En una entrevista con nuestros amigos del diario Tiempo Argentino, el titular de la AFSCA evaluó las audiencias en la Corte por la Ley de Medios y defendió los argumentos del Estado.
La tensión que produjeron las dos jornadas de audiencias públicas, organizadas por la Corte Suprema por la Ley de Medios, ya pasó.
Para el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, esta experiencia fue útil para demostrar, con firmeza argumental, la constitucionalidad de la norma y la endeblez de las explicaciones expuestas por el Grupo Clarín.
Pero sobre todo, afirma, sirvió para demostrar que lo que está en juego es "la lógica de la voracidad del mercado contra la idea del Estado como regulador para garantizar derechos de toda la sociedad".
–El debate en las audiencias dejó entrever una disputa entre dos intereses muy definidos. Por un lado el interés público confrontado por las necesidades de una empresa poderosa...
–La audiencia dejó en claro que los argumentos de la constitucionalidad son rigurosos, fuertes y se basan en tener la absoluta convicción de que el Estado tiene la facultad de regular el mercado de la comunicación audiovisual. Además, es absolutamente necesario hacerlo porque hay un mandato constitucional. Por lo tanto, regular el mercado garantiza la libertad de expresión, el derecho a la información y comunicación del conjunto de la sociedad. Los que defendieron la inconstitucionalidad tuvieron como único argumento la defensa del interés de la empresa o su rentabilidad y esta no puede estar por encima de los derechos que tiene el interés público. Eso quedó muy claro porque la lógica del pensamiento del Grupo Clarín gira alrededor de su escala y modelo económico y dice que hay que preservar. Obviamente, el Estado debe pensar en ser garante del conjunto de los derechos de todos los argentinos y no de una empresa en particular.
–¿Confrontaron dos paradigmas?
–Sí, la lógica de la voracidad del mercado contra la idea del Estado como regulador para garantizar derechos. La audiencia sirvió para dejar bien en claro sobre si la ley es o no constitucional. Nosotros defendemos algo justo, nos asiste la razón y desde el otro lado se notó que no podían defender su postura porque era imposible de hacerlo. Clarín dice que la aplicación de la ley puede fundirlos y demostramos que es absolutamente falso.
–¿De qué forma?
–Cuando todas las empresas de la Argentina presentaron su plan de adecuación, menos el Grupo Clarín, no quiere decir que tengan vocación suicida. Todo lo contrario, entienden que deben adecuarse a la ley y si tienen que vender, transferir o achicarse lo hacen porque toda ley antimonopólica propone eso. Una cosa es que la ley te limite la rentabilidad o el crecimiento y otra cosa que te haga inviable. El otro dato que lo demuestra es el socio de Clarín, que tiene el 40% de las acciones de Cablevisión, vino a la AFSCA para adecuarse. Este socio, que hace negocios en otras parte del mundo, no creo que sea un suicida. Ya transcurrieron cuatro años de mentiras e inventos de Clarín para frenar la ley. Me parece que se les acabó el libreto.
–Uno de los abogados de Clarín ya anunció que recurrirán a cortes internacionales en caso de un fallo adverso.
–Clarín intentará hacer todo lo que pueda. Ya demostró (Héctor) Magnetto eso de no tener límite porque no está en la búsqueda de una empresa audiovisual exitosa. Esta ley no se los impide. Si hubieran adherido a la adecuación voluntaria presentaban su propio plan y continuarían siendo la empresa más importante del país. Sólo tendrían que convivir en armonía y equilibrio. Así se termina eso de que haya uno al que su tamaño le permite destruir a otras compañías con prácticas desleales. Los límites de la ley no les sirven porque les impiden manipular información, condicionar el rumbo del Estado y la democracia.
–El dinero es la fuente del poder y no las ideas...
–Su lógica es clara. El poder económico les permitió condicionar el rumbo de la política, de la economía y, por ende, del país. Así lo hicieron durante décadas. Esto no lo inventamos nosotros los kirchneristas. Lo dijo (Raúl) Alfonsín en un discurso en la Sociedad Rural. Clarín afianzó su poder a través de la dictadura militar, con el Terrorismo de Estado, en los años noventa y también extorsionando a los cableoperadores Pymes con el fútbol. Con ese poder condicionaron la democracia y es cierto que no se bancan no decidir más.
–La ley contó con el respaldo de varios partidos pero que hoy mantienen silencio. ¿Se borraron?
–Esta ley fue una de las más debatidas y con mayor participación social. Que hoy no digan nada demuestra que para mantener su política actual, de confrontación directa con el gobierno, tienen que traicionarse a ellos mismos, sus propios rasgos constitutivos, sus orígenes. Decidieron ponerse al servicio de quien articula el arco opositor que no es otro que Magnetto. Sólo así consiguen centímetros en los diarios o minutos en las pantallas.
