Es por el choque de trenes ocurrido el jueves en Castelar cuando una formación embistió a otra causando la muerte de tres personas y 315 heridos. En tanto, el maquinista fue liberado pero sigue imputado en la causa.
Los empresarios Aldo Benito Roggio -Metrovías- y Gabriel Romero -Ferrovías-, concesionarios de la línea ferroviaria Sarmiento, fueron denunciados penalmente ayer por el choque de trenes del jueves pasado en Castelar, que causó 3 muertos y 351 heridos.
Fuentes judiciales informaron ayer que alrededor de 40 víctimas radicaron la denuncia en el juzgado federal de Luis Rodríguez, que investiga las causas del accidente, y a la vez pidieron que cite a declaración indagatoria a ambos empresarios, así como el secuestro de documentación en sus oficinas.
La denuncia, además, pide que se prohíba a Roggio y Romero salir del país y la realización de pericias contables en las cuentas de Metrovías y Ferrovías a fines de determinar el destino que dieron a los subsidios recibidos del Ministerio de Interior y Transporte que conduce Florencio Randazzo.
Los denunciantes son patrocinados por el abogado Gregorio Dalbón, que representa también a víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos, en el juicio penal que llevará al banquillo a los concesionarios Claudio y Mario Cirigliano, más los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros.
Aldo Benito Roggio -Metrovías- y Gabriel Romero -Ferrovías-
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Asimismo, sostuvo que "ni Gabriel Romero ni Benito Roggio", responsables de UGOFE, la sociedad que administra el Sarmiento van a poder "zafar" del desastre del jueves "y van a tener que pagar con su responsabilidad, tal como lo está pagando Cirigliano" por la tragedia de Once.
"No creo que Cirigliano pueda llegar a zafar de este debate oral y ahora es el turno de Romero y de Roggio, que son lo mismo que era Cirigliano al momento del hecho (de un año y cuatro meses atrás)", aseguró.
Dalbón se refirió así a las a la sociedad UGOFE (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia), a quienes el Estado les destina para su administración subsidios para el servicio de transporte de pasajeros ferroviarios.
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