La Municipalidad de la ciudad de Córdoba apeló ayer la resolución judicial por medio de la cual el viernes pasado se ordenó la suspensión por 15 días hábiles, hasta el 28 de febrero próximo, de la suba de la tarifa del transporte urbano de pasajeros dispuesta por el Concejo Deliberante.
El asesor letrado del municipio, Marcelo Rodríguez Aranciba, confirmó a la prensa que, pasado el mediodía, planteó el recurso contra la decisión adoptada por el juez en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la capital cordobesa, Germán Almeida.
"Apelamos, entre otras razones, porque los concejales no tienen legitimación (procesal) para promover una acción de amparo, con lo cual no se puede avanzar con el dictado de una medida cautelar", esgrimió el abogado.
En el mismo sentido, Rodríguez Aranciba manifestó que "legitimación (para estar en un juicio y ser parte) la tienen los contribuyentes, no los concejales ni los legisladores. La apelación persigue dejar sin efecto la resolución".
El abogado planteó el recurso ante el propio juez que dictó la medida cautelar, que, a su vez, deberá determinar si están dadas las condiciones para habilitar la apelación y, luego, elevar las actuaciones (por sorteo) a unas de las Cámaras en lo Civil y Comercial de la capital cordobesa, para que resuelva.
En la presentación, la Municipalidad ratificó la legitimidad del procedimiento seguido por el Concejo Deliberante, el martes pasado, para aprobar la ordenanza que eleva el precio del boleto del transporte urbano de la ciudad de Córdoba, en un 29,26%, de 4,10 pesos a 5,30 pesos.
Para la Municipalidad de Córdoba, la Justicia debería haber declarado "inadmisible" la presentación formalizada por los bloques de Unión por Córdoba, Eva Duarte, Frente Cívico y Peronismo que Viene, con el fin de lograr que se suspenda la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario.
Ante la acción de amparo planteada por los concejales de la oposición, el viernes pasado, el juez Almeida dictó una medida cautelar, que suspende por 15 días hábiles, hasta el 28 de febrero próximo, la entrada en vigencia de la Ordenanza Nº 12281.
Los opositores cuestionan el hecho de que, durante la sesión, el oficialista bloque radical en el Concejo Deliberante incorporó al edil suplente Alberto Guzmán (hasta entonces funcionario municipal) para conseguir la mayoría de 16 ediles y aprobar la suba del boleto a 5,30 pesos.
Guzmán fue sumado en lugar del concejal Guillermo Farías, quien está de licencia sin goce de sueldo hasta el 20 de febrero próximo, lo que posibilitó que el radicalismo consiguiera los 16 votos necesarios frente a los 15 de la oposición, que directamente evitó concurrir al recinto ante el hecho de que, a priori, la UCR no contaba con quórum propio.
Desde la UCR, el titular de dicha bancada, Javier Bee Sellares, esgrimió que si se aplican las disposiciones del "Reglamento Interno y de la Carta Orgánica Municipal", si hay tres llamados a sesión sin éxito por falta de quórum, se puede incorporar a un concejal suplente.
Como consecuencia de lo sucedido, en las afueras del Concejo Deliberante se registraron incidentes entre efectivos de la Guardia de Infantería de la Policía y manifestantes del Movimiento de los Trabajadores Socialistas y de otras organizaciones políticas y sociales, que repudiaban el nuevo incremento tarifario.
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