martes, 23 de diciembre de 2014

En otra escandalosa decisión judicial, Bonadio declaró al fiscal Gonella en rebeldía

El cuestionado juez pidió que la Procuración le quite los fueros al fiscal antilavado para que pueda ser llevado a declarar por la fuerza pública. El acusado había acusado por temor de parcialidad.


En otra escandalosa medida judicial, el juez federal Claudio Bonadio ordenó la prohibición de salida del país del fiscal antilavado Carlos Gonella y pidió su desafuero. La decisión del juez llegó luego de que el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos se negara a asistir a la declaración indagatoria prevista para ayer.

Bonadio solicitó que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el Jury del Ministerio Público Fiscal le quiten los fueros para que de esa manera termine su inmunidad de arresto y pueda ser llevado a declarar por la fuerza pública.

Gonella fue denunciado por la jueza María Gabriela Lanz, quien es investigada por lavado de dinero en una causa sobre su pareja, el narcotraficante Valentín Temes Coto. El fiscal es acusado de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y violación de secretos, por haber difundido la noticia en el sitio web del Ministerio Público Fiscal, Fiscales.gob.ar.

El fiscal negó haber cometido delitos y recusó a Bonadio por temor de parcialidad, pero el magistrado fue ratificado en la causa, decisión que está pendiente de ratificación ante la Cámara Federal. Además, niega haber violado secretos y apunta en cambio a que está en juego el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión. De hecho, Bonadio será denunciado ante el Consejo de la Magistratura y la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU por esos motivos.

"Si prosperara esta imputación estrafalaria”, remarcó Gonella en declaraciones a los medios, “se verían gravemente afectados estos derechos constitucionales y nuestro país podría ver comprometida su responsabilidad internacional porque los portales de información de los organismos públicos se verían jaqueados y los comunicadores sociales en temas judiciales se encontrarían severamente restringidos en su labor"

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