TRAS LOS RESULTADOS DEL CONTROVERTIDO REFERÉNDUM DEL PASADO DOMINGO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA ACEPTÓ EL RECURSO DE "URGENCIA EXCEPCIONAL" PRESENTADO POR LOS SOCIALISTAS CATALANES, SE ADELANTÓ A UNA EVENTUAL DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA Y CONSIDERÓ "RADICALMENTE NULO Y SIN VALOR NI EFECTO ALGUNO, CUALQUIER ACTO, RESOLUCIÓN, ACUERDO O VÍA DE HECHO" QUE APRUEBE EL PARLAMENT, INTEGRADO POR 135 LEGISLADORES, Y CONVOCADO PARA EL PRÓXIMO LUNES POR LAS AUTORIDADES REGIONALES.
El Tribunal Constitucional, que ya había impugnado la convocatoria de los independentistas al plebiscito, ahora estimó que, de seguir adelante con un proceso que considera viciado de nulidad, se "produciría un perjuicio de imposible o muy difícil reparación".
Además, consideró que el recurso presentado es de "especial trascendencia constitucional" porque la cuestión que plantearon los socialistas "puede afectar a la aplicación y general eficacia de la Constitución, al tiempo que se trata de una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social, que tiene consecuencias políticas generales", además de "económicas".
Su resolución se produjo el mismo día en que los dos bancos más importantes de la región, el Banco Sabadell y la Caixa analizan trasladar sus sedes a Alicante y a Palma de Mallorca respectivamente, mientras el gobierno del conservador Mariano Rajoy tiene en carpeta un decreto express para facilitar el éxodo de la banca catalana a otras regiones.
Tras la resolución del Constitucional, todas las miradas se concentran en Carme Fordacell, la presidenta del Parlament, la responsable de la convocatoria de la sesión del 9 de octubre.
El Tribunal se encargó de subrayar que las autoridades legislativas deben “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento".
Forcadell, por su parte, manifestó que defenderá “la soberanía del Parlament”, pero se abstuvo de adelantar si acatará o no la medida dictada por Madrid, aunque afirmó que no teme el envío de fuerzas de seguridad nacionales a la región, ya que "quien pone y quita los diputados son los ciudadanos de Cataluña, que los eligen democráticamente".
Mientras tanto, el ex presidente del gobierno español José María Aznar, propuso que, si Rajoy se considera “incapaz” de lidiar con la crisis catalana, debería convocar una consulta y "otorgar a los españoles la posibilidad de decidir qué gobierno, con qué propuesta y con qué apoyo electoral se deberá hacer frente a esta coyuntura crítica para España", a lo que un vocero del Partido Popular respondió diciendo que “no conviene actuar con stress” y que hacen falta “unidad” y “apoyo sin fisuras” al actual gobierno.
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