La Municipalidad de la capital cordobesa informó que hay seis viviendas en condiciones de ser demolidas tras los daños causados por la explosión. La tarea comenzará cuando lo autoricen los dueños.
El subsecretario de Desarrollo Social municipal, Walter Ferreyra, dijo que con el permiso de los habitantes de cada inmueble se procedería a su demolición para evitar futuros inconvenientes, aunque advirtió que "no es un trámite sencillo".
"No es que queramos demoler las viviendas, pero hay casos en que corre peligro la vida de sus habitantes. Estamos juntando todos los papeles de Catastro y terminamos un estudio con especialistas", aseguró y remarcó que "si las familias lo autorizan, se procederá a demoler seis viviendas".
La explosión, que se produjo alrededor de las 21 del jueves pasado en la sede de la firma Raponi Industrial Química, ubicada en Avellaneda al 2900 de barrio Alta Córdoba, a unas 30 cuadras del centro de la ciudad, alcanzó a unas diez manzanas a la redonda, lo que afectó viviendas y locales comerciales y dejó más de 60 heridos.
El martes a la noche, varios damnificados manifestaron sus quejas por las demoras en la reparación, principalmente por las aberturas rotas que no permiten a los habitantes de la zona cerrar sus casas.
En el caso interviene la fiscal de Instrucción Eve Flores, quien ayer reiteró que aguarda los informes finales de los peritajes a cargo de Bomberos y Policía Judicial para en base a ello tomar las medidas procesales correspondientes.
El expediente tiene dos detenidos: el dueño de la empresa, Sergio Hilton Raponi, y el responsable técnico de la planta, Javier Lagares, ambos imputados por "estrago culposo agravado".
De acuerdo a datos preliminares del informe de Bomberos, el calentamiento de una máquina sería el origen de la explosión, que se produjo en el interior de la fábrica, donde había productos inflamables como alcohol etílico, pese a que la firma no tenía autorización para almacenar ese tipo de sustancias.
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