MIENTRAS LA CORTE SUPREMA DEBE DECIDIR SI HABILITA O NO LAS OPERACIONES DE LA CADENA CREADA POR EL VICEJEFE DE GABINETE, MARIO QUINTANA, EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PROVINCIAL DENUNCIÓ UN "CONFLICTO DE INTERESES" ENTRE EL ACTUAL FUNCIONARIO Y SU ANTIGUO ABOGADO, EL ACTUAL SUPREMO CARLOS ROSENKRANTZ.
Los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires se declararon en estado de alerta ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilite las operaciones de la cadena Farmacity, que todavía no logró desembarcar en territorio bonaerense gracias a que la ley vigente prohíbe que se puedan vender medicamentos junto con alimentos y otras mercaderías.
El Colegio de Farmacéuticos de la provincia convocó a realizar un abrazo simbólico al edificio de de la Corte el próximo jueves 12, en coincidencia con el día del farmacéutico, oportunidad en que reiterará su denuncia acerca de los vínculos entre Farmacity y algunos funcionarios de la alianza fascista gobernante.
Isabel Reinoso, presidenta del Colegio, le exigió a la Corte Suprema que sostenga los fallos sucesivos de la justicia bonaerense, que le negaron la autorización para operar en su territorio, "a pesar de la queja elevada por la empresa Farmacity".
“Una decisión contraria afectaría gravemente el modelo sanitario de nuestra provincia y cambiaría la norma que regula la cantidad de farmacias por habitante y la distancia de 300 metros que debe existir entre cada farmacia en toda la provincia”, añadió.
“Una decisión contraria afectaría gravemente el modelo sanitario de nuestra provincia y cambiaría la norma que regula la cantidad de farmacias por habitante y la distancia de 300 metros que debe existir entre cada farmacia en toda la provincia”, añadió.
La demanda de Farmacity para que le permitieran operar en Buenos Aires comenzó en 2012, cuando el presidente de la compañía era Mario Quintana, actual vicejefe de Gabinete de la Nación. Es más, la primera hoja del expediente que hoy tiene en sus manos la Corte Suprema es un poder firmado por el propio Quintana. Pero el conflicto de interés no solo afecta al número dos de la jefatura de Gabinete. También alcanza a uno de los ministros de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien tuvo entre sus clientes a la empresa farmacéutica.
Con esos elementos a la vista, los farmacéuticos sospechan la existencia de un creciente lobby para cumplir con los deseos de la empresa y destacan como primer indicio el hecho de que la Corte Suprema haya aceptado tratar el caso, cuando podría haberlo rechazo in limine. Reinoso sostuvo que la pelea “es contra los molinos de viento, ya no como farmacéuticos, sino como ciudadanos; me parece que llegar a una instancia de poder para acomodar el beneficio propio no está bueno”.
El defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, por su parte, calificó como “muy grave” el conflicto de intereses evidente en el caso y adelantó que, si la demanda de la empresa prosperara, demandarán a Rosenkrantz en la Bicameral de juicio político y presentarán otra denuncia penal contra Quintana, por negociaciones incompatibles con su función.
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