La justicia condenó al gobierno porteño a brindar una vivienda digna a Oscar Javier Altez, un hombre de 43 años en situación de calle desde enero de 2012.
Se conoció en la jornada de ayer que la Justicia condenó al Gobierno porteño a brindar una vivienda digna a un indigente, y a solucionar en forma "urgente" la emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires.
Pablo Mántaras es el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario quien hizo lugar a una acción de amparo interpuesta por Oscar Javier Altez, contra el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en "resguardo de sus derechos constitucionales, en particular a la vida, a la salud, a la vivienda, a un nivel de vida adecuado y a la dignidad".
El indigente que inició acciones legales es un hombre de 43 años en situación de calle desde enero de 2012 y que duerme por las noches en diversos espacios públicos de la Ciudad y transitoriamente en diversos paradores del Gobierno de la Ciudad.
En el mismo fallo se sostiene que ante "el fracaso de las políticas desarrolladas a través de los planes habitacionales vigentes y el correlativo dispendio de los fondos comprometidos" hay que "evaluar la urgente implementación de programas o políticas alternativas en materia de vivienda, que tuvieran por objeto instrumentar soluciones habitacionales definitivas para los grupos vulnerables".
La resolución indicó que debe haber "una utilización más racional y eficiente de los recursos presupuestarios, pudiendo utilizar como guía –a esos fines– los diversos programas legislativos creados hasta el momento para moderar la crisis habitacional existente".
Calificó el accionar del gobierno como "ilegal y manifiestamente arbitrario", ya que le niega "una asistencia habitacional adecuada y suficiente, pese a que se encuentra en un estado de máxima vulnerabilidad". El juez Mántaras dispuso que las autoridades porteñas tienen que asegurar, "de manera inmediata, el acceso a una vivienda digna y adecuada al Sr. Altez".
"La elección de los medios a implementar para cumplir con esta orden corresponde, de acuerdo con las pautas de intervención antes descriptas, al Poder Ejecutivo. La continuidad en el pago del subsidio habitacional podría resultar a esos efectos adecuada sólo si el monto entregado fuera suficiente para solventar sus necesidades habitacionales concretas, de acuerdo con los valores actuales del mercado inmobiliario", dice el fallo.
Por último le piden a la admnistración local "generar las condiciones idóneas para que el actor receptor de la ayuda gubernamental pueda, en el futuro, superar la situación de emergencia en que se encuentra".
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