LOS DIPUTADOS NACIONALES DEL FRENTE PARA LA VICTORIA (FPV) HÉCTOR RECALDE, TERESA GARCÍA Y CAROLINA GAILLARD PRESENTARON AYER UN AMPARO PARA SOLICITAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 166/16, QUE DISPUSO LA TRANSFERENCIA DE LA BASE DE DATOS DE LA ANSES A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA NACIÓN.
Los legisladores kirchneristas precisaron el alcance de la medida cautelar, que busca suspender la aplicación de la resolución, en primer lugar, y "si la información ya ha sido transferida, que se prohíba a Comunicación Pública utilizarla".
De acuerdo a la presentación, la resolución "viola tanto el derecho a la intimidad previsto en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, como la ley 25.326 de Protección de Datos Personales".
Asimismo, los diputados explicaron que la ley 25.326 establece que los datos "no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención" y resaltaron que esta práctica "remite a estrategias empresariales, propias de los CEOs que integran el gobierno, que a cambio de un 'regalo' obtienen los datos personales de los consumidores y los someten, posteriormente, a un permanente asedio por vía telefónica o por el envío de correos electrónicos".
Además, observan que se permite "la divulgación de datos sensibles, ya que la mera inclusión en determinadas bases de datos de la ANSES puede implicar que se suministren datos sobre la salud de los individuos", algo expresamente prohibido por el artículo 2 de la ley 25.326.
Dicha ley establece que los datos "no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención". Los diputados advierten que la Resolución 166/16 habilita que los datos suministrados por las personas a la ANSeS para ser beneficiarias de alguna de sus prestaciones, por ejemplo, sean usadas por la secretaría de Comunicación Pública para otros fines, lo cual "puede provocar que reciban llamados telefónicos a su domicilio personal o hasta su teléfono celular o reciban correos electrónicos a su cuenta personal por parte de un órgano del Estado que accedió a esta información sin ser suministrada por los individuos para este fin. Claramente, se altera la intimidad del ciudadano que no brindó esta información para ser molestado o importunado por el Estado".
Finalmente, Recalde, García y Gaillard pidieron la habilitación de la feria judicial para tratar el expediente. El amparo se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal n° 10, a cargo de la doctora Liliana Heiland.
Este amparo se sumó al presentado por la abogada Valeria Carreras, que recayó en el fuero Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo de la jueza María José de Sarmiento, donde el juez de turno Ernesto Luis Marinelli decidió recibir la denuncia para definir los pasos a seguir.
Carreras hizo la presentación el martes y explicó que fue “a título personal, con total convicción porque estas cosas no se pueden dejar pasar”.
“Esto es peligroso porque no debemos olvidar que el Estado está gobernado por un partido político. El uso de datos pone en desventaja a los otros partidos. Pero además se vulnera el derecho a la intimidad, a datos sensibles como la orientación sexual que se puede desprender de los datos que tiene Anses como casamientos, concubinatos y hasta de cambio de identidad sexual”, señaló la abogada.
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