Una semana decisiva para Cataluña

EL INDEPENDENTISMO CATALÁN INICIÓ AYER UNA SEMANA DECISIVA EN SU ENFRENTAMIENTO CON EL GOBIERNO ESPAÑOL DE MARIANO RAJOY, CON CRECIENTES LLAMAMIENTOS A LA DESOBEDIENCIA Y A DECLARAR LA SECESIÓN. EL SENADO PODRÍA APROBAR LA INTERVENCIÓN EL VIERNES.

Los partidos independentistas en Cataluña propusieron hasta el jueves una sesión en el parlamento regional para responder a la intervención de la autonomía propuesta por Madrid que el Senado español debe aprobar el viernes. "El pleno (...) determinará qué respuesta como país tenemos que dar a esta decisión del gobierno", dijo el portavoz de la mayoría parlamentaria Lluís Corominas, calificando las medidas de Rajoy de "agresión institucional".

En esta sesión, los diputados catalanes podrían declarar la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes, inmersa desde hace años en una escalada de tensión con Madrid por las aspiraciones separatistas de una parte considerable de sus ciudadanos.

El conflicto se agudizó con el referéndum del 1º de octubre, en el que un 90 por ciento de los participantes apostaron por la secesión. A pesar de la baja participación (43 por ciento), el gobierno regional se comprometió a declarar la independencia.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, suspendió su aplicación para buscar un diálogo con Madrid pero podría optar por seguir adelante ante las presiones de sus aliados. La pequeña formación de izquierda radical CUP, clave para asegurar la mayoría independentista con sus diez diputados sobre 135 en el parlamento regional, pidió que la república se proclame "cuanto antes".

Incluso ERC (Izquierda Republicana de Cataluña), aliados del gobierno del partido conservador PDeCAT de Puigdemont, defendieron que la mejor respuesta a la intervención de Madrid "es la República catalana", dijo su portavoz Sergi Sabrià. Pero el líder en Cataluña del Partido Popular de Rajoy, Xavier García Albiol, respondió que "no se le va a permitir" a los independentistas usar la sesión del jueves para proclamar la secesión.

Al amparo del artículo 155 de la Constitución española, nunca usado hasta ahora, el gobierno central pretende intervenir Cataluña desde Madrid antes de convocar elecciones regionales en un plazo máximo de seis meses. Para hacerlo quieren destituir al ejecutivo catalán, tomar el control de toda la administración regional, incluida la policía y los medios de comunicación públicos, y supervisar la actividad parlamentaria.

"Solo la ciudadanía tiene derecho a cambiar estas instituciones, ya sea el parlamento o el gobierno", defendió en una entrevista a la BBC el responsable de Asuntos Exteriores del gobierno catalán, Raúl Romeva. Pero pese a los esfuerzos de su equipo para conseguir apoyos internacionales, los resultados en Europa son escasos.

Ayer, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, insistió en su postura "contra todos los separatismos en Europa" y el portavoz de dicho órgano, Margaritis Schinas, respaldó las acciones de Rajoy. "Respetamos el orden constitucional y jurídico de España y las medidas a las que te refieres se inscriben precisamente en este contexto constitucional", dijo al ser preguntado sobre el artículo 155.

El Senado español, dominado por el Partido Popular, debe aprobar su aplicación el viernes. Antes Puigdemont puede presentar sus alegaciones en la cámara pero su asistencia no está decidida todavía, informó un portavoz del gobierno catalán.

La medida, interpretada por el independentismo como una vuelta a la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) que eliminó el autogobierno regional, puede generar fuertes protestas en la región. Si se aplica el 155 "encontrará una respuesta en forma de desobediencia civil masiva por parte de la ciudadanía", afirmó la CUP en su comunicado.

El sindicato mayoritario en el sector educativo, USTEC, apeló a "resistir las imposiciones" de Madrid y una asociación de bomberos independentistas afirmó que sólo reconocerá la autoridad de las instituciones estatales.

Pero en medio de la escalada entre ambas partes, también surgen ruegos para evitar la ruptura de una sociedad dividida casi a partes iguales sobre la secesión y frenar la sangría económica causada por esta crisis. Desde el referendo inconstitucional, más de 1300 empresas se fueron de la región, entre ellas algunas emblemáticas como el banco CaixaBank, la productora de cava Codorníu o la editorial Planeta.

"Las consecuencias (de declarar la independencia) son imprevisibles pero en cualquier caso dramáticas", advertía en una nota el influyente foro empresarial catalán Círculo de Economía, pidiendo la convocatoria "inmediata" de elecciones regionales.

Pero de momento, esta opción reclamada también por los principales periódicos de la región "no está sobre la mesa", según dijo el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull.

