Avanza un proyecto que prohíbe ejercer la docencia a condenados por delitos de lesa humanidad o contra la integridad sexual. Obtuvo dictamen de comisión en la cámara de diputados.
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Adriana Puiggrós, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados
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La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados emitió ayer por unanimidad un dictamen que prohíbe ejercer la docencia u ocupar cargos en instituciones de Educación Superior a quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad o contra la integridad sexual.
La diputada Adriana Puiggrós, presidenta de esa comisión y redactora del proyecto, explicó que la decisión de unir esas dos tipologías se basa en la gravedad de ambos delitos y en la afectación a Derechos Humanos fundamentales. "Quienes están a cargo de la formación de las nuevas generaciones tienen una responsabilidad política, ética y pedagógica. No pueden ser personas que han estado vinculadas con algún tipo de violencia", argumentó.
El proyecto, que recibió el apoyo de distintos bloques, incluye también a los beneficiados por el indulto o la conmutación de la pena.
Según explicaron quienes participaron de su redacción, no se trata de una posición restrictiva ni punitiva, sino de la necesidad de visibilizar el machismo y plantear las bases para una discusión sobre quién tiene derecho a estudiar en la universidad pública. "No se trata sólo de condenar hechos atroces de nuestro pasado reciente como Nación, sino de fijar reglas claras para nuestra convivencia futura sobre la base de la memoria, la verdad y la justicia", señalan en los argumentos del texto.
En ese sentido, el proyecto es un desprendimiento de la discusión abierta el año pasado por la Universidad de Buenos Aires, ante el pedido de tres represores condenados –los marinos Juan Carlos Rolón, Adolfo Donda y Guillermo Suárez Mason (hijo)–, de ingresar al CBC a través del programa UBA XXII, de educación en las cárceles. Primero se opusieron al pedido los consejos directivos de las facultades de Ciencias Sociales y Filosofía y Letras.
Luego, el Consejo Superior de la UBA resolvió la controversia y rechazó el ingreso a condenados y procesados por delitos de lesa humanidad. "Se debe separar la discusión del derecho en abstracto para adentrarse en la trama histórica: observar las consecuencias que esos delitos tuvieron en lo económico, lo político, sobre los presos y sobre la universidad", recordó Juan Pablo Parchuc, director del programa Extensión en Cárceles de Filosofía y Letras.
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