UNA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR PERIODISTAS EUROPEOS DETERMINÓ QUE TRES EMPRESAS QUE SURGEN DE LOS PANAMÁ PAPERS LE PERTENECÍAN AL EX FISCAL GENERAL ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL LUIS MORENO OCAMPO.
El fiscal adjunto del juicio a las Juntas, Luis Moreno Ocampo, se desempeñó como fiscal general ante la Corte Penal Internacional (CPI) entre 2003 y 2012. Durante su estadía en La Haya, donde estaba la sede del tribunal, recurrió a la red de guaridas fiscales para administrar su patrimonio y canalizar inversiones. Una investigación publicada el viernes por una red de periodistas denominada Investigaciones Colaborativas Europeas (EIC, por sus siglas en inglés) reveló los vínculos de Moreno Ocampo con tres empresas offshore: Yemana Trading, de Islas Vírgenes Británicas; Tain Bay, radicada en Panamá y Lucia Enterprises, con sede en Belice.
“Mientras ocupaba el cargo mi salario no era suficiente”, lanzó el abogado al ser consultado por uno de los periodistas que participó del proyecto denominado “Court Secrets”. Durante ese intercambio, el letrado aseguró que no evadió impuestos. Sin embargo, las revelaciones exceden los estados financieros de Moreno Ocampo y apuntan al desempeño del abogado durante su paso por la abúlica CPI. La investigación se construyó a partir de un conjunto de 40.000 documentos obtenidos por el diario digital francés Mediapart. “Los documentos iluminan como sus acciones contaminaron y desacreditaron este tribunal internacional establecido por 124 países para enjuiciar a señores de la guerra y dictadores, responsables de genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”, afirman los responsables de la pesquisa.
Los archivos analizados permitieron identificar que el jefe de los fiscales de la CPI controlaba la offshore panameña Tain Bay. Como revelaron los Panamá Papers, los usuarios del mundo offshore utilizan testaferros y complejas estructuras para no dejar huellas. La misma estrategia siguió el abogado defensor del cura pedófilo Julio César Grassi. En el registro de empresas de Panamá, el control de Tain Bay está a cargo de Forman Management. Los documentos obtenidos por Mediapart revelaron que Moreno Ocampo y su mujer, Elvira Bulygin, eran sus titulares. El reporte de EIC muestra que el 15 de agosto de 2012, dos meses después de abandonar su cargo en la CPI, el abogado recibió 50.000 euros en su cuenta del banco holandés Abn Amro. Los fondos llegaban desde una cuenta suiza a nombre de Tain Bay. La investigación sobre las empresas offshore del ex fiscal adjunto del juicio a las Juntas menciona que Bulygin figura detrás de Lucia Enterprises, que en septiembre de 2012 recibió 15.000 dólares del abogado.
“Tenía que protegerme en un país donde los bancos un día deciden llevarse su dinero. Así que tenía dinero fuera de Argentina”, apuntó el fundador del estudio Moreno Ocampo Abogados y Consultores que también figura como accionista de Yemana Trading establecida en Islas Vírgenes Británicas. En diciembre de 2009, cuando todavía trabajaba para la CPI, los documentos analizados muestran a Ocampo analizando con su asesor bancario oportunidades de inversión offshore. La conversación sucedió antes de que las Islas Vírgenes Británicas aprobaran una nueva legislación que hacía más difícil mantener el anonimato de los beneficiarios finales de las sociedades: “He hablado con la gente de Fonseca para establecer una empresa en Panamá”, escribía el aún fiscal.
“Moreno Ocampo no negó la existencia de Yemana Trading, Tain Bay y Lucia Enterprises. Tres sociedades en tres paraísos fiscales vinculadas a una persona con un cargo al que se le exige ‘alto carácter moral’ y no estar involucrado ‘en ninguna actividad que pueda interferir con su función de acusación o afectar a la confianza en su independencia’”, sostiene el diario El Mundo que participó de la investigación.
“Los documentos analizados por EIC muestran cómo el abogado argentino actuó en contra de los intereses de la Corte al defender al magnate petrolífero libio Hassan Tatanaki”, advierten los investigadores al señalar que “Moreno Ocampo utilizó su red personal en la organización en beneficio de su cliente y puso en riesgo la confidencialidad de las investigaciones del tribunal al que debe en gran parte su estatus”.
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