Rajoy anunció la destitución de Puigdemont y le respondieron que resistirán el "golpe de Estado"

EL CONSERVADOR PRESIDENTE DE ESPAÑA ACTIVÓ EL ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN Y DISOLVIÓ LA AUTONOMÍA. ESCALA EL CONFLICTO.

El conflicto por la deriva independentista catalana alcanzó otra cota ayer, cuando luego de un consejo de ministros extraordinario, el presidente Mariano Rajoy anunció que se resolvió activar el artículo 155 que suspende la autonomía catalana, destituye al gobernó de Carles Puigdemont y convoca a nuevas elecciones.

En una conferencia de prensa brindada en la Moncloa, Rajoy detalló el resto de las medidas propuestas que deberá aprobar el Senado en las próximas semanas.

Son muy duras, ya que, además de convocar a elecciones para formar nuevo gobierno en Cataluña en seis meses, anunció controles sobre el parlamento local que controlan los independentistas, así como la toma de control de las agencias de recaudación locales.

Puigdemont, en tanto, convocó al Parlament para decidir los pasos a seguir y calificó la decisión como "el peor ataque a las instituciones catalanas, desde la disolución de la Generalitat por parte del dictador Francisco Franco".

Nunca en democracia se había aplicado el 155 y el impacto fue brutal. En Barcelona esta sábado marcharon casi medio millón de personas y tanto el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, lo tildaron de "golpe de Estado" y anunciaron que resistirán la decisión, lo que abre un conflicto de alcance impredecible.

"No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Catalunya, se cesa a las personas que han puesto esa comunidad al margen de la ley", intentó tranquilizar Rajoy. Pero en los hechos lo que se decidió es eso: Una intervención del gobierno autonómico y en toda la línea. De hecho, le quitó al parlamento local la posibilidad de convocar a elecciones, proponer al jefe de Gobierno y validarlo.

Hasta ahora, Rajoy logró el respaldo blindado de los principales líderes e instituciones de Europa, pero habrá que ver hasta que punto esa posición se mantiene si la crisis deriva en violencia.

Rajoy pidió a las empresas que detengan su fuga de Cataluña, pero se cuidó de detallar los desastres que le esperan si avanza en su independencia: "Europa no los aceptaría, no recibirían los beneficios del Banco Central Europeo y habría un problema grave de contracción crédito y un empobrecimiento de la economía catalana de entre el 25% y el 30%".

También respondió a los que desde distintos sectores le pedían diálogo. "Es una palabra hermosa que se ha convertido en mágica, pero nunca lo plantearon. El diálogo no es que los demás acepten lo que tú quieras", ratificó.

En un estado de evidente conmoción, Puigdemont convocó al Parlament para debatir los pasos a seguir y dio un mensaje televisado, en el que habló en catalán, español e inglés. Calificó la decisión de Rajoy como el "peor ataque" a las instituciones catalanas desde la disolución de la Generalitat por parte del dictador Francisco Franco.

No fue una comparación antojadiza. Desde que estalló la crisis el independentismo empezó a emparentar al gobierno de Madrid con la dictadura de Franco y ahondó esta caraterización luego que se dispusiera el encarcelamiento de los Jordis por el delito de sedición, lo que fue tipificado como un regreso de los "presos políticos" a España.

"Lo que los catalanes decidieron en las urnas, el Gobierno lo tumba en los despachos", ahondó Puigdemont en su mensaje. Sin embargo, como viene sucediendo desde su fallida amenaza de activar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que todavía no concretó, el lider catalán no enunció ninguna respuesta concreta a la decisión de Madrid.

El president realizó su discurso tras encabezar una nueva marcha en reclamo de la liberación de los Jordis, que tras conocerse la decisión de Rajoy se volvió masiva, rozando el medio millón de persoas, según los organizadores.

Rajoy acordó la decisión con dos de los tres partidos de la oposición: los socialistas conducidos por Pedro Sánchez -su principal aliado en esta crisis- y Albert Rivera de Ciudadanos. En tanto que Podemos de Pablo Iglesias, se opuso a la decisión, que fue respaldada por el rey Felipe.

Rajoy va por la intervención de Cataluña

EL PRESIDENTE ESPAÑOL NO ACCEDIÓ AL DIÁLOGO PROPUESTO POR CARLÉS PUIGDEMONT. EL GOBIERNO CATALÁN ADVIRTIÓ QUE SI SE AVANZA CONTRA LA AUTONOMÍA HARÁ EFECTIVA LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA.

El gobierno de Mariano Rajoy rechazó el llamado al diálogo planteado por el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y anunció la intervención de la autonomía de esa región a través de la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución española, que deberá ser ratificado por el Senado en los próximos días. El l gobierno catalán anunció que si esa medida se aplica, votará en el Parlament “la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre”.

