A MENOS DE UNA SEMANA DE LA NUEVA MARCHA POR PEDIDO DE JUSTICIA POR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE SANTIAGO MALDONADO, EL JUEZ MARTÍNEZ DE GIORGI PROCESÓ POR INTIMACIÓN PÚBLICA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD A UN GRUPO DE DETENIDOS TRAS LA MOVILIZACIÓN DEL 1 DE SETIEMBRE. "EL JUEZ SE BASÓ EN LAS DECLARACIONES DE LA POLICÍA QUE FUE DENUNCIADA POR LOS DETENIDOS", EXPLICÓ EL DEFENSOR DE VARIOS DE LOS PROCESADOS.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó por los delitos de "intimidación pública" y "resistencia a la autoridad" a 22 de los 31 detenidos el 1 de septiembre durante la represión desatada por la Policía de la Ciudad, luego de la marcha por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El abogado de Correpi Ismael Jalil, que representa a varios de los procesados, señaló que "las imputaciones son todas genéricas" y advirtió que el juez ordenó los procesamientos a partir de “las declaraciones presentadas por la Policía, que fue la denunciada por los detenidos". La decisión del juez se da a conocer horas después de que la familia Maldonado convocara a una movilización para reclamar Justicia por la desaparición de Santiago, el próximo miércoles 1º de noviembre (ver nota aparte en esta misma edición).
Varios de ellos -que permanecieron 48 horas en la cárcel aquel fin de semana de septiembre- habían declarado que fueron detenidos en lugares y horarios distintos a los indicados por el personal de la Policía de la Ciudad, como en el caso de los fotógrafos de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Medone, que quedaron entre los procesados. Jalil recordó que "están los registros fílmicos" que demuestran que la detención ocurrió a varias cuadras de Plaza de Mayo, contradiciendo los dichos del personal policial.
El juez De Giorgi además trabó embargos de hasta 5 millones de pesos contra los procesados, una suma equivalente a los daños calculados por el Gobierno de la Ciudad, cuando en el expediente figura "que los detenidos ganan 9 mil o 7 mil pesos, mientras que otros están desempleados", graficó Jalil. "Este fallo describe el estado policial en el que estamos viviendo, donde la justicia legitima las barbaridades que cometa la Policía a pedido del Gobierno", sentenció el abogado de Correpi.
En la lista de 22 procesados ordenada por el juez federal están Noemí Pianetti, Maximiliano Pierangeli, Andrés Ferraroti, Sofia Gamboa, Sebastián Nahabian, Patricio Salazaro, Aitor Basterrechea, Daniel Carrizo, Demian Tutaglio, Ivan Palavecino, Cristian Vázquez, Paola Montero, Ada Luz Escobar Martín, Carlos Guerra, Hugo Medone, Juan Mourenza, Micael Tobías Maggi, Geraldine Sánchez, Gabriela Amira Sánchez, Yamila Barrios, e Ivan Meza.
Cristian Vázquez es el joven de 30 años que fue detenido cuando intentaba filmar la represión tras salir de su trabajo, una empresa de sistemas ubicada en Defensa y México. “Uno piensa que (la policía) va a estar para cuidarte, pero te das cuenta del trato que tienen. Esto es cualquier cosa”, analizó Vázquez días después de su liberación.
En el fallo, de 122 fojas, De Giorgi señala que "no resulta un dato menor que entre los elementos secuestrados había un cuaderno que contenía propaganda anarquista en contra del Estado". En otro tramo de las valoraciones de prueba, según detalló Jalil, el juez advierte que los jóvenes intercambiaban por mensaje sus teléfonos celulares mientras eran llevados en los camiones de la Policía de la Ciudad, lo que presumió como un acto de “conocimiento y concertación previa” de los hechos.
El acta de procesamiento contra Medone y Mourenza señala que fueron detenido por derribar el vallado policial y agredir con piedras y botellas al personal en la plaza frente a la Casa Rosada, pero en la declaración de otras de las procesadas (Gabriela Amira Sánchez) se señala que su detención se produce en Avenida de Mayo al 1400, y que intervienen dos jóvenes para ayudarla, “ellos son Medone y Mourenza”, advierte Jalil e insiste con el registro fílmico del momento aportado por los procesados, “pero el juez da por hecho la versión policial”.
El abogado de la Correpi también citó el caso de Demian Tutaglio, otro de los procesados, quien figura como detenido a las 20.18, pero tiene un registro de Whatsapp de las 20.50 en el que le dice a su mujer que todo estaba en orden y que comenzaba el retorno a su casa. Jalil también indicó que De Giorgi ubica todo lo sucedido entre las 20 del 1 de septiembre y las 00 del 2 de septiembre. “Eso no es verdad. A las 20 aún no había pasado nada y a las 00 ya estaba todo terminado”, señaló.
“El juez da por buenas las declaraciones de los policías y descree de los detenidos sin fundamentos, cuando tendría que investigar qué hicieron los policías, porque la fuerza fue denunciada por los detenidos”, advirtió Jalil y recordó que en el expediente también figuran las declaraciones de jóvenes que dijeron ser interpelados en los camiones de la fuerza de seguridad con frases como “colaborá porque vas a ser el próximo desaparecido” o una mujer que denunció que fue obligada a desnudarse para ser fotografiada por oficiales hombres.
“De Giorgi estuvo a la espera de las instrucciones políticas del Gobierno y supeditó esta resoluciones al resultado de las elecciones. Lo que hace es parar las denuncias contra el personal policial para evitar otro dolor de cabeza al Ejecutivo”, consideró Jalil.
El juez federal ordenó así el procesamiento de los dos reporteros gráficos de la RNMA y también del fotógrafo de ATE Carlos Guerra. De Giorgi es también quien ordenó los allanamientos al canal comunitario Antena Negra TV y procesó a sus integrantes; mientras que esta semana volvió a declararse incompetente en la paralizada causa para investigar a la patota encabezada por Mariano Martínez Rojas, quien en julio de 2016 ingresó y destrozó la redacción del diario recuperado Tiempo Argentino.
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