Pese a las leyes proteccionistas y el reclamo másivo de los vecinos del barrio de Flores, el jueves se demolió la última casa donde vivió la escritora Alfonsina Storni. El hecho realizado ilegalmente abrió el debate en la Legislatura y en los entes que amparan el patrimonio cultural de la ciudad.
El patrimonio cultural de una ciudad o de un país está dado no sólo por los elementos que sus antepasados han dejado para la sociedad (tales como escritos, pinturas, melodías, etc) sino también, por las instituciones o edificios que rescatan la memoria de un tiempo.Terrada 578, entre las calles Dr. Juan F. Aranguren, y la Avenida Avellaneda , fue el último domicilio donde vivió la poetisa Alfonsina Storni.
Esta humilde casa del barrio de Flores, vió partir a uno de los máximos exponentes literarios nacionales. La escritora que se internó en el mar, allá por Octubre de 1938, nunca regresó al hogar que compartió con su hijo Alejandro.
Cómo cualquier monumento con importancia histórica, cultural y simbólica, esta vivienda se encontraba bajo el amparo de la Ley 3056 y 1227. Esas normas que protegen, preservan y promocionan la transmisión “a generaciones futuras del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
No obstante, dos proyectos de ley habían sido votados por la Legislatura porteña en primera instancia, para catalogar el lugar con nivel de protección cautelar y así declararla como integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. También era parte del Área de Protección Histórica Barrio de Flores, enunciado en el Proyecto de Ley Nº 5604-D-98, presentado por la Diputada Lilia Saralegui.
Pese a todos estos reconocimientos para cuidar el sitio, el jueves 8 de diciembre de manera “ilegal y clandestina” se demolió la casona. Estas fueron las palabras manifestadas por Pablo Di Stéfano, diputado saliente del PRO y autor de uno de los proyectos preventivos. “La casa tenía protección preventiva y no se la podía tirar abajo. No contaban con permisos para hacerlo. Debiera haber una pena ejemplificadora para los responsables”.
Por su parte, y bajo la misma postura, la secretaria general de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural, Mónica Capano afirmó que “es una perdida terrible, esperamos que se aplique la ley porque fue una demolición ilegal, inclusive la defensoria hizo el reclamo”.
Así también, Capano, informó que “el poder ejecutivo dijo que no había ninguna autorización para demoler, era un bien protegido, tenia 2 leyes en proceso y su desaparición significa que burlaron la voluntad del pueblo”.
Para finalizar, cerró la charla explicando que “hay una especulación inmobiliaria que solo piensa en el valor terrenal a futuro, por eso hay que aplicar el castigo para que ahora construya solo el 70%. Aparentemente no tiene límites el negocio inmobiliario en la ciudad”.
Gerardo Gómez Coronado, defensor del Pueblo adjunto de la Ciudad en un comunicado de prensa opinó que "Desde agosto de 2010 remitimos oficios al Gobierno consultándolos sobre permisos de obras y/o demoliciones en esa finca. El 30 de marzo de este año informaron desde la Dirección General de Registro de Obras y Catastro de la Ciudad que no había expediente activo con permiso de obra. Por lo tanto el GCBA no puede aducir desconocimiento sobre la posibilidad de su demolición ni sobre la importancia del inmueble. Urge que el GCBA aplique las sanciones previstas para la demolición de edificios catalogados".
En una sociedad donde violar la ley se ha vuelto un hecho común, la ciudad de Buenos Aires está desfachatadamente llevando la delantera en demoliciones.
Parecería ser que la preservación de los vestigios culturales de la Ciudad no es un tema relevante para la agenda del PRO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario