Subte: las maniobras del PRO contra la jueza que define el traspaso

Por Claudio Mardones, para Tiempo Argentino

 

El gobierno porteño intentó por tres vías diferentes que la magistrada deje la causa por la titularidad del servicio. Los argumentos para sumar a otros actores judiciales y un nuevo conflicto sindical latente por el fin de los subsidios.

 

Al subte porteño le quedan 100 días para seguir funcionando con subsidios federales. Nadie se anima a pronosticar qué podría suceder después del 31 de diciembre, cuando la Nación deje de girar los 360 millones de pesos que pondrá este año para sostener el boleto a 2,50. Una hipótesis sostiene que el viaje subiría al doble y otra que la concesionaria Metrovías, del Grupo Roggio, podría abandonar la explotación del servicio. A esas voces se suman quienes creen en una nueva licitación bajo la órbita nacional, mientras otros se muestran convencidos de que la Ciudad, tarde o temprano, deberá aceptar la transferencia y, quizás, reanimar la gestión estatal del metro. Cualquier camino parece posible dentro de los taponados túneles de una negociación entre Nación y Ciudad, que lleva nueve meses estancada. Si no hay acuerdo entre los dos vecinos de la Plaza de Mayo, el gobierno porteño dice en público que respetará la decisión de la justicia, pero en privado, ha multiplicado los esfuerzos para que ese veredicto no provenga de la jueza Patricia López Vergara, titular del 6º Juzgado Contencioso y Administrativo de la Ciudad.

 

La magistrada interviene desde principios de agosto, cuando estalló el paro más largo de la historia del subte y la legisladora del FPV María José Lubertino presentó un amparo para que la justicia garantice el derecho de los usuarios y determine si la Ciudad debe asumir, o no, la titularidad del servicio. Desde entonces, el expediente 45.189 comenzó a sumar audiencias, escritos y pruebas, pero hasta ahora tuvo dos resoluciones provisorias y no ha concluido, porque la jueza aún no se expidió sobre la cuestión de fondo. Dentro del gobierno porteño, ese veredicto es una verdadera preocupación en vísperas de un año electoral que, hasta ahora, promete arrancar con un subte paralizado, en conflicto o con costos muy altos, tres caminos que desembocan en la furia de los usuarios.

 

La señal de ese desvelo provino de la Procuración General, que se presentó para pedir la conexidad del caso, un recurso para correr a López Vergara del camino y juntarlo con dos expedientes que tramita Nidia Cicero, a cargo el Juzgado Nº 14. Según los argumentos de los representantes del gobierno porteño, López Vergara debería abandonar el caso porque Cicero tiene en sus manos un expediente por el aumento del subte de 1,10 a 2,50 y otro por el retiro de la Policía Federal de todas las estaciones desde antes. En el primero, Cicero pasó inadvertida, porque estuvo de licencia cuando su colega subrogante Fernando Enrique Juan Lima avaló el aumento que dispuso el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, durante los breves días que tuvo el subte a su cargo. En el segundo, la jueza se llevó todos los titulares cuando dictó una medida cautelar para que el gobierno nacional garantizara la seguridad del metro porteño, cuando la ministra de Seguridad, Nilda Garré, había ordenado el retiro de la Policía Federal. Un mes después, la jueza contenciosa federal Rita Ailán anuló la decisión de Cicero y le dio la razón a la Nación.

 

El otro intento de sacar a López Vergara fue presentado por Subterráneos de Buenos Aires, la empresa estatal porteña que también fue demandada por Lubertino. Al contrario del planteo de la Procuración, SBASE pidió la conexidad con la causa que tiene la Sala IV de la Cámara Federal en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, a partir de una demanda presentada el 6 de marzo por el gobierno nacional contra la administración PRO para que respete el acta de transferencia firmada a principios de año.

 

En esa ofensiva, el tercer recurso para sacar a López salió de la Sala I de la Cámara contenciosa de la Ciudad, que intentó sacarle el expediente a la jueza mientras estaba de licencia. En medio de una queja por uno de los fallos del subte, la presidenta de la sala Inés Weinberg de Roca pidió los originales. La solicitud causó sorpresa en el tribunal de López Vergara, que le recordó al tribunal de alzada que ya tenía una copia en su poder y que no era necesario que se llevara los originales. El pedido quedó sin efecto, pero fue el tercer intento en tres semanas para que la causa del subte pase a otras manos que, curiosamente, están en plena carrera de ascenso dentro del Poder Judicial.

 

Es el caso de la jueza Cicero, que hace diez días recibió el acuerdo de la Junta de Ética y la Comisión de Justicia de la Legislatura Porteña para jurar como fiscal ante la Cámara Contenciosa porteña. Junto a ella también jurará su colega Juan Lima, recordado por su aval al aumento que dispuso Macri para el boleto del subte. El magistrado irá a la misma Cámara de Apelaciones que Cicero, pero como juez de una de las dos salas más influyentes del Poder Judicial porteño. Ambos obtuvieron el primer promedio en los concursos 39/10 y 49/10 del Consejo de la Magistratura para cubrir los cargos, pero sus perfiles son ampliamente reivindicados por los principales funcionarios del PRO en la justicia, como el fiscal general Germán Garavano, otro que ansía ocupar el cargo vacante que tiene Tribunal Superior de Justicia desde 2009. La demora en la designación de un quinto juez para el máximo tribunal porteño lleva 22 meses de postergación, porque Macri todavía no mandó un candidato a la Legislatura. Esa deuda constitucional fue denunciada por distintas ONG, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, pero desoída por el alcalde que baraja a Weinberg de Roca como una de sus candidatas preferidas al TSJ. La mujer cuenta con reconocidos pergaminos judiciales, como la presidencia de un tribunal penal internacional en Ruanda, pero dentro del macrismo es reconocida por compartir gimnasio con el alcalde en el coqueto Barrio Parque, donde son vecinos.

 

En esa geografía de internas palaciegas podría navegar la causa del subte en manos de López Vergara, que hasta ahora obligó dos veces al jefe de gobierno a respetar la ley porteña. En la primera tuvo que asumir por primera vez en cinco años las potestades laborales para dictar la conciliación obligatoria en el conflicto del subte, y en la segunda el mismo tribunal le ordenó que aceptara los subsidios federales que Macri no quería tocar para no convalidar la transferencia en disputa. Con un conflicto sindical en ciernes por el fin de los subsidios, la causa 45.189 se encamina a definir quién deberá hacerse cargo del subte. La tercera podría ser la vencida, aunque en el macrismo están empeñados en demostrar lo contrario.