Es por asociación ilícita tributaria, al funcionar como "pantallas" o "prestanombres" para lavar cereal comprado en negro a productores y luego poder exportarlo.
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| Fiscal general Carlos Gonella, titular de la Procelac |
Nueve empresas ligadas a la explotación agropecuaria y cinco directivos e integrantes de esas firmas fueron denunciados por el fiscal general Carlos Gonella, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La maniobras se habrían desarrollado entre marzo de 2009 y enero de 2011 por casi 1.400 millones de pesos, informó la Procelac.
La denuncia fue formalizada tras analizarse los reportes de operaciones sospechosas remitidas a la Unidad de Información Financiera (UIF), cinco bancos y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En la presentación, a cargo del Área Operativa de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procelac, Gonella indicó que la organización se valió de "la creación de sociedades comerciales ficticias", es decir sin actividad real.
También se operó mediante la adquisición de firmas existentes, para "ocultar la verdadera identidad" de los dueños del cereal obligados a tributar los impuestos a las Ganancias y a los Débitos y Créditos bancarios, entre otros.
El organismo del Ministerio Público Fiscal indicó que las empresas "podrían ser sociedades puente o medios que operarían en el mercado cereal marginal, permitiendo canalizar dicho cereal a empresas exportadores".
Esas firmas "habrían sido utilizadas para canalizar fondos de terceros que no poseen vinculación con actividades agropecuarias", con el objeto de concretar "servicios financieros ilegítimos".
Por ejemplo, la utilización del beneficio de la reducción del impuesto al cheque de la que gozan las intermediarias de actividades agrícolas.
Tampoco se descarta la incursión en el lavado de activos de origen ilícito, dado que se comprobó la compra de "importantes sumas" de dólares "con fondos provenientes de la acreditación de depósitos de cheques y con transferencias recibidas de otras cuentas, entre las cuales existe vinculación con los firmantes" y que no contarían con un respaldo sobre su origen legítimo.
La UIF explicó la maniobra en su presentación: "el productor les vende en negro parte de la cosecha a acopiadores y exportadores, de manera que todos ellos evitan el pago de impuestos".
La Procelac no difundió los nombres de los acusados y la razón social de las empresas, para evitar la frustración de la gran cantidad de medidas de prueba que recomendó llevar adelante el organismo en la denuncia.
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