Frente al vencimiento de deuda del 30 de junio, los abogados del país tienen la orden de buscar una negociación con los holdouts, pero más allá de esto, aun queda una vía legal para explorar.
Los caminos abiertos en la disputa con los holdouts empezaron a estrecharse y son pocas las opciones que le quedan al país para evitar el default. Esta semana el gobierno nacional buscará acercar posiciones y negociar un acuerdo que despeje el futuro, pero en caso de no lograrlo antes del próximo pago de deuda –que vence el 30 de junio– todavía puede apostar a una puerta legal de emergencia para ganar un poco más de tiempo.
El primer escenario es el esperado y el que los abogados argentinos tienen la orden de buscar en los próximos días. Su objetivo es conseguir el reestablecimiento de una cautelar que descarte la obligación de cumplir el fallo inmediatamente para luego comenzar el diálogo. Sin el apuro del pago inminente habría mayor aire para llegar a un plan de pagos con los fondos buitre en condiciones favorables para ambas partes.
Estas "condiciones favorables" incluyen la necesidad de una muestra de buena voluntad por parte de los acreedores, que deberían esperar hasta enero del año que viene para cerrar realmente el conflicto.
Para evitar la reacción del resto de los holdouts -que podrían activar juicios por U$S 15.000 millones - no pueden exigir un pago del 100% de una sola vez como dice el fallo de primera instancia de Thomas Griesa. De todas formas aparecería presión de ese 7% restante que no entró a los canjes, con lo que el plan argentino podría incluir la búsqueda de tentar con un plan a todos los que tienen papeles no reestructurados. Así se terminaría de cerrar la herencia del default de 2001.
En tanto, para descartar reclamos de los tenedores de bonos canjeados en 2005 y 2010 se debe evitar la exigencia de pasos que activen la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO). Esta última vence recién el 31 de diciembre de este año e implica que el ofrecimiento "voluntario" de mejores condiciones para sólo una parte de los acreedores llevaría a nuevos juicios. Según las cifras que calcula el gobierno esta situación llevaría a exigencias por uno U$S 120 mil millones.
La opción de negociación equitativa incluye entonces la necesidad de trabajar sobre los plazos y la división del pago en una porción en efectivo y otra en bonos para terminar de completar las obligaciones pendientes. La maquinaria para activar este tipo de movimientos está aceitada en el Ministerio de Economía, que ya aplicó estrategias similares para cerrar los acuerdos con empresas que tenían juicios ganados en el CIADI, con Repsol y con el Club de París.
La vía judicial
La preocupación surge cuando se toma la precaución de observar el camino negativo, con los holodouts negándose a establecer condiciones favorables y el canje de jurisdicción de los papeles reestructurados imposibilitado por los tiempos y la justicia norteamericana (con la que se entraría en desacato en caso de seguir ese camino).
Si se va a la letra escrita de los contratos de los bonos, se observa que el país puede ofrecerle el pago al Bank of New York Mellon (encargado de distribuirlo entre los tenedores de bonos reestructurados) y este declinarlo. En este escenario no se habría hecho el pago pero todavía no se caería en default, ya que por la interpretación del texto el país puede aducir que su obligación es darle el dinero directamente al fiduciario y no directamente a los bonistas. Esto podría durar en un estado suspensivo al menos por 30 días.
"Parece un resultado razonablemente bueno para el país, al ponerlo en una buena posición para forzar algún tipo de acuerdo e incentivar a los tenedores de bonos reestructurados a comprar las tenencias de los holdouts así pueden recibir el pago de las suyas", indicó Adam Levitin, abogado y profesor de la Universidad de Georgetown.
Al mismo tiempo, el BoNY puede dirigirse a la Corte Suprema de Nueva York con un procedimiento legal denominado "petición de Artículo 77". Este movimiento es de rara utilización en Nueva York, pero el propio banco involucrado ya lo usó en otro casos, incluido uno hace sólo tres años.
Así buscaría su consejo en qué hacer como fideicomisario y llevaría a que este tribunal considere analizar la interprteación del pari Passu (tal como pretendía la Argentina en su apelación al máximo tribunal del país).
Es muy difícil que ese movimiento cambie la interpretación judicial vigente, pero le daría más tiempo a la Argentina en búsqueda del vencimiento de la cláusula RUFO o de generar mayores acercamientos con los holdouts.
"Todo esto necesitaría una buena práctica del derecho y una Suprema Corte estatal que esté dispuesta a escuchar más allá del hecho de que hay un fallo federal, pero no es ilógico que el país siga esta ruta procesal", agregó el especialista Adam Levitin en la web creditslips.org, uno de los lugares en los que se desplegó un amplio debate y análisis legal sobre el "juicio del siglo" en tema deuda.
"No es claro si el BoNY seguiría esta ruta o si la República o los tenedores de bonos reestructurados amigos podrían convencerlo/amenazarlo para que lleve adelante un procedimiento de artículo 77. El punto es que aún puede haber rutas de litigio abiertas para el país", concluyó Levitin.
Las claves
- Cautelar: El primer escenario es el esperado y el que los abogados argentinos tienen la orden de buscar en los próximos días. Su objetivo es conseguir el reestablecimiento de una cautelar que descarte la obligación de cumplir el fallo inmediatamente, para luego comenzar el diálogo.
- Negociación: Sin el apuro del pago inminente, habría mayor aire para llegar a un plan de pagos con los fondos buitre en condiciones favorables para ambas partes. Estas condiciones deben tener en cuenta no incentivar juicios de otros bonistas.
- No pago sin default: En caso de no llegar a un acuerdo rápido, existe la opción de que el país ofrezca el pago al Bank of New York Mellon y este lo decline. En este escenario, no se habría hecho el pago pero todavía no se caería en default, lo que daría un tiempo en suspenso.
- El camino del Artículo 77: A la vez, el BNY puede dirigirse a la Corte Suprema de Nueva York con un procedimiento legal denominado "petición de Artículo 77". Así se buscaría que intervenga el máximo tribunal estadual y, aunque no se logre un fallo favorable, se ganaría más tiempo para una negociación.
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