El gobierno nacional firmó ayer un acuerdo de precios con supermercados y proveedores, que comenzará a regir a partir del primero de enero próximo por un período de 12 meses, e incluye entre 175 y 200 productos que representan dos tercios del consumo habitual de los hogares argentinos.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, remarcó que la defensa del bolsillo de los trabajadores sustenta este acuerdo marco, en tanto que el ministro de Economía, Axel Kicillof, subrayó que el acuerdo otorga "previsibilidad de los gastos de consumo de los hogares argentinos".
Tras la firma del acuerdo en Casa de Gobierno, ambos funcionarios remarcaron que la instrucción de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue establecer canales de diálogo con el sector privado.
Capitanich afirmó que el actual acuerdo de precios es un "convenio marco" y adelantó que luego se firmarán "acuerdos específicos" con los diferentes actores para dar "viabilidad y vigencia" al esquema.
Subrayó que el objetivo es que "los productores tengan precios compensatorios y que el consumidor, el trabajador, tenga bienes y servicios a precios accesibles para preservar su poder adquisitivo".
Por su parte, Kicillof aclaró que el acuerdo "no es ni un congelamiento ni control de precios, sino un acuerdo voluntario de precios entre el Estado Nacional y los principales empresarios del sector".
El ministro de Economía también afirmó que el gobierno nacional no va a permitir prácticas comerciales desleales que violen este acuerdo de precios que se firmó ayer.
"A partir del primero de enero todos tenemos un compromiso de trabajo", afirmó el ministro, y exhortó a evitar ciertas prácticas comerciales que "tiñan este acuerdo", como por ejemplo cambios en los productos que modifiquen los precios. "Esto no lo vamos a permitir", aseveró el titular del Palacio de Hacienda.
Por ello, el acuerdo marco tendrá "un monitoreo permanente, y con un sistema de alerta temprana estaremos avisados cuando haya tensiones para examinar al alza o baja determinados productos".
Por su parte, el secretario de Comercio, Augusto Costa, aseguró que el esquema "está abierto a sumar nuevos actores", como los supermercados chinos y los proveedores de servicios que forman parte del gasto frecuente de los hogares argentinos.
Precisó que en este acuerdo que constituye una primera etapa, participan 60 proveedores y más de 100 marcas; pero subrayó: "No vamos a concentrarnos sólo en los que estamos acá".
Resaltó el caso de los supermercados chinos, que "están siendo considerados" pues "tienen un alcance nacional y representan 10.000 comercios".
Este acuerdo "tiene que ver con un compromiso de parte del Estado y el sector privado de trabajar juntos hacia una mayor previsibilidad en precios claves de la canasta de consumo", agregó el funcionario.
Por el sector empresario firmaron el acuerdo el titular de la Asociación de Supmercados Unidos (ASU), Alfredo Coto; el titular de la COPAL, Daniel Funes de Rioja: y Alberto Guida, de la Cámara Argentina de Distrtibuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), entre otros.
Tras la firma del acuerdo en Casa de Gobierno, ambos funcionarios remarcaron que la instrucción de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue establecer canales de diálogo con el sector privado.
Capitanich afirmó que el actual acuerdo de precios es un "convenio marco" y adelantó que luego se firmarán "acuerdos específicos" con los diferentes actores para dar "viabilidad y vigencia" al esquema.
Subrayó que el objetivo es que "los productores tengan precios compensatorios y que el consumidor, el trabajador, tenga bienes y servicios a precios accesibles para preservar su poder adquisitivo".
Por su parte, Kicillof aclaró que el acuerdo "no es ni un congelamiento ni control de precios, sino un acuerdo voluntario de precios entre el Estado Nacional y los principales empresarios del sector".
El ministro de Economía también afirmó que el gobierno nacional no va a permitir prácticas comerciales desleales que violen este acuerdo de precios que se firmó ayer.
"A partir del primero de enero todos tenemos un compromiso de trabajo", afirmó el ministro, y exhortó a evitar ciertas prácticas comerciales que "tiñan este acuerdo", como por ejemplo cambios en los productos que modifiquen los precios. "Esto no lo vamos a permitir", aseveró el titular del Palacio de Hacienda.
Por ello, el acuerdo marco tendrá "un monitoreo permanente, y con un sistema de alerta temprana estaremos avisados cuando haya tensiones para examinar al alza o baja determinados productos".
Por su parte, el secretario de Comercio, Augusto Costa, aseguró que el esquema "está abierto a sumar nuevos actores", como los supermercados chinos y los proveedores de servicios que forman parte del gasto frecuente de los hogares argentinos.
Precisó que en este acuerdo que constituye una primera etapa, participan 60 proveedores y más de 100 marcas; pero subrayó: "No vamos a concentrarnos sólo en los que estamos acá".
Resaltó el caso de los supermercados chinos, que "están siendo considerados" pues "tienen un alcance nacional y representan 10.000 comercios".
Este acuerdo "tiene que ver con un compromiso de parte del Estado y el sector privado de trabajar juntos hacia una mayor previsibilidad en precios claves de la canasta de consumo", agregó el funcionario.
Por el sector empresario firmaron el acuerdo el titular de la Asociación de Supmercados Unidos (ASU), Alfredo Coto; el titular de la COPAL, Daniel Funes de Rioja: y Alberto Guida, de la Cámara Argentina de Distrtibuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), entre otros.
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