De aprobarse en el Parlamento, la medida lanzada por el gobierno español implicaría tomar el control de la Policía autonómica catalana y las conserjerías del gobierno regional, con el objetivo de convocar a elecciones anticipadas. Una situación inédita en los últimos 40 años de España y de consecuencias imprevisibles. El propio Rajoy reconoció el miércoles pasado que tomaría "decisiones que sin duda alguna sería mejor no tomar".

En tanto, en Cataluña comenzaron a circular las convocatorias para movilizarse en rechazo de la reacción del gobierno central y llamaron a una "desobediencia masiva no violenta" en las calles.

La Moncloa le había dado a Puigdemont un ultimátum para que aclare si durante su presentación en el Parlament catalán de la semana pasada había declarado o no la independencia. Ayer a la mañana, minutos antes de que venciera ese plazo, el jefe del Ejecutivo catalán respondió con una carta en la que dejó clara su intención secesionista y volvió a llamar al diálogo.

Puigdemont cuestionó la decisión de Rajoy de no atender el llamado a negociaciones y respaldó su decisión en el referéndum del 1º de octubre, día en que las fuerzas de seguridad federales pusieron en marcha un brutal operativo que irrumpió en los centros de votación, confiscó urnas, y reprimió y detuvo a cientos de ciudadanos catalanes que habían ido a votar. 

La suspensión de la declaración de independencia “continúa vigente”, afirmó Puigdemont ayer y criticó que la intervención de la autonomía regional “indica que (el gobierno central) no es consciente del problema” que ello generaría. “Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre”, remarcó.

Minutos después y a través de una carta que fue leída por el vocero de la Presidencia del gobierno, Rajoy afirmó que “ante la falta de respuesta” de la Generalitat sobre si había declarado la independencia o no, se ponía en vigencia el artículo 155 “con el objetivo de restaurar la legalidad en Cataluña”.

El paso siguiente se dará el sábado próximo, cuando el Consejo de Ministros trate el asunto en una sesión extraordinaria y eleve el pedido al Senado. Rajoy lamentó “profundamente la actitud de los responsables de la Generalidad de Cataluña de buscar, deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional” y sostuvo que la intervención se tomó para “recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro que la inseguridad política y jurídica” que causaron “un evidente perjuicio económico y social a todos sus ciudadanos”.

La reacción del gobierno de España al llamado al diálogo de Cataluña

EL PRIMER MINISTRO ESPAÑOL EMPLAZÓ AL PRESIDENTE CATALÁN CARLES PUIGDEMONT A PRECISAR EN CINCO DÍAS SI DECLARÓ O NO LA SECESIÓN. SU RESPUESTA FUE CONSENSUADA CON LOS PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS, SALVO PODEMOS.

La respuesta del presidente español Mariano Rajoy al llamado al diálogo hecho por el gobierno independentista de Cataluña fue un envalentonamiento. Durante una comparencia en La Moncloa el primer ministro español instó al presidente catalán Carles Puigdemont a que aclare si lo de ayer fue una declaración de secesión o no, y activó el polémico artículo 155 de la Constitución ibérica, que promulga la intervención de una región y la convocatoria a elecciones.

"El Consejo de Ministros ha acordado requerir formalmente al Govern de la Generalitat (gobierno catalán) para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre la entrada a su vigor", definió Rajoy. Su discurso fue consensuado con líderes de los principales partidos de la oposición, salvo con Podemos.

El objetivo es “ofrecer a los ciudadanos la claridad y seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia”, agregó el mandatario y dejó en manos del presidente de la Generalitat “el futuro de los acontecimientos de los últimos días”.

Con este anuncio disparó, por primera vez en democracia, la activación del proceso que establece el artículo 155. De esta manera, Puigdemont tendría un plazo de cinco días para responder, aunque el gobierno español no lo aclaró aún. 

Rajoy volvió a instar a Puigdemont a que vuelva a la senda de la Constitución, como única salida al conflicto de secesión, con lo que no parece dejar margen a un diálogo como el que pretenden los secesionistas. "Si el señor Puigdemont manifiesta su voluntad de respetar la legalidad y restablecer la normalidad institucional, se pondría fin a un periodo de inestabilidad, tensiones y quiebre de la convivencia", enfatizó.

"En la contestación al requerimiento, el señor Puigdemont tiene la oportunidad de responder al clamor y peticiones que desde tantos ámbitos le han hecho llegar para recuperar la convivencia armónica y la seguridad jurídica", agregó.

"De mi parte seguiré actuando con prudencia y responsabilidad y teniendo presente el bienestar general de los catalanes y el conjunto de españoles", concluyó Rajoy.