La legisladora del FPV evalúa recurrir a la OEA en caso de un eventual escenario destituyente. Los argumentos y antecedentes.
"Hay países latinoamericanos que, por fallos de la Corte Suprema, sacaron a un presidente. Hay que estar preparados para resistirlo".
La diputada Diana Conti instaló una nueva interpretación jurídico-política sobre el fallo del máximo tribunal que declaró inconstitucional el voto directo de los miembros del Consejo de la Magistratura. Con el tono de una advertencia sobre el futuro, Conti recordó que en varios países de América Latina "hubo fallos de la Corte que sacaron a presidentes".
"Creo que el pueblo no lo toleraría pero hay que estar atentos", alertó. La legisladora, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales en Diputados, contó que está juntando antecedentes para –en caso de ser necesario– presentarse ante la OEA y pedir la aplicación de la carta democrática interamericana, aprobada en 2001. "Estoy madurando la posibilidad, y para eso hay que estar preparados", confirmó Conti.
La carta democrática interamericana fue creada con el objeto de fortalecer y preservar la institucionalidad, cuando se rompa, altere o afecte gravemente el orden constitucional en alguno de los países miembros. "En la Argentina hay un poder del Estado (por el Poder Judicial) que, junto a otros poderes fácticos, intenta impedir el desarrollo democrático", señaló ayer Conti en declaraciones radiales.
"Al fallo sobre el Consejo de la Magistratura yo lo incorporo como un dato objetivo en este sentido. Como un impedimento al ejercicio democrático de los otros poderes del Estado", agregó la diputada.
Conti también repasó los argumentos esgrimidos por los seis miembros de la Corte –todos salvo Raúl Zaffaroni– que clausuraron la posibilidad de elegir por el voto a los integrantes del Consejo. La diputada aseguró que la Constitución deja librada a una ley especial del Congreso la forma de elegir a los consejeros. "La Constitución dice que la composición y la regulación del Consejo son potestad del Parlamento a través de una ley con mayoría especial. Eso fue lo que se hizo este año. Sin embargo, la Corte decidió impedir el voto popular con un fallo pro-corporativo, que sostiene el monopolio de la decisión de los jueces. Y vale recordar que, hoy, no todos los abogados votan a los miembros del Consejo: sólo los inscriptos en la Federación de Colegios de Abogados y los del Colegio de Abogados de la Capital. Tampoco lo hacen todos los jueces, sino sólo los que están en la Asociación de Magistrados", puntualizó.
Tras cuestionar la argumentación del fallo, Conti puso el acento en la dilación con la que se viene manejando la Corte Suprema ante el debate jurídico por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. "Evidentemente, tienen la decisión de retardar la aplicación de la Ley de Medios. Así que ya no tengo más expectativas sobre ese tema", confió Conti.
La legisladora asoció la actuación de esta Corte en estos temas sensibles con la trayectoria del máximo tribunal en el país. "Hay que recordar que el primer ejemplo histórico de un rol destituyente de la Corte fue la acordada de 1930, cuando convalidó el golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen", subrayó.
Luego relacionó ese episodio con antecedentes de la región, como el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide en Haití en 2004, cuando fue remplazado por el titular de la Corte; el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009 en Honduras, donde la Corte ordenó la destitución por supuestos delitos graves; y también lo que pasó en Paraguay con el juicio político contra Fernando Lugo, un proceso en el que el máximo tribunal de ese país rechazó un pedido de inconstitucionalidad presentado por Lugo para que se anulara su destitución.
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