Integrantes de la guardia de infantería de la Policía bonaerense, acusada de reprimir a los jóvenes militantes kirchneristas, aseguran que la orden de reprimir partió del ministro de Seguridad Ricardo Casal.
La asunción de Daniel Scioli y Gabriel Mariotto en la provincia se vio empañada el lunes por la fuerte golpiza que recibieron militantes de La Cámpora y de la JP platense por parte de la Policía bonaerense.
Ese día y con la excusa de que estaba prohibido “cantar consignas y tocar la trompeta”, militantes de esas dos agrupaciones juveniles kirchneristas sufrieron lo que calificaron como “represión” por parte de los agentes bonaerenses afectados a la seguridad del acto.
Tal fue la gravedad del hecho, que terminado el discurso del Gobernador, Mariotto, José Ottavis y Scioli fueron hasta el hospital a solidarizarse con las víctimas del grave hecho.
“Fue una locura, ya estábamos adentro cantando las consignas a favor de Cristina y Néstor y la Policía nos dijo que estaba prohibido cantar, con lo cual seguimos cantando y nos empezaron a golpear. Dos compañeros están ahora en el hospital San Martín con cortes en la cabeza”, dijo un joven que estaba presente.
El gobernador Scioli, en tanto, ordenó "desafectar al personal policial y al subcomisario a cargo" del operativo de seguridad, pero ahora resulta que, según los policías, quien dio la orden de represión fue el ministro provincial de Seguridad Ricardo Casal.
Es por esta razón que integrantes de la Infantería bonaerense no salen a trabajar, ya que aseguran que la orden provino directamente del ministro y por tal razón no aceptan ser sancionados. Mientras tanto, delegados de los uniformados se encuentran reunidos con Hugo Matzkin para conocer en detalle las sanciones.
Por su parte, el jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, dijo en declaraciones radiales que la fuerza policial está para "prevenir el delito" y no para actuar contra simpatizantes políticos.
A nosotros el "dicen" no nos alcanza, sobre todo si quienes lo dice son hombres de la Bonaerense, en la que no confiamos ni un poquito. Por eso, es imprescindible e impostergable que el gobernador Scioli efectúe las averiguaciones del caso y, de confirmarse que la orden provino de Casal, esto no puede terminar de otra manera que no sea con la renuncia del ministro de Seguridad.
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