domingo, 6 de octubre de 2013

El dueño de El Mercurio de Chile reconoció sus vínculos con la CIA

Se publicaron las declaraciones de Agustín Edwards en sede judicial por su participación en el golpe contra Salvador Allende. El empresario admitió haberse reunido en Estados Unidos con el titular de la agencia y con el ex secretario de Estado Henry Kissinger, aunque negó los documentos que prueban que apoyó una campaña desestabilizadora.
 
Agustín Edwards, dueño del diario chileno El Mercurio, reconoció ante la justicia los vínculos que mantuvo con la CIA durante los años '70 y defendió a la brutal dictadura de Augusto Pinochet.
 
"El gobierno militar a mí me salvó la vida", declaró el empresario, que al mismo tiempo negó haber recibido dinero de la central de inteligencia estadounidense y haber influido en el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. De ese modo, rechazó las toneladas de denuncias e investigaciones que lo sitúan como uno de los más férreos impulsores de la avanzada militar pero también los archivos desclasificados de la CIA.
 
La declaración que hizo Edwards en sede judicial fue publicada por el portal de noticias chileno El Mostrador. El anciano empresario compareció la semana pasada ante el juez Mario Carroza, a cargo de la causa que por primera vez investiga a los civiles que instigaron el golpe de Estado. Allí, Edwards admitió haber tenido contacto con el entonces director de la CIA, Richard Helms, y con Henry Kissinger, secretario de Estado del presidente Richard Nixon.
 
Sin embargo, negó haber sido "el principal recurso de la CIA en toda América Latina", tal como había afirmado en sus memorias el general Vernon Walters, director adjunto de la central de inteligencia entre 1972 y 1975. Edwards contó que en septiembre de 1970 viajó a Washington y mantuvo un encuentro con Helms y Kissinger, pero aclaró: "Esta reunión se efectuó días después de la elección de Salvador Allende, oportunidad en que se comentó las circunstancias de haber salido un presidente comunista en un país democrático. Pero en ningún caso se pensaba en un golpe de Estado o algo parecido, ni menos de un financiamiento hacia el diario El Mercurio".
 
Ante el juez Carroza, Edwards tuvo que responder a una serie de preguntas elaboradas por Eduardo Contreras, abogado de las agrupaciones que representan a los familiares de las víctimas de la dictadura.
 
Junto con su representante legal, Miguel Alex Schweitzer –quien también defendió a Pinochet–, Edwards aseguró que entre 1970 y 1975 vivió en Estados Unidos y trabajó en la firma Pepsi, por lo que se desligó completamente de lo que sucedía en el diario.
 
"No recuerdo con precisión las labores en El Mercurio, ni tampoco recuerdo quiénes componían el equipo editorial o de control del periódico mientras estuve fuera de Chile entre los años 1970 y 1975. Al regresar no es efectivo que haya llegado a hacerme cargo del diario, por cuanto ya había un equipo formado; en ese sentido, yo no tenía control sobre la información que se daba en él", afirmó.
 
En aquella época y con el aval de Nixon, el periódico recibió de manos de la CIA casi dos millones de dólares para emprender "un ataque público contra el gobierno de Allende que lo obligue a salir de circulación", según consta en los archivos desclasificados de la central de inteligencia. De hecho, la base de operaciones de la CIA en Santiago identificó al medio como una de las principales organizaciones privadas que desempeñó "un papel fundamental a la hora de crear el escenario que haría posible el golpe militar del 11 de septiembre de 1973".
 
Edwards desconoció que El Mercurio no sólo contribuyó a la caída de Allende, sino que el periódico además silenció la tortura, el secuestro y el asesinato de miles de chilenos durante los años de plomo. La campaña de desprestigio contra el presidente socialista culminó con su muerte, el 11 de septiembre de 1973, mientras la Fuerza Aérea bombardeaba el Palacio de La Moneda.
 
También negó vínculos con la CNI, el organismo que reprimía a los opositores a la dictadura. "No manejé información sobre las actuaciones de los Servicios de Inteligencia en Chile, ni antes ni después del año 1975", se defendió.

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