La Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura porteña exigió al gobierno de la Ciudad que respondan por separado los cinco pedidos de informes elevados por los diputados locales sobre los controles y exenciones impositivas a la empresa Iron Mountain.
"Reclamamos respuestas claras, de cada organismo del Gobierno de la Ciudad y a la brevedad. La respuesta del Ejecutivo a nuestro pedido anterior tardó 11 meses, consta de 500 páginas y hay muchas repreguntas que queremos hacer", señaló el diputado del Frente para la Victoria, Gabriel Fuks durante la reunión de Comisión.
Paula Villalba, legisladora del PRO que presidió la reunión ante la ausencia de la titular, Paula Oliveto Lago (Coalición Cínica), se comprometió "a gestionar ante los funcionarios que las respuestas oficiales lleguen a la brevedad".
"Si esto no ocurre, debemos llevar al recinto al director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad (AGC), José Gómez Centurión, para que explique las inspecciones realizadas al depósito" incendiado, sostuvo Fuks.
Asimismo, el diputado porteño ratificó que presentará un proyecto de declaración "para que se suspendan las exenciones impositivas que goza en este momento Iron Mountain, hasta que las investigaciones terminen su curso".
Ante esto, Villalba aseguró que el beneficio impositivo "es para la sede que la empresa tiene en el Distrito Tecnológico, ubicado en Parque Patricios, no para las otras dos sedes".
Al ser consultada sobre porqué esa empresa de archivo documental forma parte de un proyecto destinado a emprendimientos tecnológicos, la legisladora del oficialismo porteño respondió que "allí hacen desarrollos informáticos, mientras que en las otras dos sedes tienen archivos en en papel".
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| Gabriel Fuks, legislador porteño por el Frente para la Victoria |
Iron Mountain es una empresa que se dedica a la protección y archivo de documentación en 35 países del mundo, según se lee en su web local, y en Argentina tomó notoriedad a partir del incendio que el año pasado se llevó la vida de nueve bomberos y un rescatista.
Entre los archivos que la firma perdió en el incendio, según denunció la Procuraduría Contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac), había documentos de 29 de 43 empresas con investigaciones en curso por delitos económicos, entre ellas el banco HSBC.
De acuerdo con una investigación de ese organismo y la Comisión Nacional de Valores (CNV), la mayoría de las 30.000 cajas que el HSBC guardaba en el depósito contenían información contable, de contratos varios, seguros, impuestos y todo tipo de documentación administrativa de la firma relacionada con sus clientes.
El 9 de marzo pasado, la Unidad de Información Financiera (UIF) anunció que presentaría documentos ante la Justicia que buscarían sustentar la hipótesis de que detrás del incendio del depósito de la empresa en el barrio porteño de Barracas hubo un acuerdo entre la firma y sus clientes para eliminar documentos.
"Ahora necesitamos terminar de definir la responsabilidad administrativa, que es la que corresponde al Gobierno de la Ciudad, por eso hicimos pedidos de informes, recibimos respuestas tardías y confusas que nos obligan a insistir", resumió Fuks.
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