El juez Luis Arias, responsable del fallo judicial que ordena a la Provincia abonar el aguinaldo sin desdoblamiento, sostuvo que "la ley de presupuesto debería cumplirse sin ningún impedimento. Si esto no sucede se habilitaría a que la justicia penal pueda abrir una causa por malversación de fondos públicos".
El juez titular del Juzgado en lo Contencioso Aministrativo Nº 1 de La Plata, Luis Arias, quien ayer ordenara que la Provincia de Buenos Aires debe efectuar el pago completo de los aguinaldos (ver nota aparte), sostuvo en diálogo con CN23 que "la ley de presupuesto debería cumplirse sin ningún impedimento. Si esto no sucede se habilitaría a que la justicia penal pueda abrir una causa por malversación de fondos públicos".
"Si el gobernador no cumple las leyes, cómo puede exigir que la cumplan los ciudadanos. Los recursos en el Estado no se pueden manejar discrecionalmente. Hay un plazo de cumplimiento que se estableció en cinco días, durante el cual el Poder Ejecutivo debe abonar el medio aguinaldo tal como se hace habitualmente", dijo.
"El medio aguinaldo ya debió haberse pagado y no sucedió. Así que se lo está obligando, porque algunos gremios estatales han interpuesto un recurso. El Gobernador lo que puede hacer es apelarlo o pedir el levantamiento de la medida, si hubiera razones para ello", explicó.
"Los recursos en el Estado no se pueden manejar discrecionalmente. Es la Legislatura la que decide cómo gastar, eso se transforma en la Ley de Presupuesto y la administración está obligada a cumplir con eso. En este caso, aparentemente hay un incumplimiento de la Ley de Presupuesto. Si el año pasado el Poder Ejecutivo hizo un cálculo de gastos y recursos y la Legislatura lo aprobó, ¿qué pasó en el mientras tanto que ahora no puede cumplir?", evaluó el magistrado.
"La recaudación ha sido exitosa, según los dichos de ministros incluso, por ende los recursos no están afectados. Tampoco hubo hechos extraordinarios como terremotos, entonces ¿qué es lo que pasó? No se puede actuar con ilegalidad mas allá de las razones que puedan justificar", agregó.
"Es una acción colectiva, por eso es sobre todos los empleados estatales. No cumplir una orden judicial, es un delito", aclaró Arias.
Como diría el "Bambino" Veira, Scioli la tiene más complicada que el plomero del Titanic.
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