LO DENUNCIÓ ANTE LA JUSTICIA LA ORGANIZACIÓN QUE LOGRÓ EL AMPARO PARA QUE NO SE PUDIERA COBRAR MÁS DEL 4,15% DE COMISIÓN POR EL ALQUILER PARA VIVIENDA ÚNICA. Y ADVIRTIÓ LA FALTA DE CONTROL DE PARTE DEL COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS.
La denuncia, radicada el viernes pasado ante Juzgado 17 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fue por la "detección de numerosos incumplimientos y estrategias elusivas ilegales por parte de inmobiliarias" de la medida cautelar, que se resolvió en el marco de la acción de amparo iniciada por la Asociación Vicil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) e Inquilinos Agrupados.
El 6 de mayo, el juez Marcelo Segón resolvió suspender la resolución 350/2016 dictada por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) -que legitimaba el cobro de más del 4,15% como comisión inmobiliaria del total del contrato-, contrariamente a lo que prevé la Ley 2340 en sus artículos 11 inciso 2 y 57.
"La suspensión de la resolución 350/2016 implica que los corredores inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires no pueden cobrar más del 4,15% del total del contrato en concepto de comisiones u honorarios", explicó ACIJ en un comunicado.
"Pese a la medida judicial, numerosos corredores inmobiliarios de la Ciudad continuaron con dicha práctica ilegal, o bien han implementado estrategias elusivas que les permitan realizar cobros superiores al máximo legal autorizado -como el cobro desproporcionado de supuestos gastos, honorarios adicionales, etc.-", denunció la organización.
Según ACIJ, CUCICBA "ha omitido cumplir con su obligación de control adecuado hacia sus matriculados para evitar estas prácticas" y por ello "se ha solicitado la aplicación de multas por incumplimiento a dicho organismo".
La organización sostuvo, además, que los abusos son posibles gracias a la falta de información "por parte de gran parte de los actuales o potenciales inquilinos, y del público en general", por lo que se solicitó a la Justicia "la ampliación de las medidas de difusión de la decisión cautelar, a fin de asegurar un conocimiento acabado por parte de la población potencialmente afectada".
"Desde ACIJ llamamos la atención sobre la necesidad de discutir un nuevo marco normativo para las locaciones urbanas que restituya condiciones de igualdad entre las partes de este tipo de contratos, para lo que se requieren medidas de protección especial hacia los inquilinos", concluyó el comunicado.
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