LOS DIPUTADOS DEL INTERBLOQUE DE LA ALIANZA DE DERECHA CAMBIEMOS Y DE LA OPOSICIÓN ACORDARON REFORMAR EL ARTÍCULO QUE PREVÉ LA IMPOSICIÓN DE PENAS A QUIENES DIFUNDAN INFORMACIÓN LAS PERSONAS QUE INGRESEN EN EL BLANQUEO DE CAPITALES, PREVISTO EN EL PROYECTO ENVIADO AL CONGRESO POR EL PODER EJECUTIVO, Y BUSCAN CONSENSUAR LA POSIBILIDAD DE VENTA DE LAS ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS EN PODER DE LA ANSES, CONSIDERADO UNO DE LOS PUNTOS CLAVE DE LA INICIATIVA.
Las negociaciones para acordar el proyecto que establece el pago a jubilados, que solventará con el blanqueo de capitales y el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, se realizaron en forma paralela al plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, que recibió a especialistas en temas tributarios y previsionales.
En la reunión conducida por el sindicalista massista Héctor Daer y el macrista Luciano Laspina, expusieron los titulares de la CTA, Hugo Yasky; el defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino; el presidente del Colegio de Ciencias Económicas, Humberto Bertazza; y el ex diputado radical K y especialista tributario Eduardo Santín, entre otros.
Por lo pronto, el oficialismo adelantó que se modificará el artículo 85 que establecía penas para quienes difundan información de las personas que accedan al blanqueo de capital que fue objetado por la oposición y por FOPEA por considerar que afecta la libertad de expresión.
Mientras, la alianza de derecha Cambiemos busca apoyo desde el massismo para firmar dictamen de mayoría el próximo jueves. Por su parte, el Frente para la Victoria analiza por estas horas elaborar un dictamen propio.
Al empezar el plenario de comisiones, el diputado de la Caolicion Cínica, Fernando Sánchez, anticipó que se modificará ese artículo y señaló que "ningún periodista ha sido condenado por revelar datos tributarios", dado que esta "norma está vigente desde 1987".
De todos modos, el eje de la discusión está centrada en el artículo que habilita la venta de acciones que el Estado tiene en empresas privadas dado que la oposición se opone a autorizar al Gobierno a liquidar esos activos que forman parte del Fondo de Garantía Sustentable.
Fuentes del oficialismo señalaron que "el levantamiento del cepo para vender las acciones no se negocia pero si se puede acordar con la oposición los porcentajes de las acciones que se pueden liquidar".
En ese sentido, Laspina dijo que "es un proyecto complejo y extenso pero probablemente entre mañana y el jueves se llegue a un consenso para tener dictámenes y votarlos en comisión" y pidió no hacer una discusión "ideológica" sobre la venta de las acciones porque se debe "analizar lo que más le conviene al Estado".
Otro punto que ya está consensuado entre el oficialismo y la oposición es la prohibir que entren al blanqueo los legisladores o jueces, que se sumarán a los funcionarios que ya habían sido excluidos.
En tanto, al exponer en el plenario de comisiones de Previsión y Presupuesto de Diputados realizado esta tarde para analizar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, Semino se pronunció a favor de solucionar la deuda de los jubilados por es "una vieja injusticia argentina que afecta a toda la sociedad porque da miedo al envejecimiento".
El titular de la tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, destacó la necesidad de actualizar la jubilación mínima y consideró que "el blanqueo y la venta de acciones son anexos, y tienen que ver más con cuestiones macroeconómicas que con la seguridad social, sin descalificarlo".
En tanto, Bertazza dijo que "es un proyecto positivo porque a partir del 2017 habrá un sistema de intercambio de información automática a nivel internacional por lo cual es aconsejable este sistema de regulación de activos no declarados".
"Nos parece muy bien que se derogue en el 2019 bienes personales y ganancias presunta para no tener no doble imposición y que una reforma bicameral analiza una nueva reforma tributaria", agregó el presidente del colegio de Ciencias Económicas.
Por su parte, el ex diputado radical Eduardo Santin dijo que "estamos hablando de un tema muy caro para los jubilados" pero este proyecto "es difícil que tenga incidencia en más del 15 por ciento de los jubilados" con lo cual "hablar de reparación histórica es un poco ampuloso, porque les da vergüenza decir que trabajan para grupos chiquitos de jubilados".
Yasky, a su vez, aseveró que este proyecto "no resuelve el problema real y genera condiciones que ponen en riesgo aquello bueno que se realizo en el anterior gobierno que permitió la inclusión de miles de jubilados".
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