Cartas intimidantes, notificaciones a domicilios pasados y juicios que derivan en embargos y sanciones pecuniarias, constituyen una pesadilla para quienes recibieron préstamos a una alta tasa de interés.
Muchos argentinos deben soportar la acechanza de sus propios "buitres".
En este caso no son inversores extranjeros sino prestamistas nacionales que incurren en situaciones de usura o el cobro de intereses sobre intereses adeudados.
En el 2001, el matrimonio compuesto por Paula y Javier se quedó sin trabajo y como no podía pagar el alquiler ni adquirir alimentos, decidió pedir asistencia a un prestamista del barrio. Recibieron el dinero pagando intereses altísimos para lo que firmaron pagarés.
"Tuvieron que hacer frente a los intereses e incluso a un mayor capital que el recibido. Con el tiempo, ella consiguió trabajo y el prestamista embargó su sueldo. Pero cuando la mujer pensaba que la deuda estaba cancelada, una medida judicial le dictaba la actualizacion hasta que logramos poner fin a aquel reclamo negociando en sede judicial un monto por todo concepto", contó la abogada Valeria Carreras, patrocinante de la pareja.
Pero Javier tuvo peor suerte al no conseguir un empleo en blanco que le permitiera ayudar a cancelar la deuda. Al morir su madre, el prestamista inició rápidamente los trámites de sucesión y embargo de los derechos sucesorios. "En este caso el buitre literalmente comió de la muerte y aún no hemos encontrado una solución", explica la abogada.
Otra víctima de los buitres vernáculos es María que en 2005 sacó un préstamo en un banco estatal para ayudar a una amiga en una cirugía. Lamentablemente la amiga no pudo pagar el préstamo y ella quedó como deudora, por lo que aún le descuentan del sueldo un embargo. "Es que las actualizaciones y los costos se incrementan cuando ella cambia de trabajo y dejan de embargarle por un tiempo. En este caso vamos a plantear la usura en audiencia ante el juez", dijo Carreras.
Carlos es empleado de una imprenta y en el 2002 compró un par de zapatillas en cuotas en un comercio. A los pocos meses la casa de deportes cerró pero años más tarde comenzaron a llamarlo por teléfono para que se haga cargo de la deuda. Hoy le ofrecen cancelar aquella lejana deuda por 8 mil pesos.
"En estos casos ocurre lo mismo: los deudores son acosados con cartas minadas de amenazas, como que serán denunciados a bases de datos, embargados, enjuiciados; luego empiezan los llamados telefónicos a toda hora, con las mismas amenazas. Finalmente, luego de 4 años y antes que prescriba se les inicia juicio. Por lo general son notificados a los domicilios pasados y no se enteran por lo que la causa avanza con todas las de perder por no presentarse a impugnar las liquidaciones de intereses o proponer un pago posible", remarcó la letrada.
Existen grupos financieros que compran créditos de este tipo, generalmente de poco monto original y difícil cobranza, y terminan con ejércitos de estudios jurídicos dedicados a trabar medidas contra el deudor que van desde el embargo hasta la inhibición.
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