Unas 60 familias corren riesgo de ser expulsadas de la "Manzana Franciscana", ubicada en el barrio de Monserrat, si prospera el intento del Banco Ciudad de hacer efectivas las sentencias de desalojo contra los vecinos, quienes esperan el cumplimiento por parte del gobierno porteño, del compromiso firmado en 1991, de darles una "solución habitacional definitiva".
Carlos Montenegro, referente de los vecinos de la Manzana Franciscana, quien nació y lleva 70 años viviendo en Balcarce 217, afirmó que ni el banco ni el Gobierno de la Ciudad "se acercaron para ofrecer una alternativa de cancelación de deuda y renovación del contrato", ya que están "muy firmes" en desalojarlos.
El vecino sostuvo que "no los quieren" ya que no les pueden cobrar "un alquiler a precio de mercado" y denunció que quienes tienen el pago al día "corren el mismo riesgo" de desalojo ya que no se firman contratos "desde el año 2000", por lo que "el propietario puede exigirles la devolución del inmueble".
Emilia Uriona, otra de las vecinas de la Manzana, explicó que desde hace 12 años viven en "una incertidumbre que es muy fea" ya que no saben "cuándo van a volver para intentar sacarnos".
Otra de las vecinas damnificadas, Ana Clara Elena, criticó que están "más complicados desde que se encuentra Macri en el gobierno de la Ciudad", porque "no está la posibilidad de un arreglo para permanecer en el espacio".
Un primer intento de desalojo masivo fue realizado en junio de 2010, pero la expulsión de 25 familias fue frenada con un recurso de amparo de último minuto.
El 12 de junio de este año casi son sacados por la fuerza los primeros dos de una tanda de nueve grupos familiares, pero la tentativa no prosperó ya que una medida cautelar de la jueza Elena Liberatori ordenó al gobierno porteño que "se abstenga de ejecutar cualquier acto tendiente a efectivizar la recuperación" de uno de esos inmuebles.
La jueza en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad dispuso además la realización de una audiencia especial, que se realizará este jueves, para "arbitrar las medidas a fin de evitar la inminente situación de calle" en la que quedarían los inquilinos y "resguardar los derechos humanitarios en juego".
Los vecinos presentaron amparos contra la Ciudad patrocinados por la Defensoría General de la Ciudad, mientras que ante los juzgados donde se sustanciaron los juicios por desalojo, son representados por el Ministerio Público de la Defensa de la Nación.
En la resolución del Ministerio, mediante la cual se aceptó llevar adelante la "defensa técnica" de los inquilinos, la defensora general Stella Maris Martínez sostuvo que es "un caso que encierra un conflicto colectivo, a pesar de que el actor se ha manejado con demandas individuales para cada unidad funcional".
Los inquilinos cuentan, además, con un convenio con el Gobierno de la Ciudad en 1991, mediante el cual el municipio se comprometía a otorgarles un alojamiento transitorio durante las obras de reacondicionamiento del imueble, que se realizó entre 1990 y 1995.
El documento además garantizaba la reubicación de las familias dentro del inmueble una vez finalizada la obra; la adjudicación de un plan de vivienda social; y al no inicio de acciones de desalojo hasta tanto no estuvieran construidas sus nuevas casas.
A pesar de que las viviendas ni siquiera se planificaron, a fines de 2001 el Banco inició los juicios; y en 2013 comenzó a solicitar nuevamente el desalojo de algunas de las familias, por lo cual algunos juzgados ya iniciaron constataciones como paso previo a la orden de desalojo.
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