LA CÁMARA DE CASACIÓN REALIZÓ UNA AUDIENCIA ORAL PREVIA A RESOLVER SOBRE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CONTRA LA LÍDER DE LA TUPAC AMARU POR EL ESCRACHE DE 2009 A GERARDO MORALES. LA ABOGADA ELIZABETH GÓMEZ ALCORTA SEÑALÓ QUE SE PUDO EVIDENCIAR LA FALTA DE PRUEBAS Y AFIRMÓ QUE SE DEMOSTRÓ "LA VOLUNTAD DE CONDENAR A MILAGRO SALA POR PARTE DEL TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE JUJUY”.
En una audiencia que duró cuatro horas y fue abierta a los medios y transmitida por el Centro de Información Judicial, la fiscalía y la defensa de Milagro Sala presentaron sus argumentos para que la Cámara Federal de Casación Penal revoque la sentencia de primera instancia en la que se la condenó a tres años de prisión en suspenso por un escrache ocurrido en 2009, del que no participó. La querella pidió que se revoque el sobreseimiento a Sala por el delito de amenazas.
La líder de la Tupac Amaru y diputada del Parlasur fue condenada en diciembre del año pasado por el Tribunal Oral Federal Oral N°1 de Jujuy, que la consideró instigadora del escrache con huevos ocurrido en 2009 en el Consejo de Ciencias Económicas contra el entonces senador y ahora gobernador fascista jujeño Gerardo Morales. También fueron condenados los integrantes de la Tupac Graciela López y Gustavo Salvatierra. La sentencia se basó en el testimonio de un único testigo de cargo que se contradijo en reiteradas oportunidades y que trabaja para la gobernación, aunque intentó ocultarlo.
“Pudimos argumentar sobre las arbitrariedades de la acusación y de la sentencia. Quedó demostrado que no existe prueba de cargo para la condena de Milagro Sala ni para las autorías de Graciela Lopez ni de Gustavo Salvatierra”, sostuvo tras la audiencia una de las abogadas de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta. “También quedó demostrada la voluntad de condenar a Milagro Sala por parte del Tribunal Oral Federal de Jujuy, que ha sido absolutamente parcial, con ausencia de independencia”, agregó.
Ante los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Germigniani el fiscal Javier De Luca fundamentó el dictamen que emitió el 28 de abril, en el que consideró que se debe dejar sin efecto la condena contra la diputada del Parlasur. Sostuvo que el gobernador Morales no puede realizar la acusación por los daños producidos al Consejo de Ciencias Económicas ya que la única acción que lo perjudicó fueron las amenazas que denunció -que ya se encuentran prescritas- y recordó que ya presentó una denuncia contra Rene "Cochinillo" Arellano y Cristina Noemi Chauque por falso testimonio.
Luego de que quedara absolutamente probado que Sala no estuvo en el escrache de 2009 contra el entonces senador radical, los dos testigos propuestos por el propio Morales afirmaron que participaron de una reunión en la que ella les ordenó presentarse en el lugar y agredir al actual gobernador. Sin embargo ellos tampoco fueron al escrache. Además de múltiples contradicciones entre los testimonios de ambos y con los que brindaron en 2010, "Cochinillo" Arellano incurrió en una mentira que quedó a la luz: dijo que no tenía trabajo, pero luego se comprobó que está contratado desde el 1 de julio como coordinador de cooperativas por el gobierno de Morales.
En la misma línea que De Luca, la defensa de Sala consideró que el TOF 1 realizó una valoración arbitraria de la prueba. La abogada Gómez Alcorta enumeró las inconsistencias y arbitrariedades de la sentencia de diciembre y detalló las contradicciones de Arellano y Chauque. También remarcó que el delito de instigación que se le adjudica a Sala no puede imputarse si no se individualiza con claridad al instigador y a los instigados, algo que no sucedió en el fallo de primera instancia.
“La idea que se presenta de tomar como agravante para una condena que una persona sea líder social y dirigente política es un argumento fascista. No hay ninguna razón para justificar eso, salvo pensar que aquellas personas que son dirigentes sociales y políticos tienen que responder también por lo que hagan los integrantes de las organizaciones”, explicó Gómez Alcorta tras la audiencia.
Los jueces tienen ahora 20 días hábiles para expedirse sobre los recursos presentados por el fiscal, la querella y la defensa respecto a la que fue la primera condena contra Milagro Sala desde que fue detenida en enero de 2016 por encabezar un acampe de protesta frente a la gobernación jujeña. Tanto Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostienen que su arresto es ilegal y reclaman que se la libere.
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