La normativa regula tanto los medios audiovisuales como la prensa escrita. Se votó luego de tres años de intenso debate público –a contrapelo del bloqueo en el Congreso– y tras la mayoría que Correa logró en los últimos comicios. Redistribuye el espectro entre medios comunitarios, estatales y privados.
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la esperada Ley Orgánica de Comunicación tras más de tres años de debate público.
Esta normativa, que se propone la democratización del sistema de medios, regula tanto servicios audiovisuales como prensa escrita.
La pieza legislativa redistribuye el espectro radioeléctrico reservando un 34% de las licencias a medios comunitarios y dividiendo en partes iguales el resto entre medios públicos y privados.
Las principales compañías privadas de comunicación denunciaron que la ley pretende "amordazarlas" y cuestionaron, especialmente, la tipificación de la figura del "linchamiento mediático", como llama la ley a la reiteración de informaciones difundidas con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas.
La iniciativa contó con el voto favorable de 108 legisladores (100 de ellos pertenecientes al partido gobernante Alianza País) sobre un total de 135 presentes. Apenas 26 votaron en contra y hubo una abstención. Ahora, el nuevo texto legal pasa a manos del presidente Rafael Correa para su promulgación.
"Ningún proyecto de ley ha sido tan debatido, tan socializado como el proyecto de Ley de Comunicación", destacó el legislador Mauro Andino, quien había introducido el proyecto de ley en la Asamblea. "Es un día histórico para el país porque hoy sí todos vamos a hacer uso de ese legítimo derecho que es la libertad de expresión, de información y no sólo de los empresarios de la comunicación, aquellos que se han creído los dueños del país", concluyó.
En la parte medular, la ley crea organismos como el Consejo de Regulación, el Consejo Consultivo, y la Superintendencia de la Información y Comunicación. La superintendencia podrá realizar auditorías, aplicar sanciones económicas y administrativas, y establecer la responsabilidad ulterior, civil y penal a los periodistas que difundan textos que lesionen derechos. Adicionalmente, la ley establece que los medios únicamente podrán publicar contenidos de redes sociales, siempre y cuando verifiquen la identidad del autor.
Sin dudas, el elemento que ha despertado mayor controversia fue la introducción de la figura del "linchamiento mediático". Los medios privados y hasta la Unión Nacional de Periodistas (UNP) de Ecuador han expresado su temor de que este acápite impida el desarrollo de investigaciones sobre corrupción en el poder. En el mismo sentido se pronunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), un organismo conformado por los editores de los medios más grandes del continente y presidido, justamente, por el ecuatoriano Jaime Mantilla León, titular del diario Hoy, que integra el multimedios Edimpres, abiertamente opositor al gobierno de Rafael Correa.
El proyecto de ley había sido presentado inicialmente en 2009, pero quedó en suspenso debido a las protestas de los grandes multimedios y la oposición política. Desde aquel momento, la iniciativa se mantuvo en la agenda de discusión de las organizaciones sociales que sugirieron varias modificaciones, muchas de las cuales fueron introducidas.
En mayo de 2011, incluso, los ecuatorianos aprobaron en consulta popular el dictado de una nueva Ley de Comunicación y dieron el visto bueno a la creación de un Consejo de Regulación de los contenidos y al establecimiento de una limitación para que los directivos y accionistas de medios tengan participación en instituciones financieras.
Luego de conocerse la sanción de la ley, cientos de personas se reunieron alrededor de la Asamblea Nacional para celebrar la noticia. En las calles se escuchó el mismo canto con que los legisladores festejaron el resultado de su votación: "Alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina".
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