–¿Y qué pasa si la Corte se expresa en contra del Estado?
–Sería una situación difícil porque no resuelve el problema que tiene la Argentina. Continuará la concentración mediática que sí lesiona la libertad de expresión y continúa existiendo el mandato de la Constitución para que el Estado lo resuelva.
–La Corte está ante una definición crucial...
–La Corte discute si esta herramienta legal se puede utilizar. Nosotros estamos convencidos sobre su constitucionalidad y las audiencias ayudaron a confirmarla porque Clarín no ofreció un argumento que demuestre lo contrario. Pero si la Corte falla en nuestra contra, el problema de la concentración mediática seguirá existiendo y no será un problema de este gobierno sino de la democracia.
–¿Y si señala una corrección en la ley?
–La ley es constitucional y no me imagino otro escenario.
–También debería ser difícil imaginar que la Corte priorice un interés particular, por más poderoso que sea, por el interés público.
–Nunca puede haber un interés particular por sobre el interés de todas y todos. Nunca puede estar el interés económico de una empresa por sobre la libertad de expresión, del derecho a la información y comunicación. Está en manos de la Corte si nuestra democracia sigue avanzando o retrocede.
–Las empresas que cumplen con la ley deben estar mirando este proceso.
–Deben estar expectantes porque son parte de este mercado. Lo que es cierto es que el fallo de la Cámara, que tiene para análisis la Corte, está hecho a medida para el Grupo Clarín porque declara inconstitucional lo que afecta a los intereses del grupo y mantiene aquello que sí afecta a la competencia. Si esto no se corrige entonces Clarín mantendrá su posición dominante en el mercado con el agravante de que se regula a sus competidores y a ellos no. Esto generará un nivel de desigualdad e injusticia muy grande. Por eso creo que es preciso que se haga justicia y lo más justo es que esta ley de la democracia se pueda aplicar.
–Esta disputa legal está enmarcada en otra mayor y tiene mucho que ver con el tipo de país que quiere la Argentina.
–Así es. Porque la ley desnuda un debate entre la Argentina del futuro o la del pasado. La que se inauguró en 2003 es la que deja atrás el neoliberalismo y que recupera la idea de nación, patria y soberanía. Construye un nuevo paradigma donde el Estado tiene el rol de garante de una sociedad de derechos donde lo público deja de ser lo de nadie para ser lo de todos. Esta ley pone en evidencia si la democracia es la voluntad popular, que se expresa a través del Parlamento y en la Casa de Gobierno, o si deciden las corporaciones. Lo que debe quedar en claro es que el mercado sin Estado es mercado negro y en esta Argentina que estamos construyendo eso no corre más.
–La audiencia dejó en claro que los argumentos de la constitucionalidad son rigurosos, fuertes y se basan en tener la absoluta convicción de que el Estado tiene la facultad de regular el mercado de la comunicación audiovisual. Además, es absolutamente necesario hacerlo porque hay un mandato constitucional. Por lo tanto, regular el mercado garantiza la libertad de expresión, el derecho a la información y comunicación del conjunto de la sociedad. Los que defendieron la inconstitucionalidad tuvieron como único argumento la defensa del interés de la empresa o su rentabilidad y esta no puede estar por encima de los derechos que tiene el interés público. Eso quedó muy claro porque la lógica del pensamiento del Grupo Clarín gira alrededor de su escala y modelo económico y dice que hay que preservar. Obviamente, el Estado debe pensar en ser garante del conjunto de los derechos de todos los argentinos y no de una empresa en particular.
–¿Confrontaron dos paradigmas?
–Sí, la lógica de la voracidad del mercado contra la idea del Estado como regulador para garantizar derechos. La audiencia sirvió para dejar bien en claro sobre si la ley es o no constitucional. Nosotros defendemos algo justo, nos asiste la razón y desde el otro lado se notó que no podían defender su postura porque era imposible de hacerlo. Clarín dice que la aplicación de la ley puede fundirlos y demostramos que es absolutamente falso.
–¿De qué forma?
–Cuando todas las empresas de la Argentina presentaron su plan de adecuación, menos el Grupo Clarín, no quiere decir que tengan vocación suicida. Todo lo contrario, entienden que deben adecuarse a la ley y si tienen que vender, transferir o achicarse lo hacen porque toda ley antimonopólica propone eso. Una cosa es que la ley te limite la rentabilidad o el crecimiento y otra cosa que te haga inviable. El otro dato que lo demuestra es el socio de Clarín, que tiene el 40% de las acciones de Cablevisión, vino a la AFSCA para adecuarse. Este socio, que hace negocios en otras parte del mundo, no creo que sea un suicida. Ya transcurrieron cuatro años de mentiras e inventos de Clarín para frenar la ley. Me parece que se les acabó el libreto.
