Una semana decisiva para Cataluña

EL INDEPENDENTISMO CATALÁN INICIÓ AYER UNA SEMANA DECISIVA EN SU ENFRENTAMIENTO CON EL GOBIERNO ESPAÑOL DE MARIANO RAJOY, CON CRECIENTES LLAMAMIENTOS A LA DESOBEDIENCIA Y A DECLARAR LA SECESIÓN. EL SENADO PODRÍA APROBAR LA INTERVENCIÓN EL VIERNES.

Los partidos independentistas en Cataluña propusieron hasta el jueves una sesión en el parlamento regional para responder a la intervención de la autonomía propuesta por Madrid que el Senado español debe aprobar el viernes. "El pleno (...) determinará qué respuesta como país tenemos que dar a esta decisión del gobierno", dijo el portavoz de la mayoría parlamentaria Lluís Corominas, calificando las medidas de Rajoy de "agresión institucional".

En esta sesión, los diputados catalanes podrían declarar la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes, inmersa desde hace años en una escalada de tensión con Madrid por las aspiraciones separatistas de una parte considerable de sus ciudadanos.

El conflicto se agudizó con el referéndum del 1º de octubre, en el que un 90 por ciento de los participantes apostaron por la secesión. A pesar de la baja participación (43 por ciento), el gobierno regional se comprometió a declarar la independencia.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, suspendió su aplicación para buscar un diálogo con Madrid pero podría optar por seguir adelante ante las presiones de sus aliados. La pequeña formación de izquierda radical CUP, clave para asegurar la mayoría independentista con sus diez diputados sobre 135 en el parlamento regional, pidió que la república se proclame "cuanto antes".

Incluso ERC (Izquierda Republicana de Cataluña), aliados del gobierno del partido conservador PDeCAT de Puigdemont, defendieron que la mejor respuesta a la intervención de Madrid "es la República catalana", dijo su portavoz Sergi Sabrià. Pero el líder en Cataluña del Partido Popular de Rajoy, Xavier García Albiol, respondió que "no se le va a permitir" a los independentistas usar la sesión del jueves para proclamar la secesión.

Al amparo del artículo 155 de la Constitución española, nunca usado hasta ahora, el gobierno central pretende intervenir Cataluña desde Madrid antes de convocar elecciones regionales en un plazo máximo de seis meses. Para hacerlo quieren destituir al ejecutivo catalán, tomar el control de toda la administración regional, incluida la policía y los medios de comunicación públicos, y supervisar la actividad parlamentaria.

"Solo la ciudadanía tiene derecho a cambiar estas instituciones, ya sea el parlamento o el gobierno", defendió en una entrevista a la BBC el responsable de Asuntos Exteriores del gobierno catalán, Raúl Romeva. Pero pese a los esfuerzos de su equipo para conseguir apoyos internacionales, los resultados en Europa son escasos.

Ayer, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, insistió en su postura "contra todos los separatismos en Europa" y el portavoz de dicho órgano, Margaritis Schinas, respaldó las acciones de Rajoy. "Respetamos el orden constitucional y jurídico de España y las medidas a las que te refieres se inscriben precisamente en este contexto constitucional", dijo al ser preguntado sobre el artículo 155.

El Senado español, dominado por el Partido Popular, debe aprobar su aplicación el viernes. Antes Puigdemont puede presentar sus alegaciones en la cámara pero su asistencia no está decidida todavía, informó un portavoz del gobierno catalán.

La medida, interpretada por el independentismo como una vuelta a la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) que eliminó el autogobierno regional, puede generar fuertes protestas en la región. Si se aplica el 155 "encontrará una respuesta en forma de desobediencia civil masiva por parte de la ciudadanía", afirmó la CUP en su comunicado.

El sindicato mayoritario en el sector educativo, USTEC, apeló a "resistir las imposiciones" de Madrid y una asociación de bomberos independentistas afirmó que sólo reconocerá la autoridad de las instituciones estatales.

Pero en medio de la escalada entre ambas partes, también surgen ruegos para evitar la ruptura de una sociedad dividida casi a partes iguales sobre la secesión y frenar la sangría económica causada por esta crisis. Desde el referendo inconstitucional, más de 1300 empresas se fueron de la región, entre ellas algunas emblemáticas como el banco CaixaBank, la productora de cava Codorníu o la editorial Planeta.

"Las consecuencias (de declarar la independencia) son imprevisibles pero en cualquier caso dramáticas", advertía en una nota el influyente foro empresarial catalán Círculo de Economía, pidiendo la convocatoria "inmediata" de elecciones regionales.

Pero de momento, esta opción reclamada también por los principales periódicos de la región "no está sobre la mesa", según dijo el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull.