Un documento elaborado por la Defensoría del Pueblo porteña consideró así al sistema que implementó el gobierno macrista que dejó sin vacantes a 17.000 niños. Dijo, además, que el modelo es "inconsistente y falto de transparencia".
El documento denunció además que los niños sin vacantes fueron "desplazados" de la escuela pública, criticó la información brindada en los distintos órganos del Estado porteño por "insuficiente" y "confusa"; así como también la "extemporánea decisión de implementar un cambio tan abrupto en el sistema de tramitación".
El documento se basó en los datos extraídos a partir de las denuncias que fueron realizadas a la Defensoría durante los meses en los que se llevó a cabo la inscripción online, en donde se registraron 939 casos de chicos con problemas para conseguir su vacante.
Dicho número, según la Defensoría, se conformó como una muestra válida para analizar la situación actual de los 17.000 chicos que tuvieron problemas para obtener una vacante, dato que proporcionó el propio Ministerio de Educación porteño, según expresa el informe.
Posteriormente se realizó un análisis cualitativo que contempló las respuestas vía e-mail de adultos responsables de 309 chicos y adolescentes en edad escolar, ante la inquietud de los asesores del organismo de conocer el estado actual de la situación de los menores.
De la muestra, para el 31 de marzo -fecha en que culminó el proceso de recolección de datos-, aun 123 niños no habían logrado obtener su vacante; y de ellos, el 32,5% ingresó a una escuela de gestión privada, lo que la Defensoría alertó como "el dato más preocupante" que revela el informe.
En el documento criticaron también que, a pesar de haber realizado cuatro resoluciones indicando falencias en el mencionado sistema, junto con presentaciones judiciales, "no se recibió en esta Defensoría del Pueblo respuesta del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad a las recomendaciones formuladas".
Gustavo Lesbegueris, director de Educación de la Defensoría del Pueblo, explicó que "lo más importante que se observa es que no hubo previsión del Gobierno porteño para implementar esta medida, ya que lo hizo casi terminando el ciclo lectivo 2013".
En ese momento, "muchas escuelas estaban preparándose para la inscripción de este año, mediante la modalidad tradicional, presencial y personalizada", por lo que el nuevo sistema "hubiera requerido, por ejemplo, campañas de información a las instituciones y las familias", sostuvo Lesbegueris.
Además, "no hubo explicitación de los criterios" para obtener una vacante o quedar en lista de espera, ya que el sistema "presentó serias falencias en cuanto a la carga de datos", dijo.
El sistema de inscripción online se realizó "en base al supuesto de que el sistema presencial era opaco y poco transparente, pero el informe pone de manifiesto que eso no pudo ser acreditado" y que en cambio "la falta de transparencia se ve en este nuevo sistema".
En relación a ello, Lesbegueris sostuvo que "a los supervisores y directores de escuela se los estigmatizó, pero cuando desde el Ministerio vieron semejante desmadro por el sistema online tuvieron que requerir su auxilio para que resuelvan los problemas que la misma gestión educativa generó".
Según el titular del área de la Defensoría, el informe "reivindica la labor de los supervisores" y también "el movimiento de las mismas familias en defensa de la escuela pública, ya que se valorizó la participación de los padres mediante una organización que contuvo y orientó a familias con este problema".
"Nosotros esperamos que este informe sea recibido como un aporte para subsanar las graves deficiencias que se detectaron en el sistema de inscripción online, ya que el Ministerio de Educación la incorporó a la agenda educativa del próximo ciclo lectivo", afirmó.
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