El canciller y el diputado nacional pidieron a la Cámara Federal que confirme la desestimación de la denuncia del fallecido fiscal que, junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, les imputa el encubrimiento del atentado a la AMIA.
A primera hora de la mañana de ayer habían pedido la confirmación del fallo del juez federal Daniel Rafecas, el líder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche, y Jorge Khalil, también mencionados en la denuncia, junto al dirigente político Luis D’Elía, el ex juez Héctor Yrimia y el falso agente de inteligencia Ramón Allan Bogado, todos mencionados en la denuncia.
Entre esas presentaciones realizó la propia, pidiendo “que prosiga la investigación”, el fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes, quien continúa representando al Ministerio Público luego que la Sala I del tribunal rechazara anteayer un pedido de recusación.
“El escrito llamado ‘denuncia’ presentado por el fiscal Nisman tiene una historia de fracasos desde sus comienzos”, expuso la abogada y ex juez Lucila Larrandart, defensora de Larroque, ante la Sala I de la Cámara, que interviene en el recurso de apelación contra el fallo de Rafecas.
En tanto, Timerman, a través de sus abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, explicó, en la mayor parte de su escrito de 40 carillas, las razones para la celebración con autoridades iraníes de un Memorándum de Entendimiento.
El Memorándum de Entendimiento con Irán para la creación de una Comisión de la Verdad -que Nisman exhibió como una actividad para favorecer a imputados en la causa por el ataque a la mutual judía-, fue la “opción” a numerosas tratativas anteriores, que no había logrado avances, señalaron los abogados de Timerman.
“En el texto expreso del Memorándum no aparece ninguna previsión que cercene las atribuciones del magistrado de la causa AMIA a fin de decidir el futuro del proceso; ni que contemple la cancelación de las notificaciones rojas de Interpol, por el mero hecho de la suscripción del aludido acuerdo bilateral”, agregaron los letrados del canciller.
“Tanto las autoridades del gobierno argentino como las del organismo internacional tuvieron en claro que el estatus de las notificaciones rojas -órdenes de captura de iraníes implicados en la causa sobre el atentado- permanecería inmodificable”, destacaron Peñafort y Rúa.
Los letrados coincidieron con Rafecas en el carácter “temerario” de la acusación, a la que compararon con “un castillo de naipes”, sin “ninguna prueba”.
Asimismo, la abogada de Larroque, quien calificó de “magnífica” a la resolución de Rafecas que desestimó la denuncia impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, ponderó la parte del fallo que descartó que el encuentro entre cancilleres de Argentina e Irán, para firmar el Memorándum, fuera el punto de partida de un plan de impunidad.
En una veintena de fojas, Larrandart formuló preguntas críticas al desempeño de Nisman, como por qué el fiscal no realizó, “teniendo el poder para hacerlo”, alguna medida, antes de concretar su hipótesis criminal de “inusitada gravedad u trascendencia institucional” con la denuncia previa a su muerte.
“¿Con qué sustento (Nisman) presenta una denuncia de tal gravedad y presupone una finalidad delictiva en el ejercicio de un acto de gobierno?”, inquirió Larrandart en su escrito.
La defensora recalcó que del expediente no surgen “ninguna conducta concreta” delictiva de Larroque, “excepto que la cercanía o relación que un diputado pudiera tener con la Presidenta pueda dar sustento a sospechar que comete un ilícito”.
Con conceptos similares a los de la defensa de Timerman, Larrandart cita también a las órdenes de captura con alertas roja de Interpol, el Memorándum de Entendimiento y la actuación de las autoridades nacionales tendientes a avanzar en el esclarecimiento del atentado a la AMIA.
Larrandart concluyó que “toda la denuncia consiste en una serie de repeticiones, suposiciones y afirmaciones del fiscal sin sustento alguno”, por lo que pidió a la Sala I de la Cámara que rechace la apelación “sin más trámite”.
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