LA CÁMARA FEDERAL ORDENÓ QUE SE DETERMINE SI LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA) A CARGO DE LA INCOGIBLE LAURA ALONSO ELIGE EN QUÉ CAUSAS INTERVENIR Y DESISTE DE HACERLO EN OTRAS POR INTERESES POLÍTICOS O ECONÓMICOS, Y SI HAY UNA SUPUESTA "PERSECUCIÓN SELECTIVA" POR PARTE DEL ORGANISMO.
La Sala II de la Cámara hizo parcialmente lugar al reclamo del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, quien denunció "una supuesta persecución selectiva por parte de la máxima autoridad de la OA, en supuesta violación de sus deberes específicos".
En ese marco, los camaristas advirtieron que el planteo no fue debidamente analizado por el juez federal Sebastián Casanello y ordenó que se revea y que se le pida la opinión a la fiscalía para determinar si debe abrirse la investigación.
"El eje, aquí, no se pone en cuáles son los casos en que sí se involucró el organismo -como querellante, entre otros supuestos- sino en aquellos en que dejó o deja de hacerlo", advirtió el tribunal.
Para la Cámara "no ha recibido respuesta la pretensión (de Echegaray) de que se inicie una pesquisa para determinar si pudo haber existido un actuar arbitrario configurativo de abuso de poder".
Sostuvo además que el juez Casanello "también deberá definir si, con relación a la hipótesis así planteada, concurre o no en cabeza de Echegaray un perjuicio directo que lo habilite a constituirse en querellante".
Por otra parte, la Sala II también se pronunció por confirmar la desestimación de un hecho denunciado por Echegaray contra el organismo. Se descartó la comisión de cualquier delito con relación a la presentación de un informe de la Oficina Anticorrupción en el marco de una causa del Juzgado Federal N° 12 seguida contra Echegaray por enriquecimiento ilícito.
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