Lo resolvió el juez federal Santa Marina por pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF). Es la mayor inhibición de bienes por lavado en la historia del país. Pesa sobre cinco personas y tres empresas.
Mientras avanza la investigación por tráfico de drogas y lavado de dinero en torno a la banda de narcos colombianos y argentinos radicados en la zona de Nordelta, Tigre, Benavidez y Talar de Pacheco, la justicia ya trabó embargos sobre los bienes de los acusados por un valor que supera los 100 millones de dólares, según surge del expediente 10.801 que tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de Lomas de Zamora.
Según la justicia y los organismos de control, configura el mayor embargo de bienes en delitos de este tipo en el país. El embargo alcanza a cinco personas físicas y tres jurídicas (empresas y fideicomisos) y abarca propiedades, autos y fondos depositados en cuentas corrientes. Lo más relevante de la orden judicial reciente es que dentro de las inhibiciones oficializadas se incluyen bienes de la presunta pata empresaria argentina, supuestamente asociada para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Los últimos embargos fueron solicitados por la Unidad de Información Financiera (UIF) una vez que el juzgado de Lomas de Zamora aceptó la intervención del organismo como querellante en la causa, y se suman a los que el propio magistrado ya había establecido previamente.
El 16 de junio pasado, con el objeto de "asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición de bienes y dineros de las personas físicas y jurídicas investigadas", el juez Alberto Santa Marina decretó la inhibición general de los bienes de los colombianos Reymond Anthony Martínez Grajales y Mariela Grajales Gómez; y de los argentinos Juan Carlos Di Filippo; Walter Mosca y Diego Miguel Colombini, además de las firmas ODA Desarrollos SA; Fideicomisos Estudio de Bahía Grande y Complejo de Bahía Grande SA.
De la lista, el nombre más sobresaliente es el de Martínez Grajales. Hace poco más de dos meses, la justicia allanó 15 domicilios, todos en el municipio de Tigre, operación que concluyó en el procesamiento de 19 colombianos, once de los cuales quedaron detenidos. Uno de estos domicilios (Parcela 90, Fracción 13 Benavídez y Complejo Benavídez 1, Nordelta), corresponde a Grajales, que junto a buena parte de su familia son parte activa de la banda narco que comanda Jesús Antonio Yépez Gaviria. De hecho, otro de los Martínez Grajales, John Eduardo, fue detenido el año pasado en el barrio Santa Catalina en un golpe a una cueva de drogas. Se lo vinculó a grupos narcos de Colombia, como los "Urabeños" y "Los Machos", que operan desde el Valle del Cauca, en Cali.
El patrimonio embargado está conformado principalmente por fideicomisos para el desarrollo inmobiliario –algunos de ellos al interior de Nordelta–, campos y estancias y 17 vehículos de alta gama. "Una vez que el dinero ingresa al circuito formal contamina todo, el objetivo final es el decomiso", indicó una fuente oficial.
Además, el magistrado Santa Marina ordenó en los últimos días un embargo preventivo sobre dos bienes inmuebles del empresario Walter Mosca, ubicados en la calle Santiago Temple 1868 y 2129, de la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, y sobre una propiedad ubicada en la calle Gaspar Campos 481 del partido de Vicente López, cuyo dueño es Juan Carlos Di Filippo, socio de Mosca. La medida incluye la cuenta corriente 1131-04340-5 del Banco Comafi, cuya titularidad corresponde a ODA Desarrollos SA, que llevó a cabo la construcción de Nordelta.
¿Quién es Walter Mosca? El nexo argentino de la banda para la supuesta canalización del dinero del tráfico en inversiones inmobiliarias y empresas. El emblema de sus construcciones a través de la firma ODA es el Hotel Intercontinental que se instaló hace varios años dentro del barrio privado Nordelta.
Según consta en los autos de procesamiento de la causa, Mosca y Colombini, otro de los "inhibidos", tienen vínculos con los colombianos Yépez Gaviria y su esposa, Claudia Natalia Arias Celis, ambos domiciliados en Tigre y dueños de varias sociedades, actualmente presos y sospechados de liderar la banda de narcolavadores.
La solidez de las pesquisas judiciales y las tareas de los organismos de control sobre la ruta del narcolavado de activos en el Delta tuvo además impacto en el accionar de la banda en Colombia.
Cuando en 2008 comenzaron los allanamientos en el marco de la causa que terminó extraditando a Estados Unidos al capo Ignacio Álvarez Meyendorff, la Unidad de Información Financiera (UIF) de Colombia se puso en contacto con el organismo que en Argentina conduce José Sbatella.
Empezó entonces un intercambio de datos de la banda que derivó en una inhibición histórica para el país caribeño: en total se decomisaron hasta el momento unos U$S 500 millones en bienes y cuentas, investigación que fue reconocida internacionalmente.
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