EL GOBERNADOR DE JUJUY SE REFIRIÓ A LA DECISIÓN "CONSENSUADA" JUNTO AL RÉGIMEN FASCISTA DE MUGRIZIO MACRI DE INVITAR AL GRUPO DE TRABAJO DE DETENCIÓN ARBITRARIA DE LA ONU Y A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) PARA QUE EVALÚEN AQUÍ LA SITUACIÓN DE LA DIRIGENTE SOCIAL.
El gobernador Gerardo Morales aseguró ayer que la decisión del régimen macrifascista de invitar al Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que evalúen aquí la situación de la detenida dirigente social Milagro Sala, fue "consensuada" con la provincia porque, según afirmó, "Jujuy no tiene nada que esconder".
“Lo mejor que puede ocurrir es que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidades y, además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vengan y conozcan todas las causas y hablen con todos los actores", sostuvo el hijo de puta.
“Formamos parte de un sistema internacional, así que me parece que es lo correcto y acompaño esta decisión que hemos tomado junto con el Presidente”, indicó el sorete en diálogo con la prensa en la capital jujeña, durante un acto en conmemoración de la Autonomía Política de la provincia (foto).
Aseguró también que el Poder Judicial “está funcionando de manera autónoma”, con lo cual consideró que "es muy importante que los organismos de derechos humanos vengan” ya que “es la mejor señal que podemos dar”.
El jueves, durante la conferencia de prensa que brindó en la Casa de Gobierno tras una audiencia que mantuvo con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, Mugrizio Macri anticipó que ayer el país daría su respuesta al informe del Grupo de Trabajo de la ONU, que reclamó la liberación de la dirigente social Milagro Sala, detenida desde enero pasado en Jujuy, por considerarla "arbitraria".
"Le hemos extendido la invitación a que visite Jujuy y por sí mismo pueda chequear lo que informa Jujuy: que se están respetando todos los derechos humanos y todas las leyes vigentes en la Argentina", aseveró el ex hijastro de Flavia Palmiero.
La líder de la agrupación Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur permanece detenida desde el 16 de enero pasado, en el marco de un acampe que realizaba en la capital jujeña, en tanto luego continuó tras las rejas merced al procesamiento con prisión preventiva que se le dictó en el marco de una causa en la que está acusada por el delito de malversación de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.
También está siendo investigada por presunta "evasión fiscal y enriquecimiento ilícito" y, además, suma una acusación por "encubrimiento de tentativa de homicidio", y por "instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real", a raíz de la denuncia que hizo el Ejecutivo provincial y por "amenazar de muerte a dos policías", el 13 de octubre de 2014.
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