EL CENTRO DE EX COMBATIENTES ISLAS MALVINAS (CECIM) ENTREGARON A LA CORTE SUPREMA UNA CARTA EN EL MARCO DE UNA CAMPAÑA POR MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA RESPECTO DEL TRATO A LOS COMBATIENTES EN EL ARCHIPIÉLAGO.

El CECIM insiste insiste con la necesidad de reactivar las investigaciones por los abusos y torturas que sufrieron los entonces "colimbas" durante el conflicto del Atlántico Sur y que sean considerados crímenes de lesa humanidad. En el texto los ex combatientes remarcan que “los soldados conscriptos luchamos por la consagración de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que como usted ha manifestado en reiteradas ocasiones, constituyen pilares fundamentales del contrato social de las y los argentinos”.
En la misiva denuncian “las nuevas vulneraciones de derechos a que nos viene sometiendo el Estado, en particular el Poder Judicial de la Nación, consistentes en la exposición a un proceso de (re)victimización de los excombatientes merced a la ‘cronoterapia’ aplicada por la inacción judicial, lo que se traduce directamente en una flagrante privación al derecho a acceder a la Justicia, de jerarquía constitucional y convencional”.

El caso emblemático es el que involucra al teniente retirado Jorge Taranto, acusado por cinco torturas y una muerte por inanición. La Corte Suprema se negó a tratar ese caso, y el no de los supremos fue una dura señal para los 150 casos denunciados. Según el CECIM, los abusos fueron contra soldados de 18 y 19 años, por parte de oficiales con mando de tropa, y que esa práctica no fue aislada, sino “sistemática y generalizada”. En la mayoría de los casos, se denuncia como hechos comunes los estaqueos.
La causa contra Taranto comenzó en 2007 y se encuadró como crimen de lesa humanidad. En la carta del CECIM, se recuerda a Lorenzetti que con el fallo en el caso Taranto “se intentó instalar, en forma pretoriana, una reedición de la doctrina del olvido y el perdón”.
Recuerdan asimismo que “este año, la causa por torturas cometidas por Oficiales y Suboficiales en perjuicio de soldados conscriptos, durante la guerra de Malvinas (Expediente 1.777/07), cumple 10 años. El Punto Final está operando por el paso del tiempo y ello es una decisión político/institucional”. De allí que insten al presidente de la Corte a que “arbitre todos los medios a su alcance a fin de terminar con estas nuevas e inconcebibles violaciones a los derechos humanos, que representan el manto de impunidad, silencio y olvido de las torturas y asesinatos perpetrados por el Estado terrorista”.
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