El proyecto de ley anunciado el martes por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que beneficiará a 290.000 microempleadores en el marco del proyecto de Promoción del Trabajo Registrado, ingresó ayer al mediodía al Senado Nacional para su tratamiento.
La iniciativa fue girada a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, que según se anticipa, la comenzarán a analizar a partir de la próxima semana.
Fuentes oficialistas indicaron que en la agenda de tratamiento del proyecto figura la presencia del ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, aunque aún no está confirmada la fecha de su presencia en la Cámara alta.
La Presidenta detalló el martes que, en el marco del programa, serán destinados en principio 4.150 millones de pesos en beneficios para los empleadores y, de ese monto, el 65 por ciento estará dirigido a las microempresas para facilitar la registración de trabajadores.
Según consta en los fundamentos del proyecto, la medida busca "promover el trabajo registrado y profundizar la lucha contra el fraude laboral".
En el texto se pondera que en los últimos diez años "se ha logrado una profunda transformación del mundo laboral, no sólo a partir de la creación de puestos de trabajo, sino a través de la mejora de su calidad y de la protección social de los trabajadores".
Destaca, además, que entre 2003 y 2013 se crearon "alrededor de seis millones de puestos de trabajo, lo que permitió el acelerado descenso de la tasa de desocupación, que alcanzó al 6,8 por ciento de la población económicamente activa en el tercer trimestre de 2013, siendo este uno de los índices más bajos observados desde 1992" y asegura que "se comprobó una disminución sostenida de la incidencia del trabajo no registrado, lo que marca un claro contraste con las dos décadas anteriores caracterizadas por el crecimiento continuo irregular".
Según la iniciativa, la tasa de empleo registrado en los últimos diez años "se redujo 15 puntos porcentuales, desde un 49 por ciento de asalariados en 2003 a un 34 por ciento a fines de 2013". No obstante, señala el proyecto, "es innegable que el trabajo no registrado presenta aún magnitudes que afectan las condiciones de inclusión y equidad de nuestra sociedad".
"En un contexto de crisis internacional -advierte-, la necesidad de preservar y aumentar el trabajo de calidad con protección social exige continuar por el camino emprendido pero a la vez reclama nuevos abordajes, que presten atención a la heterogeneidad de las situaciones laborales y productivas y a la multiplicidad de factores económicos, culturales e institucionales que contribuyen a darle origen".
El proyecto anuncia que se creará el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSL) ya que "para un número considerable de empresas los perjuicios por infringir la legislación laboral no son lo suficientemente significativos para desalentar e impedir el desarrollo de dichas prácticas".
Este Registro -explica- "tendrá por objeto la publicación de las sanciones firmes impuestas por el Ministerio de Trabajo ante la comprobación de infraciones consistentes en la ocupación de trabajadores mediante una relación labora no registrada".
De la misma forma, detalla, "se incorporarán las sanciones aplicadas por la AFIP en materia de trabajo no registrado y las impuestas por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA)".
Durante el plazo en que las empresas sancionadas figuren en el Registro "no podrán acceder a los programas de fomento, beneficios o subsidios financiados por el Estado, ni celebrar contratos con el mismo, ni tampoco podrán acceder a las líneas de crédito de bancos públicos".
El Gobierno anuncia que para promover el trabajo registrado las microempresas que exhiban situaciones de vulnerabiidad económica podrán figurar en un Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y "se beneficiarán con una reducción permanente de las contribuciones patronales concernientes a todos sus dependientes que hayan sido contratados por tiempo indeterminado".
El proyecto precisa que con el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado, "los empleadores que produzcan incrementos netos en sus nóminas de personas a través de la contratación por tiempo indeterminado gozarán por 24 meses de una reducción de las contribuciones patronales correspondientes a las nuevas incorporaciones".
También se creará una Unidad Especial de Investigación del Fraude Laboral en el ámbito del Ministerio de Trabajo, para supervisar a los empleadores que no cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.
Según fuentes parlamentarias, el proyecto girado ayer al Senado será debatido primero en las comisiones de Trabajo y Presupuesto para luego ser llevado al recinto y derivado más tarde a la Cámara de Diputados donde tendrá su sanción definitiva.
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