Fueron apresados en allanamientos a búnkers. En muchos casos son los únicos acusados. La defensora oficial de la Justicia federal, Matilde Bruera, reclamó que se deje de perseguir a los menores y dijo que el narcotráfico "circula por otro lado”.
Los menores de edad procesados tras ser capturados en búnkers en Rosario alcanza en la actualidad a 150 chicos, de entre 16 y 18 años. La mayoría fueron detenidos en puntos de venta de drogas o en sus inmediaciones.
Los defensores públicos de la órbita federal toman como un hecho absurdo que adolescentes punibles terminen bajo procesamiento cuando se trata del extremo más vulnerable de la cadena de venta de estupefacientes, a los que se incorporan por su fragilidad.
En ese sentido la defensora oficial de la Justicia federal Matilde Bruera reclamó que se deje de perseguir a los menores que atienden los búnker de droga, a los que calificó de víctimas, y señaló que “siempre los condenados son los más pobres y el narcotráfico sigue circulando por otro lado”.
“Venimos planteando hace tiempo desde la Defensoría Pública que no puede resolverse el tema del narcotráfico imputando a las víctimas. Estos niños son explotados, trabajan de manera ilegal en un lugar riesgoso y en condiciones infrahumanas”, indicó la abogada.
En declaraciones radiales expresó que “el narcotráfico es una empresa, por supuesto ilegal, y si no lo miramos así no lo vamos a entender ni solucionar. Está dirigida desde algún lugar por jefes, tiene gerentes y cargos directivos, entonces no podemos descargar toda la represión penal sobre el último eslabón”.
La defensora se quejó de que “lamentablemente la Justicia federal los sigue imputando y no se advierte la situación de víctimas de estos chicos, que son pobres y vulnerables. Estos chicos trabajan encerrados desde afuera, es una explotación casi esclava, al menos eso es lo que contempla la ley de trata para ser considerado como tal”.
Matilde Bruera dijo que tiene que “cambiar la orientación de la política criminal, apuntar a otros lados. Los tribunales federales llevan a proceso lo que la policía les entrega y hay alguien que está orientando mal la investigación, ya sea desde el poder político o desde la política judicial. Puede ser por errores o porque es más cómodo pero hace años que ocurre esto, siempre los condenados o los procesados son los más pobres”.
Caso testigo
En este tipo de casos hay un ejemplo en que una solo persona es la procesada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y se trata de un chico detenido en cercanías de un búnker que aparece como el único acusado de un expediente que no tiene ningún otro imputado.
Para la encargada de la defensa oficial no es serio pensar que el chico al que asiste, un joven pobre que no fue apresado dentro del quiosco de drogas, sea el único y principal investigado de la causa penal.
El adolescente de 17 años fue procesado el 28 de marzo pasado por comercio de drogas, en una resolución en la que el juez interviniente le trabó embargo por 20 mil pesos.
La defensora pública de Menores Ad Hoc ante los Tribunales Federales de Rosario, María Fernanda Tugnoli, sostuvo que en todo el recorrido que llega al procesamiento se verifican los pasos de un fracaso global de la política criminal: un proceso abierto a un menor que proviene de un grupo familiar de escasos recursos económicos, de mínimo bagaje sociocultural y desestructurado.
La abogada subrayó que la Convención de Derechos del Niño, a la que Argentina adhiere en la Constitución Nacional, prescribe que deben adoptarse medidas para tratar a niños que se acuse de haber infringido leyes penales sin recurrir a procedimientos judiciales.
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