria se presentó ante la justicia como querellante.
La defensa de Rousseff ya había anunciado su intención de formular diversos recursos contra el proceso y solicitó la anulación de esa votación, al menos hasta que la propia Corte Suprema se pronuncie sobre los principios legales en que se apoyó la condena.
Según los abogados de Dilma, los cargos formulados estaban basados en dos artículos de una ley en vigor desde 1950 en la que se definen los "delitos de responsabilidad" que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
Pero la defensa sostiene que esos artículos "no son compatibles" con la Constitución de 1988, que, desde su punto de vista, "no incorporó" plenamente el texto legal que los contiene, conocido como "Ley de Impeachment".
La demanda está en manos del magistrado Teori Zavascki, quien no tiene un plazo legal para pronunciarse sobre si la demanda será llevada al pleno de la Corte Suprema; cuyo presidente, Ricardo Lewandowski, dirigió la etapa final del juicio contra Rousseff.
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