–Uno de los abogados de Clarín ya anunció que recurrirán a cortes internacionales en caso de un fallo adverso.
–Clarín intentará hacer todo lo que pueda. Ya demostró (Héctor) Magnetto eso de no tener límite porque no está en la búsqueda de una empresa audiovisual exitosa. Esta ley no se los impide. Si hubieran adherido a la adecuación voluntaria presentaban su propio plan y continuarían siendo la empresa más importante del país. Sólo tendrían que convivir en armonía y equilibrio. Así se termina eso de que haya uno al que su tamaño le permite destruir a otras compañías con prácticas desleales. Los límites de la ley no les sirven porque les impiden manipular información, condicionar el rumbo del Estado y la democracia.
–El dinero es la fuente del poder y no las ideas...
–Su lógica es clara. El poder económico les permitió condicionar el rumbo de la política, de la economía y, por ende, del país. Así lo hicieron durante décadas. Esto no lo inventamos nosotros los kirchneristas. Lo dijo (Raúl) Alfonsín en un discurso en la Sociedad Rural. Clarín afianzó su poder a través de la dictadura militar, con el Terrorismo de Estado, en los años noventa y también extorsionando a los cableoperadores Pymes con el fútbol. Con ese poder condicionaron la democracia y es cierto que no se bancan no decidir más.
–La ley contó con el respaldo de varios partidos pero que hoy mantienen silencio. ¿Se borraron?
–Esta ley fue una de las más debatidas y con mayor participación social. Que hoy no digan nada demuestra que para mantener su política actual, de confrontación directa con el gobierno, tienen que traicionarse a ellos mismos, sus propios rasgos constitutivos, sus orígenes. Decidieron ponerse al servicio de quien articula el arco opositor que no es otro que Magnetto. Sólo así consiguen centímetros en los diarios o minutos en las pantallas.
–¿Y qué pasa si la Corte se expresa en contra del Estado?
–Sería una situación difícil porque no resuelve el problema que tiene la Argentina. Continuará la concentración mediática que sí lesiona la libertad de expresión y continúa existiendo el mandato de la Constitución para que el Estado lo resuelva.
–La Corte está ante una definición crucial...
–La Corte discute si esta herramienta legal se puede utilizar. Nosotros estamos convencidos sobre su constitucionalidad y las audiencias ayudaron a confirmarla porque Clarín no ofreció un argumento que demuestre lo contrario. Pero si la Corte falla en nuestra contra, el problema de la concentración mediática seguirá existiendo y no será un problema de este gobierno sino de la democracia.
–¿Y si señala una corrección en la ley?
–La ley es constitucional y no me imagino otro escenario.
–También debería ser difícil imaginar que la Corte priorice un interés particular, por más poderoso que sea, por el interés público.
–Nunca puede haber un interés particular por sobre el interés de todas y todos. Nunca puede estar el interés económico de una empresa por sobre la libertad de expresión, del derecho a la información y comunicación. Está en manos de la Corte si nuestra democracia sigue avanzando o retrocede.
–Las empresas que cumplen con la ley deben estar mirando este proceso.
–Deben estar expectantes porque son parte de este mercado. Lo que es cierto es que el fallo de la Cámara, que tiene para análisis la Corte, está hecho a medida para el Grupo Clarín porque declara inconstitucional lo que afecta a los intereses del grupo y mantiene aquello que sí afecta a la competencia. Si esto no se corrige entonces Clarín mantendrá su posición dominante en el mercado con el agravante de que se regula a sus competidores y a ellos no. Esto generará un nivel de desigualdad e injusticia muy grande. Por eso creo que es preciso que se haga justicia y lo más justo es que esta ley de la democracia se pueda aplicar.
–Esta disputa legal está enmarcada en otra mayor y tiene mucho que ver con el tipo de país que quiere la Argentina.
–Así es. Porque la ley desnuda un debate entre la Argentina del futuro o la del pasado. La que se inauguró en 2003 es la que deja atrás el neoliberalismo y que recupera la idea de nación, patria y soberanía. Construye un nuevo paradigma donde el Estado tiene el rol de garante de una sociedad de derechos donde lo público deja de ser lo de nadie para ser lo de todos. Esta ley pone en evidencia si la democracia es la voluntad popular, que se expresa a través del Parlamento y en la Casa de Gobierno, o si deciden las corporaciones. Lo que debe quedar en claro es que el mercado sin Estado es mercado negro y en esta Argentina que estamos construyendo eso no corre más.
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