LA CÁMARA FEDERAL PORTEÑA REVOCÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA DEL ABOGADO MEDIÁTICO Y OTROS DOS ACUSADOS POR LA FIESTA ELECTRÓNICA EN COSTA SALGUERO, AL DEJARLOS PROCESADOS POR UN DELITO MÁS LEVE AL QUE TENÍAN.
La Cámara Federal porteña ordenó liberar al abogado Víctor Stinfale, al presidente de Dell Producciones, Adrián Conci y al apoderado Carlos Garat en la causa por la tragedia de Time Warp, y los dejó procesados por un delito más leve, "homicidio culposo y lesiones graves culposas", según informaron fuentes judiciales.
Los imputados estaban acusados de "comercialización de estupefacientes agravado en concurso ideal" por "abandono de persona seguido de muerte".
Para el tribunal no hay en el expediente “ningún elemento que permita vincular directamente a sus asistidos con dicha comercialización y, por tanto, sostener la imputación en los términos del artículo 5° inciso c de la ley 23737”.
Stinfale, acusado de ser directivo de la empresa que proveía de energizantes y agua embotellada durante la fiesta mientras el agua de los baños permanecía cortada, ya gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria en razón de problemas cardíacos.
El titular de Dell Producciones y su apoderado, en cambio, estaban presos como integrantes de la organización del evento donde se comercializaron estupefacientes de diseño que causaron cinco muertos.
El cese de las prisiones preventivas fue dispuesta por considerarse que “ya no existen los riesgos procesales de entorpecimiento” de la investigación que había determinado las detenciones.
Pese a ello, la cámara pidió al juez que les mantenga la prohibición de salir del país y les fije una importante caución -personal o real-, además de confirmarle los embargos por 50 millones de pesos.
El tribunal confirmó también el procesamiento de “rey de la fiesta electrónica”, Martín Gontad; del otro apoderado de Dell Producciones, Máximiliano Avila; y a un empleado de seguridad de apellido Penisse
La resolución consideró además que “la voluntad nunca estuvo dirigida a proteger a los concurrentes” sino a “cubrir exclusiva y excluyentemente las exigencias particulares de una parte importante del mercado como vehículo para garantizar el éxito económico del evento: proveer un ambiente donde la venta y el consumo de estupefacientes se desarrollara sin inconveniente”.
“Los responsables de la organización quebrantaron sus obligaciones con el objetivo de obtener el mayor rédito posible”, sostuvo el fallo que invocó numerosos testimonios sobre “un control de ingreso permeable, con revisiones parciales e intermitentes".
Asimismo, destaca que “se ha acreditado que el personal de seguridad contratado -formal e informalmente-, fue designado para actuar en los lugares periféricos a efectos de controlar -y contabilizar- el ingreso, mas ninguno estuvo destinado a monitorear cuanto ocurría en el interior donde se encontraban, precisamente, los concurrentes”.
También establece que “las sustancias ilícitas halladas tanto en el predio como en el organismo de las víctimas fueron adquiridas dentro o fuera del lugar -ambas cosas eran posibles” y que “su consumo evidentemente se produjo durante el transcurso de esa noche”.
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